Montero aprovecha la quita para suprimir un fondo del Estado que solo beneficia a Andalucía

La vicepresidenta primera y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha aprovechado la ley por la cual el Estado asumirá 83.000 millones de euros de la deuda autonómica para reformar en profundidad los mecanismos extraordinarios de liquidez para las comunidades autónomas y suprimir un fondo al que solo ha recurrido la Junta de Andalucía en los últimos cinco años, recibiendo 12.000 millones de euros en préstamos del Estado.

El texto de la norma, que ya se encuentra en trámite de audiencia pública, conlleva una reforma en profundidad de las herramientas del Estado para financiar a las regiones que no pueden acudir a los mercados financieros, singularmente el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), creado en 2012 por Cristóbal Montoro y que, desde entonces, se ha cronificado.

Así, la ley redactada por Hacienda convierte el FLA será un mecanismo «de último recurso», al que solo podrán acceder los gobiernos regionales en «aquellos supuestos excepcionales en que las comunidades autónomas no puedan financiar sus necesidades del mercado» y establece que sus condiciones nunca podrán suponer «una ventaja» con respecto a los Ejecutivos que sí consiguen que los bancos les presten dinero.

Y el compartimento de la Facilidad Financiera, de la que Andalucía es la única beneficiaria desde 2021, con 12.082 millones de euros en préstamos, desaparecerá del mapa. En concreto, desde el 1 de enero de 2027 solo podrán obtener financiación aquellas comunidades que lo utilicen en 2026 y estará fuera de funcionamiento a partir de 2029.

Lo cierto es que esta línea de crédito es mínima, comparada con la financiación que reciben las comunidades autónomas que están adscritas al FLA. Con datos de 2024, nueve regiones recibieron 29.366,8 millones de euros, mientras que Andalucía percibió 2.253,1 millones de la Facilidad Financiera. Antes de 2020 esta línea tenía un mayor protagonismo, pero desde la pandemia solo Andalucía recibe financiación con este mecanismo.

Esta reconfiguración de los mecanismos de rescate del Estado tiene sentido en el espíritu de la condonación, ya que Hacienda insiste a lo largo de toda la norma en que el objetivo es que las comunidades autónomas vuelvan a la disciplina de los mercados y eso refuerce su «responsabilidad fiscal». De hecho, ante un potencial riesgo moral de la medida, el Gobierno fía al mercado financiero que los Ejecutivos regionales no incurran en comportamientos imprudentes en su gestión del endeudamiento.

«El acceso al mercado introduce un incentivo para mantener sus finanzas públicas saneadas, de manera que el tipo de interés al que se financien en mercado sea el menor posible», justifica Hacienda en la exposición de motivos de la ley.

En la letra pequeña el Gobierno da marcha atrás con respecto a los principios que estableció en el trámite de consulta pública, cuando recordaba que el riesgo moral se evitaría mediante la aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que impide a las comunidades autónomas gastar los ahorros en intereses en otra cosa que no sea amortizar deuda pública.

A cambio, Hacienda tutelará las emisiones de deuda durante el año siguiente a la publicación de la resolución en la que las comunidades autónomas se acojan a la condonación. Todo eso si la aceptan, claro, ya que será voluntaria y estará abierta durante un plazo a determinar por la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos (CDGAE), organismo que preside el titular de Economía, Carlos Cuerpo.

El Gobierno priorizará la deuda emitida antes de 2019 a la hora de escoger los títulos que absorberá, señala la ley, lo que coincide con una época de tipos de interés bajos y, también, con el periodo de mayor incremento de la deuda autonómica. De no llegar a esa cifra, señala la norma, comenzarán a incluirse el endeudamiento desde 2024 hacia atrás, en orden cronológico inverso.

Según explica el Ministerio de Hacienda, el Gobierno se ha decantado por la condonación (que pactó con ERC con motivo de la investidura de Pedro Sánchez en 2023) porque alternativas «menos ambiciosas» como una reestructuración de la deuda, no tendría el mismo impacto sobre las cuentas de las regiones. Y si bien la ministra Montero cifró en unos 6.700 millones el ahorro estimado en intereses para todas las autonomías, en la Memoria de Impacto Normativo que acompaña al proyecto se apunta que «no es posible cuantificar este impacto porque dependerá de las condiciones financieras de las operaciones de mercado de las CCAA en las que se tenga que subrogar» la deuda.

Montero, que será la candidata del PSOE a las elecciones andaluzas que tendrán lugar, como tarde, el próximo junio, ha utilizado la quita de la deuda como un ariete político contra el Partido Popular. A pesar de ser un compromiso que le arrancó ERC, el Gobierno le ha dado la vuelta a la medida y, sobre todo, la titular de Hacienda lo utiliza para sus propias aspiraciones, al colocar a Andalucía como la región más beneficiada por el total del perdón (18.791 millones de euros).

De hecho, al estar la mayoría de comunidades autónomas gobernadas por el PP, Génova ha tocado a rebato y ha prohibido que sus presidentes firmen el cheque del Gobierno. A Montero le gustaría que la ley quede aprobada y publicada en el BOE a principios de 2026. Justo a tiempo de dar el salto de Madrid a Sevilla.