Reunión del Gobierno con BBVA, Santander, Sabadell y Abanca para tranquilizar al mercado por la quita

El Ministerio de Economía se reunió con BBVA, Santander, Banco Sabadell y Abanca antes del verano para tratar con ellos los detalles técnicos de la condonación de la deuda a las comunidades autónomas, una ley que les afecta como entidades que otorgan liquidez a los Gobiernos autonómicos y en la que Hacienda ha incluido una cláusula por la que no podrán imponer costes adicionales al Estado por subrogar las obligaciones regionales.

Según detalla la Vicepresidencia primera en la documentación puesta a disposición de la ciudadana para el trámite de audiencia pública del Anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común, el Ejecutivo, a través de la Secretaría General del Tesoro, mantuvo reuniones con representantes de esas entidades en la primera quincena de mayo, pocos días antes de que comenzara el trámite de consulta pública previo a la redacción de la norma.

En concreto, las citas tuvieron lugar el 12 y 13 de mayo por separado con las cuatro entidades y luego una con las «entidades financieras afectadas», sin desglosar los participantes, el 29 de mayo. El motivo de las cinco reuniones: «Desarrollar las cuestiones técnicas específicas de la medida y recabar los problemas operativos que la misma pudiera conllevar».

Si bien el tenedor de gran parte de la deuda pública de las autonomías es el Estado, a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que ha regado de financiación barata a las comunidades desde 2012, algunas -como el caso de la Comunidad de Madrid- sí pueden recurrir al mercado para hacer frente a sus necesidades de solvencia. Y estas son, fundamentalmente, las entidades bancarias.

El anteproyecto de ley fija condiciones para las autonomías que quieran acogerse, pero también establece una serie de limitaciones para los acreedores de la deuda de los gobiernos regionales. Así, fija que el Gobierno podrá acordar cambios en los contratos de deuda o amortizarla de manera anticipada, si eso permite una mejor asunción de la deuda por parte del Estado. Esta gestión corresponderá a la Secretaría General del Tesoro, quien controla el pasivo estatal, y quien mantiene esa relación fluida con las entidades financieras.

Además, el Ministerio de Hacienda también utiliza la norma para prohibir que los acreedores -es decir, los bancos- puedan «aplicar ningún coste ni comisión al Estado» por realizar la subrogación de los títulos e impide que las entidades puedan exigir el vencimiento anticipado de la deuda al producirse el cambio de titularidad.

La ley contiene otra serie de preceptos que afectan, aunque de manera más indirecta, al negocio prestamista de las entidades financieras. El objetivo final de la asunción de más de 83.000 millones de euros de deuda autonómica por parte del Estado es sanear las cuentas de los Gobiernos regionales y permitir que puedan acudir al mercado a conseguir liquidez, cosa que ahora resulta muy complicado porque su descuadre fiscal conlleva tipos de interés inasumibles para las arcas públicas.

Además, el Gobierno ha incluido en la ley una reforma en profundidad de los mecanismos extraordinarios de financiación de las comunidades autónomas, eliminando el compartimento de Facilidad Financiera (solo ha prestado a Andalucía en los cinco últimos ejercicios) y convirtiendo en FLA en un instrumento de último recurso, con unas condiciones que no podrán ser ventajosas frente a las de aquellos ejecutivos regionales que sí pueden acudir al mercado financiero.

«El acceso al mercado introduce un incentivo para mantener sus finanzas públicas saneadas, de manera que el tipo de interés al que se financien en mercado sea el menor posible», justifica Hacienda en la exposición de motivos de la ley.

En la letra pequeña el Gobierno da marcha atrás con respecto a los principios que estableció en el trámite de consulta pública, cuando recordaba que el riesgo moral se evitaría mediante la aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que impide a las comunidades autónomas gastar los ahorros en intereses en otra cosa que no sea amortizar deuda pública.

A cambio, Hacienda tutelará las emisiones de deuda durante el año siguiente a la publicación de la resolución en la que las comunidades autónomas se acojan a la condonación. Todo eso si la aceptan, claro, ya que será voluntaria y estará abierta durante un plazo a determinar por la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos (CDGAE), organismo que preside el titular de Economía, Carlos Cuerpo.