El Gobierno cancela subidas de impuestos por casi 2.000 millones prometidas a Bruselas

El Gobierno se ha dado de bruces con la realidad parlamentaria. Después de que la reforma fiscal de finales del año pasado le costara sangre, sudor y lágrimas, el Ministerio de Hacienda ha decidido no reabrir el melón tributario y concentrar todos los esfuerzos en sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), cuya tramitación comienza oficialmente este miércoles, y en aprobar la quita de la deuda a las comunidades autónomas.

Y eso a pesar de que la decisión puede costarle a España no solo millones de euros en recaudación, sino una partida importante de las transferencias de los fondos europeos Next Generation. Fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por ECONOMÍA DIGITAL descartan llevar adelante la reforma de los beneficios fiscales que el Gobierno incluyó en el Plan de Recuperación y que supondría una recaudación adicional de una décima del producto interior bruto (PIB), en torno a 1.600 o 1.700 millones de euros.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se implicó de primera mano en que el paquete fiscal aprobado el año pasado saliera adelante y consiguió, con mucho esfuerzo, aunar en un mismo proyecto a socios tan dispares como Junts o Podemos. Aún a costa de dejar caer proyectos estrella del Ejecutivo, como el gravamen a las grandes compañías energéticas, que decayó tras la falta de acuerdo con el resto de socios.

Montero, que este martes aseguró que va a «dejarse la piel» para que los Presupuestos de 2026 salgan adelante, ha decidido concentrar los esfuerzos en las Cuentas y en la quita de la deuda autonómica, dos proyectos fundamentales y, posiblemente, las últimas normas que salgan del Ministerio de Hacienda antes de que ella parta a Andalucía como candidata del PSOE a la Junta.

Si bien estas fuentes del Gobierno no dan por perdidos los fondos europeos vinculados a estos hitos, sí reconocen que la mayoría parlamentaria es tozuda. Si acaso, tratarán de recuperar la equiparación fiscal del diésel y la gasolina, una exigencia de Bruselas para validar la reforma fiscal por completo. De hecho, la falta de este impuesto ya supuso que la Comisión Europea embargara cerca de 500 millones de euros por no completar satisfactoriamente sus peticiones.

Ahora, no llevar adelante la revisión de beneficios fiscales supondrá que, de los 90.000 millones que aún quedan por recibir en menos de un año, el Gobierno tendrá que restar una parte correspondiente a ese objetivo sin cumplir, a no ser que lo renegocie con Bruselas.

La cuantía a estudiar no es cosa menor. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) cifró en 2020, como parte de su tarea de revisión del gasto público, que estos instrumentos suponían un coste fiscal 60.000 millones de euros, 5 puntos del PIB de 2016. Formalmente, son herramientas que incentivan la consecución de objetivos concretos, como generar ahorros a largo plazo, fomentar el empleo, incentivar la investigación…

Revisar los beneficios fiscales supone inspeccionar en profundidad el funcionamiento de algunos impuestos, ya que implica hablar del mantenimiento, o no, de las declaraciones conjuntas para el impuesto de la renta o incluso del funcionamiento del IVA, que cuenta con dos tipos reducidos (al 4% y al 10%).

En el mismo estudio, la Airef se centró en 13 beneficios fiscales, los que representaban la mayor parte del coste fiscal, en torno a 35.000 millones de euros. La Airef solo consideró que uno de los analizados, el de la reducción en el IRPF por aportaciones a sistemas de previsión social, no cumplía con el objetivo establecido, que era el de fomentar el ahorro de cara a la jubilación.

Sin embargo, había otros en los que planteó que no estaban siendo los suficientemente eficientes. Así, por ejemplo, ante la reducción en el impuesto de la renta por la tributación conjunta, la Autoridad fiscal señaló que generaba un desincentivo a la incorporación laboral de la mujer, lo que acentuaba los problemas de brecha de género en la economía española.

El Gobierno confía en que la condonación de la deuda esté aprobada en el Congreso a principios de año, en el primer trimestre, y eso permita a Montero lanzar su campaña a la Junta con los 18.000 millones de perdón como una de sus principales banderas. Fuentes del Ejecutivo detallan que la ley incluirá un plazo para suscribirse a este perdón, pero que lo decidirá la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), que preside el ministro Carlos Cuerpo, y no la propia vicepresidenta. Ante un potencial cambio de color en Andalucía, Montero podría acceder a la condonación aunque el popular Juanma Moreno ahora lo rechace.

Antes tendrán que llegar la votación de la senda de déficit en el Congreso, que en Hacienda confían en que pase en breve por el Consejo de Ministros, y llegar en tiempo y forma o con una mínima prórroga presupuestaria a las Cuentas de 2026. Todo eso si Junts y Podemos le ponen las cosas sencillas al Ejecutivo.