Cataluña rebasa los 90.000 millones de deuda pública: la quita 'solo' la devolverá al nivel de 2015

La deuda pública de Cataluña ha superado los 90.000 millones de euros a cierre de junio de este año, lo que representa un 29,5% de su producto interior bruto (PIB), un pasivo que tiene al Estado como principal acreedor y mientras el Gobierno ha iniciado los preparativos de una quita de 17.104 millones a la Generalitat.

Los últimos datos de deuda pública, difundidos este lunes por el Banco de España, muestran que la catalana alcanzó los 90.700 millones a finales del segundo trimestre, mil millones más que en el trimestre precedente en términos nominales, aunque el crecimiento económico ha hecho que su ratio sobre el PIB caiga una décima, del 29,6% al 29,5% del PIB.

Cataluña debe 76.000 millones al Estado

Si tomamos como referencia los datos del tercer trimestre de 2023, los últimos datos antes del anuncio, en noviembre de ese año, del acuerdo entre el PSOE y ERC de una condonación parcial de la deuda autonómica catalana para permitir la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, el endeudamiento ha pasado de 86.721 millones (31,3% del PIB) a 90.700 millones (29,5%), lo que en términos nominales supone casi 4.000 millones de euros más.

El grueso de la deuda de Cataluña sigue siendo con el Estado a través del Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas, donde se incluye el conocido como Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), mediante el cual el Ejecutivo ha prestado 76.581 millones al Gobierno regional desde su puesta en marcha en 2012.

Con estos datos, de salir adelante la condonación, que fue aprobada en primera vuelta en el Consejo de Ministros hace tres semanas y podría recibir la luz verde del Congreso de los Diputados a finales de este año o principios del que viene, el nivel de deuda pública del Gobierno regional se situaría en el entorno de los 73.500 millones de euros, unos niveles que no veía desde hace una década.

Sin embargo, mientras llega la medida y el gobierno catalán sigue incrementando su deuda, los efectos potenciales de la condonación se irán amortiguando.

A futuro la Generalitat que preside el socialista Salvador Illa tiene dos importantes medidas fiscales que han arrebatado los independentistas al Ejecutivo de Pedro Sánchez. No solo la quita, que el Ministerio de Hacienda ha apostado por extender a todas las regiones; también la reforma del sistema de financiación y la ‘singularidad’ para Cataluña, que permitiría que recaudase todos sus impuestos a cambio de una aportación al Estado.

En total, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calculado que el Estado asumirá 83.252 millones de deuda en manos de las comunidades autónomas. A cierre del primer semestre, estas tenían un endeudamiento de 342.805 millones, siendo Cataluña y la Comunidad Valenciana (60.696 millones) y Andalucía (41.442 millones) las que tienen una peor situación financiera.

Según la metodología elaborada por la ‘número dos’ del Gobierno y cabeza de cartel de los socialistas para la Junta de Andalucía, las comunidades más beneficiadas por el perdón, en términos brutos, son Andalucía (18.791 millones), seguida de Cataluña (17.104 millones) y la Comunidad Valenciana (11.210 millones). En cuarto lugar estaría la Comunidad de Madrid, que a pesar de que no cuenta con deuda contraída con el FLA, sí se abre la puerta a perdonar su endeudamiento comercial.

Sin embargo, y de salir sin cambios el anteproyecto de ley hacia las Cortes, el ahorro para las comunidades autónomas por los intereses de la deuda pública tras la condonación tardará en llegar. El Gobierno cifró un impacto potencial de 6.700 millones de euros que los Ejecutivos regionales podrían destinar a financiar mayor gasto social. Sin embargo, la ley tal y como está ahora mismo redactada por Hacienda hará que tengan que seguir pagando por sus préstamos al menos hasta que venza el título de deuda asumido por el Estado, como ya avanzó ECONOMÍA DIGITAL.

Por otro lado, las comunidades que no se beneficiarán de la quita ya que cuentan con Haciendas forales propias, País Vasco y Navarra, tendrán una minoración en las aportaciones que hacen al Estado para compensar esa mayor carga de intereses derivada de la medida. Así lo reafirmó Montero durante una intervención en el Senado este martes, donde aseguró que se ha acordado en las comisiones mixtas con ambas comunidades que «la parte que asume el Estado de la deuda que correspondía a comunidades autónomas no tendrá que ser participada en la parte correspondiente al abono por ambos gobiernos».