El Gobierno tiene solo un año para gastar 90.000 millones de los fondos europeos, el 57% del plan

31 de agosto de 2026. Queda exactamente un año para la fecha en la que el 100% de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia deben estar ejecutados o comprometidos, sin solución de continuidad, y el Gobierno de España llega a esta efeméride en el tiempo de descuento y con más de 94.000 millones de euros todavía por solicitar a la Comisión Europea.

Si el Gobierno quiere cumplir y gastar la totalidad de los 163.000 millones de euros adjudicados a España a través del Plan de Recuperación, prácticamente tendrá que ejecutar más de 250 millones de euros diarios y cumplir con los 300 hitos y objetivos que aún están pendientes de completar, con una mayoría parlamentaria en la que las grandes reformas que desbloquean el ‘maná europeo’ supone negociaciones extenuantes para cada uno de los ministros.

En concreto, el Gobierno tiene pendiente de solicitar 27.130 millones de euros de transferencias a fondo perdido, a lo que hay que sumar algo más de 1.000 millones de euros procedentes de hitos que no han sido cumplimentados, como es el caso de la equiparación de los impuestos del diésel y la gasolina, o por la ‘marcha atrás’ en cuanto a las medidas adoptadas para reducir la temporalidad entre los funcionarios, después de un varapalo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Si bien el grueso de la producción legislativa tuvo lugar en la pasada legislatura, cuando las mayorías eran más sencillas para el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, quedan todavía pendientes varias reformas y leyes importantes para desbloquear la financiación comunitaria. Un ejemplo es la Ley de Industria, el proyecto estrella del ministro Jordi Hereu que lleva desde finales del año pasado esperando turno en el Congreso. Esta norma es un hito clave del sexto desembolso.

También la de Movilidad Sostenible, que estuvo a punto de recibir el empujón definitivo en el anterior periodo de sesiones, pero fue paralizada por la negativa de Podemos a negociar con el Ejecutivo tras estallar el ‘caso Cerdán’. Otras, como la Ley del Cine, la de Diversidad Familiar o la de ‘lobbies’ son fundamentales para recibir los fondos europeos, pero el Ejecutivo aún no tiene los votos para sacaras adelante.

El Ministerio de Hacienda que dirige la vicepresidenta María Jesús Montero logró salvar el grueso de la reforma tributaria prometida a Bruselas a finales del año pasado y con una mayoría a izquierdas y derechas de la que se cayó la equiparación de la fiscalidad del diésel. Esta pata, fundamental para Bruselas, ha impedido que se desembolsen los fondos vinculados al objetivo. Además, el Gobierno prometió una revisión de beneficios fiscales de 1.600 millones de euros, algo que todavía está pendiente de hacerse y que tendría que llegar antes de final de año.

Eso por la parte de las transferencias. Pero es que el grueso de la financiación europea se canalizó a través de préstamos, algo más de 83.000 millones, y hasta ahora España solo ha recibido 16.000 millones, el pasado julio. Quedan pendientes de solicitar 67.000 millones de euros, aunque en este caso los hitos están vinculados a la gestión de los fondos (por ejemplo, mediante la firma de acuerdos con los beneficiarios finales), lo que haría más sencillo, a priori, dar cuenta a Bruselas de su cumplimiento.

El Gobierno, con Nadia Calviño al frente de la vicepresidencia económica, decidió priorizar los casi 80.000 millones de euros en transferencias a fondo perdido y comenzar ahí la gestión de los fondos europeos. No fue hasta 2023, y con las elecciones generales ya convocadas, cuando cerró el acuerdo de una Adenda al Plan de Recuperación original, vehiculando los créditos a través de instrumentos financieros. Estas líneas fueron encargadas al Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT, conocida como ‘Sepi digital’) y la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES).

La ralentización en la ejecución ya ha hecho que las principales instituciones que supervisan la economía española (el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, entre otros) pongan en duda que se agote el 100% de los recursos disponibles.

«En 2024, como en años precedentes, el volumen de ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en nuestro país ha sido algo inferior al esperado. En el escenario central de estas proyecciones se sigue asumiendo una ejecución plena de todas las transferencias del MRR asignadas a la economía española. No obstante, dado que se aproxima el final de este programa europeo, esto exigirá una cierta aceleración en el despliegue de dichos fondos en 2025-2026″, apuntó el Banco de España en su último informe trimestral, de junio.

El FMI, en su documento sobre la economía española, el conocido como Artículo IV, también mostró su preocupación por el paso del programa. «Otro riesgo tiene relación con una inversión aún débil, incluyendo cuellos de botella persistentes en la construcción, incertidumbre prolongada a nivel doméstico y global o una ejecución más lenta de la esperada de los fondos Next Generation«, señalaron antes del verano.

Las dudas las expresa la propia Comisión, encargada de supervisar el Plan de Recuperación, que apunta a cuellos de botella «relacionados con la capacidad de absorción, especialmente por la concentración de inversiones hacia el final del periodo de implementación. Estos retos están exacerbados por el gran volumen de fondos que se han canalizado a través de instrumentos financieros«.

Con un año de margen, el Gobierno tendrá que acelerar la ejecución para gastar al 100% los fondos europeos. Ya ha redirigido partidas para sacar adelante prioridades que han ido surgiendo, como la crisis de Vivienda, la respuesta a la Dana de Valencia o las necesidades en Defensa. Pero sería sonrojante para el Ejecutivo de Pedro Sánchez no conseguir gastar a tiempo los recursos que peleó a capa y espada en los pasillos de Bruselas.