Primeras denuncias por cobrar con líneas de atención al cliente

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Facua denuncia a ocho compañías energéticas por contradecir la decisiones del Tribunal Superior de Justicia Europeo

Plataforma de call center de Atento.

Barcelona, 17 de marzo de 2017 (19:00 CET)

La sentencia de Europa sobre las líneas de atención al cliente empieza a tener sus efectos. Facua ha denunciado a ocho compañías energéticas por saltarse la legislación al gestionar sus servicios de atención al cliente con líneas 902 o con numeraciones geográficas. Este servicio, al contrario de lo que ordenó el Tribunal Superior de Justicia Europeo (TJUE), implica un coste para los usuarios.

Las presuntas irregularidades de los denunciados son distintas. Tres compañías disponen de numeraciones de pago y otras tres facilitan tanto teléfonos de pago como gratuitos, aunque no destacan estos últimos en sus webs. Las otras dos compañías incumplían al no atender desde una línea gratuita a los usuarios que ya son clientes o, en el otro caso, no atendía desde la línea gratuita los avisos de averías.

Algunas compañían no facilitaban la línea gratuita, mientras que otras no mencionaban las líneas de pago en su página web

Desde Facua comentan que han detectado estás prácticas después de realizar una encuesta sobre 30 compañías de electricidad y gas. Para la asociación de defensa del consumidor este sector está obligado a facilitar teléfonos gratuitos para la información comercial y para la atención a las consultas.

Según la resolución judicial, una llamada posventa no podrá superar el coste que tiene una llamada estándar. El tribunal con sede en Luxemburgo dictaminó que si las empresas tuviesen derecho a cobrar tarifas más elevadas que la de una básica los consumidores podrían optar por no recurrir al teléfono de asistencia. 

Las aerolíneas tampoco se salvan

Facua también ha denunciado a veinte aerolíneas por las mismas prácticas. Según indican desde la asociación en los próximos días la asociación presentará un nueva batería de denuncias por irregularidades, que irán dirigidas contra empresas del sector de las telecomunicaciones, banca, aseguradoras y establecimientos comerciales.

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