Los autónomos alertan de que la subida de la luz pone en riesgo sus negocios

Los autónomos apuntan a la subida de la luz y de los impuestos como los principales factores que ponen en riesgo la supervivencia de sus negocios

Los autónomos avisan de que el precio de la luz pone en riesgo sus negocios

El aumento de los precios en España no da tregua y acumula ocho meses consecutivos de subida, en buena medida influenciado por el encarecimiento del precio de la electricidad, lo que está haciendo mella en el bolsillo de los españoles, sobre todo en algunos sectores y especialmente en uno de los colectivos más afectados durante la pandemia: los autónomos.

Al menos así lo advierte uno de cada cuatro autónomos, el 26,4%, que afirma que la subida de la luz está poniendo en serio peligro la supervivencia de su actividad, según se desprende del último barómetro elaborado y presentado este martes por la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), realizado entre los días 10 y 14 de septiembre con 1.396 respuestas válidas.

Y es que los trabajadores por cuenta propia están acusando el impacto del recibo de la luz en su facturación ante el incremento hasta máximos históricos de los precios de la electricidad en los mercados mayoristas que ha llevado al Gobierno a prolongar la bajada del IVA de la electricidad del 21% al 10% hasta final de año o la suspensión del impuesto de generación del 7%, entre otros.

Recientemente un estudio de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) cifraba en más de 80 minutos el tiempo que un pequeño negocio dedica de su trabajo al día para pagar el coste energético, con una factura media en septiembre de 650 euros hace un año y que con las subidas escalaría a unos 1.300 euros, más del doble y el equivalente al 27% del total de gastos que afronta el colectivo.

Rechazo mayoritario a subir los impuestos y el SMI

Más allá del impacto de la subida de la luz, el otro factor principal que apuntan los autónomos como perjudicial para su facturación y el desarrollo de su negocio es el de la posible subida de impuestos, como la base de cotización, ya que el 30,2% cree que le llevaría al cierre de su negocio.

De hecho, el 88,7% considera que el colectivo no puede actualmente con más cargas fiscales, mientras que un 5,4% de los autónomos encuestados considera que ahora, y a pesar de todo, es necesaria dicha subida presentada por el Gobierno.

También hay un rechazo unánime entre los autónomos con trabajadores sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), puesto que la mitad, el 49,5%, considera que no es el momento porque con la situación actual no puede permitirse subidas en costes salariales.

Únicamente uno de cada diez autónomos, el 10,4%, valora positivamente la subida del SMI, al considerarlo algo necesario para llegar a los niveles de la UE, en tanto que para el 30,2% les es indiferente pues afirman tener a sus trabajadores con una nómina superior al salario mínimo. En cualquier caso, tres de cada cuatro autónomos, el 73,5%, afirma que dada la situación actual no es el momento para realizar dicha subida.

Perspectivas

A pesar de que las restricciones son cada vez menores, el 33,8% de los autónomos prevé que su actividad disminuya de cara al último trimestre de 2021, un 42,1% cree que su facturación no variará y un 12,4% se muestra optimista y espera un repunte en los próximos meses.

Ante los mayores costes, en torno a 300.000 autónomos, el 10,8%, cree que tendrán que disminuir su plantilla en los próximos meses si no cambia la situación actual, aunque la mayoría mantendrá su plantilla e incluso un 3,6% piensa en aumentarla, si bien el 44,8% cree que no necesita tener empleados por no ser necesario en su actividad.

Y es que el 67,6% de los autónomos no ha recuperado su actividad y su nivel de facturación previo a la pandemia, de los que casi la mitad no descarta tener que cerrar su negocio, frente al 30,3% (800.000) que sí ha vuelto a la normalidad. En general, una mayoría (70%) de autónomos aplaza su recuperación a partir de 2022, tanto en 2023 (24,8%) como 2024 (8,4%), ya que solo un 30,3% afirma haberse recuperado y el 2,6% cree que lo conseguirá en el último trimestre de este año.

De hecho, un tercio de los autónomos que perciben la ayuda por cese de actividad se dará de baja cuando finalice la prestación, lo que supone que unos 75.000 autónomos echarán el cierre del total de 226.000 beneficiarios de dicha prestación.

El ‘fiasco’ de las ayudas: solo las solicitan un 9,7%

En todas estas cifras y previsiones influye el ‘fiasco’ del paquete de ayudas directas de 7.000 millones de euros aprobado por el Gobierno, que el 74,7% suspende, teniendo en cuenta que solo un 9,7% de los encuestados ha solicitado la ayuda. De ellos, el 81,3% consideran que se podrían haber reducido los trámites burocráticos.

Entre el 87,4% de los autónomos encuestados que asegura no haber solicitado la ayuda un 27,3% lo explica por no tener gastos para justificarlos (uno de los requisitos para poder optar a las ayudas) y el 17,4% por no estar en el listado de actividades con derecho a ayudas, además de un 17,2% por no haber caído su facturación más de un 30% y un 10% por los elevados trámites burocráticos.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha vuelto a denunciar que con el decreto de las ayudas y la rectificación del mismo “se ha olvidado a los autónomos”, ya que la modificación de la norma va a beneficiar a las empresas con pérdidas contables o autónomos societarios, pero no a los autónomos “persona física” por las dificultades o imposibilidad de demostrar dichas pérdidas. 

Ante esta situación, ha indicado que si las intervenciones de las CCAA permitiesen poder justificar las pérdidas contables con los libros de ingresos y gastos que están obligados a realizar las empresas, las ayudas podrían llegar a muchos más autónomos pero duda de que se fije como posibilidad para justificar el requisito de las pérdidas. 

“Es muy poco coherente y demuestra una vez más el desconocimiento de la administración de heterogeneidad y realidad del tejido empresarial”, ha denunciado, poniendo como ejemplo también que muchos autónomos y pequeñas empresas tienen solicitados aplazamientos a Hacienda y la Seguridad Social y sin embargo el decreto no permite justificarlos.