Montero impedirá a las comunidades que gasten los ahorros de la condonación de la deuda

El Gobierno sigue dando pasos adelante para llevar a cabo la condonación de deuda a las comunidades autónomas, un compromiso del PSOE con ERC para que los republicanos avalaran la investidura de Pedro Sánchez, y el Ministerio de Hacienda ya ha publicado la consulta previa de la Ley Orgánica que vehiculara este ‘perdón’ a las regiones.

Sin embargo, en el texto de la propia consulta pública -un trámite obligatorio previo a la redacción de un anteproyecto de ley- el Gobierno ya confiesa que los ahorros que suponga esta asunción de la deuda de las autonomías por parte del Estado no podrán ser destinado a un mayor gasto público, precisamente uno de los argumentos que en los últimos meses venía empleando la vicepresidenta María Jesús Montero para defender las bondades de la medida.

El Ministerio de Hacienda ha cambiado el título de la Ley con la que se articulará la condonación de la deuda. Si hace unas semanas, en el Plan Normativo Anual -que todos los años elabora el Ministerio de Presidencia- se denominaba «Ley Orgánica de Asunción por el Estado de una Parte de la Deuda de las Comunidades Autónomas de Régimen Común», ahora la vicepresidenta Montero ha querido reforzar lo extraordinario del momento con un nuevo nombre: «Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común».

Esta excepcionalidad se remarca a lo largo de los ocho folios que el Ministerio ha colgado en su página web para recabar opiniones sobre la norma, con un plazo hasta finales de mes, y con el objetivo de que el Gobierno pueda enviar la norma al Congreso cuanto antes, para que esta esté aprobada antes de terminar el año.

Entre los objetivos, Hacienda destaca que la prevención de problemas de «riesgo moral» (que las Comunidades Autónomas puedan actuar de manera negligente con sus cuentas públicas si el Estado procede a rescatarlas) se hará, por un lado, mediante la vuelta de los Gobiernos regionales a los mercados financieros para conseguir liquidez; y, por otro, mediante la aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, una de las primeras normas que elaboró Cristóbal Montoro como titular del ramo en 2012.

Este precepto «impide que el ahorro de intereses producido por la reducción de deuda de las Comunidades Autónomas pueda ser empleado en incrementar su gasto», dice el Gobierno, y, de hecho, debería destinarse «íntegramente a reducir el nivel de deuda pública», según el artículo que citan de la norma.

El Gobierno avanza con total discreción en la elaboración de esta norma después de que algunas reuniones técnicas con los Ejecutivos regionales, con el objetivo de conocer el detalle de la deuda que acumulan y los intereses y plazos de amortización, no hayan salido como esperaban en el Ministerio, con los técnicos autonómicos levantándose de la mesa sin entrar en el fondo del asunto.

El último gran movimiento en esta materia ha sido por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso anunció la semana pasada la presentación de un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 26 de febrero, aquel en el que se sustenta la elaboración de esta Ley Orgánica.

Los Gobiernos autonómicos del PP acudieron a aquella reunión pero se levantaron antes de abordar dos puntos del orden del día: el reparto de la recaudación del nuevo impuesto a la banca en función del peso regional y la metodología elaborada por Hacienda para efectuar la condonación.

El argumento del Gobierno madrileño es que no hubo quorum suficiente, por lo que el acto administrativo no sería válido. Sin embargo, desde Hacienda insisten en que la reunión se conformó legalmente y que la ‘espantada’ de los populares solo sirvió para enmascarar una abstención y evitar un voto en contra que pueda sonrojarlos más adelante.