Josep Grau en su etapa como diputado en el Parlament de Cataluña. Antes, como consejero de Agricultura, adjudicó la construcción del canal que luego presidió. WIKIPEDIA

El mayor canal de riego de Cataluña despide a su directivo pujolista

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La empresa que gestiona el canal Segarra Garrigues prescinde de su presidente, el exconsejero Josep Grau, que hace 15 años adjudicó el proyecto

Xavier Alegret

Josep Grau en su etapa como diputado en el Parlament de Cataluña. Antes, como consejero de Agricultura, adjudicó la construcción del canal que luego presidió. WIKIPEDIA

Barcelona, 31 de mayo de 2017 (07:55 CET)

El exconsejero de la Generalitat Josep Grau ha sido descabalgado de la presidencia de Aigües del Segarra Garrigues (ASG), la empresa que gestiona el polémico canal de riego que recorre el centro de Cataluña. La destitución se produjo en las últimas semanas, poco después de que Agbar se alzara con la mayoría del accionariado de la sociedad, cuyo consejo de administración ha nombrado al hasta ahora director general, Miquel Galvarriato, como presidente.

La empresa que gestiona el canal Segarra Garrigues estaba participada por las constructoras que formaron parte de la construcción, principalmente FCC, Copcisa y Copisa, y por Agbar, el socio industrial del proyecto, con porcentajes alrededor del 20%, y contaba también con la presencia de alguna constructora más pequeña.

En 2011, la empresa, en crisis por el escaso éxito entre los regantes de la zona leridana por la que transcurre el canal, recurrió a Josep Grau, exdiputado en el Congreso por CiU y exconsejero de Agricultura de la Generalitat entre 1999 y 2003, en el último Govern de Jordi Pujol. También fue diputado en el Parlament de Catalunya, entre 1999 y 2010, poco antes de incorporarse a la concesionaria.

Josep Grau era consejero cuando el Govern adjudicó de las obras del Segarra Garrigues

Fue precisamente en la etapa en la que Grau era consejero de Agricultura, en 2002, cuando el Govern adjudicó las obras del canal a la empresa entonces liderada por FCC. El último ejecutivo de Pujol llevó a cabo más adjudicaciones polémicas: no solo la del canal, también la de la línea 9 del metro de Barcelona y la de la Ciudad de la Justicia de Barcelona. Además, Josep Antoni Rosell, exdirector general de la empresa pública Infraestructures de Catalunya imputado en el caso 3%, dirigió la empresa poco después de su adjudicación. Rosell cesó en 2013 pero Grau siguió hasta ahora.

Antes de la sustitución de Josep Grau, se rompió el equilibrio entre las cuatro grandes compañías que controlan el canal. Copisa quería salir y Agbar le compró su 20% y se hizo con la mayoría de la empresa. Actualmente, la compañía controlada por el grupo Suez tiene el 41,18% de ASG, mientras que FCC mantiene el 24,68% y Copcisa el 21,59%. Además, siguen en su accionariado Benitó Arnó e Hijos, Constructora de Calaf, JA Romero Polo, Aqualia y Sorea.

Fue tras este cambio cuando se tomó la decisión de prescindir de Grau, dos hechos que fuentes cercanas a la compañía han vinculado. Fuentes de Agbar explicaron que el exconsejero ya había cumplido su ciclo y preferían un perfil más técnico. Miquel Galvarriato era director general desde hacía cinco años y conocía perfectamente el proyecto, añadieron.

Sobrecostes en el canal Segarra Garrigues

La construcción del canal Segarra Garrigues, todavía en proceso, no está exenta de polémica. Además del atraso acumulado –está previsto que se terminen las obras en 2022, nueve años más tarde de lo calculado inicialmente–, también tendrá sobrecostes. Se llegó a hablar de sobrecostes del 80%, aunque oficial solo es el 13,6%, como adelantó Economía Digital.

El canal se presupuestó en un total de 1.513 millones de euros. El Estado pagaba la construcción del canal principal, algo más de un tercio, y la Generalitat y los regantes, la red primaria y secundaria de riego. La parte catalana ascendía a 923,8 millones, pero, según un informe del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) de la Generalitat, costará al menos 1.050 millones.

Fuentes de la concesionaria admitieron a este medio el sobrecoste del 13,6% y explicaron que se debieron al fracaso de la concentración parcelaria, que encareció la construcción de la red de riego, y a unas modificaciones de las dotaciones hechas en 2010. El informe del CADS también apuntaba a una revisión del programa de trabajos y de los precios de algunas obras.

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