La ley desmiente a Sánchez: solo La Rioja puede usar el ahorro de la quita para servicios sociales

Ni Salvador Illa, como president de la Generalitat de Cataluña, ni Isabel Díaz Ayuso, al frente de la Comunidad de Madrid, podrán usar los ahorros en intereses como consecuencia de la condonación de la deuda autonómica que prepara el Gobierno. A pesar de tratarse de una promesa a ERC y de que presionan por tierra, mar y aire a la líder popular para que acepte la medida, solo hay un Ejecutivo regional que podría utilizar esos recursos en pagar gastos sociales: el de La Rioja.

El Gobierno, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza, ha defendido que la medida de gracia para las cuentas autonómicas permitirán que estas puedan destinar mayores recursos al Estado del Bienestar, ya que son las competentes en materias como Sanidad o Educación, donde se va el grueso de los presupuestos regionales.

De hecho, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llegó a cifrar en 6.700 millones de euros el ahorro que liberaría la condonación de la deuda, ya que es lo que se reduciría el pago de los intereses vinculados a los préstamos en manos de las autonomías.

«Estos recursos, las comunidades autónomas los podrán utilizar para gasto social: para la sanidad, educación, vivienda, dependencia… Es falso que las comunidades autónomas no puedan utilizar estos recursos y que dé igual que una comunidad quiera o no condonar su deuda«, dijo la ‘número dos’ del Ejecutivo en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en que se aprobó el anteproyecto de ley.

Pero lo cierto es que esta proclama choca contra la realidad de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que fija las reglas fiscales nacionales y que aún no se ha adaptado tras la adopción de un nuevo marco a escala europea.

Según establece el artículo 12 de esa Ley, las comunidades autónomas no podrán incrementar el gasto por encima de una tasa de referencia a determinar por el Ministerio de Economía en un informe anual, que se suele publicar todos los meses de julio junto con el acuerdo que incorpora el techo de gasto y los objetivos de estabilidad. Solo en el caso de que las comunidades hayan incrementado sus partidas por debajo de esa tasa de referencia se generaría el espacio suficiente para incorporar el ahorro en intereses, cuyas cuantías, al ser gasto financiero, no están incorporadas dentro de la cifra de referencia.

«La condonación supondrá un ahorro en intereses que implica una reducción del déficit de las comunidades autónomas y un incremento en la Administración central. No obstante, hay que considerar que los intereses no se incluyen en el cálculo del gasto computable a efectos de la regla de gasto. En consecuencia, este ahorro no modifica el cálculo de la regla de gasto y, por lo tanto, no genera un mayor margen de gasto en otras políticas públicas«, apuntó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en un documento fechado en febrero de este año.

De hecho, el propio texto de la consulta pública que lanzó el Ministerio de Hacienda sobre este anteproyecto de ley ya subrayaba que se aplicaría el artículo 12 de la Ley de Estabilidad, «que impide que el ahorro de intereses producido por la reducción de deuda de las Comunidades Autónomas pueda ser empleado en incrementar su gasto». Esto lo hacían para evitar el «riesgo moral» en la gestión de las comunidades, como ya informó ECONOMÍA DIGITAL.

La comunidad autónoma que, a día de hoy, tiene espacio fiscal para incrementar su gasto porque lo ha subido menos que la tasa de referencia fijada para 2025 (3,2%) es La Rioja, cuyo incremento es del 2,7%. Su presidente, Gonzalo Capellán (PP), es el único barón popular que se ha mostrado relativamente abierto en público a este perdón, aunque se trata de la región menos beneficiada, ya que ‘solo’ se le condonarían 448 millones de euros de deuda pública.

El resto de Gobiernos autonómicos, según la Airef, incumplirán la regla de gasto nacional para este año y, con los datos de los planes económico-financieros que les mandaron las regiones menos cumplidoras en 2024, calculan que todos incumplirán la tasa de referencia para 2026 (3,3%, si la confirma Economía en su próximo informe).

Fuentes del Ministerio de Hacienda explicaron que carecen de competencias desde el Gobierno central para evitar que las comunidades autónomas puedan evitar esos ahorros en gasto de servicios públicos, a pesar de lo establecido por la ley, de ahí ese discurso con el que martillea a los Gobiernos regionales dirigidos por el PP.

La Comunidad de Madrid ya avanzó este miércoles que no solo van a presentar alegaciones al anteproyecto de ley durante el trámite de audiencia pública, sino que llegarán si es necesario al Tribunal Constitucional. Sobre esos mayores recursos (está previsto que sea la cuarta región más beneficiada por la quita), la Puerta del Sol los minimizó: apenas serán 24 millones de euros de ahorro.