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El Gobierno aprueba el Estatuto del Becario dos años después de firmarlo con los sindicatos
El Ministerio de Trabajo cerró un acuerdo con UGT y CCOO en junio de 2023 y, desde entonces, la norma había quedado en un cajón
Archivo – Firma del Estatuto del Becario
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El Consejo de Ministros ha dado luz verde al conocido como Estatuto del Becario, una norma que bebe de la reforma laboral de 2022 y que obligará a las empresas a pagar los gastos de los alumnos en prácticas que acojan, más de dos años después de la vicepresidenta Yolanda Díaz firmara con UGT y CCOO el acuerdo, en los últimos compases de la anterior legislatura.
«A partir de ahora, las personas que se están formando van a tener derechos. Regularemos toda la formación con los límites precisos y, obviamente, van a tener las empresas, las administraciones públicas, las obligaciones y deberes, y las personas que se están formando también van a tener derechos y deberes», ha celebrado Díaz en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gabinete.
La norma ha llegado en primera vuelta al Consejo de Ministros casi dos años y medio después de que el Ministerio de Trabajo cerrase las negociaciones del diálogo social con un acuerdo del que se descolgó la CEOE y que también recibió las críticas de los rectores de Universidad.
El retraso en la tramitación legislativa tiene que ver con las diferencias que había entre el ala socialista del Gobierno y Sumar, pero también con el resto de socios parlamentarios, que tendrían que darle el visto bueno de llegar al Congreso de los Diputados.
Díaz ha comenzado su intervención celebrando los datos de empleo conocidos este mismo martes, con el segundo mejor mes de octubre de la serie histórica, achacando el comportamiento del mercado laboral a la reforma que negoció ella misma en 2021.
«Remar a contracorriente hace mucho bien a nuestro país. El Ministerio de Trabajo ha remado a contracorriente en la reforma laboral y hoy es Marca España lo que estamos haciendo en el mundo del trabajo», ha defendido.
El texto obliga a que las empresas en las que los estudiantes desarrollen las actividades formativas compensen los gastos de los alumnos, en los términos previstos en el correspondiente convenio o acuerdo de cooperación, «por una cuantía mínima suficiente para compensar todos aquellos en los que la persona en formación práctica en la empresa incurra como consecuencia de esta, tales como gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención«.
La ley fija también que un becario no pueda sustituir a un trabajador, impide la segregación de los estudiantes en prácticas, a quienes no podrán impedirles el uso de espacios comunes, y su estancia en la empresa tendrá que estar guiada por un «plan de formación exhaustivo» en cuyo diseño tendrá que participar la representación sindical.
El anteproyecto incluye una reforma de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), con un régimen sancionador con multas para las empresas de entre 120.006 y 225.018 euros en el caso de que se produzcan infracciones muy graves en su grado máximo. Si las infracciones son consideradas muy graves pero en su grado mínimo, las multas irán de 7.501 a 30.000 euros, mientras que en su grado medio serán de 30.001 a 120.005 euros.
