Embargadas en Bélgica las tasas aéreas españolas por el impago de indemnizaciones a inversores en renovables

El Tribunal de Primera Instancia de Bruselas ha ordenado el embargo de las tasas aéreas recaudadas por Eurocontrol en nombre del Estado español. Se trata de fondos gestionados para ENAIRE, el operador público de navegación aérea en España, que mueven hasta 500 millones de euros anuales, y que ahora quedan parcialmente congelados tras el impago de una condena internacional relacionada con las energías renovables.

La decisión judicial belga responde al caso RREEF Infrastructure GP Ltd contra el Reino de España, un arbitraje ganado en 2019 por la firma inversora con sede en Reino Unido. El tribunal del CIADI condenó entonces a España a pagar una indemnización de 59,6 millones de euros, cantidad que, con los intereses de demora acumulados y costas judiciales, se eleva ya a unos 73 millones.

El caso tiene su origen en las inversiones que RREEF realizó entre 2007 y 2010 en plantas solares y eólicas en Andalucía, aprovechando el entonces vigente régimen de primas garantizadas a las renovables. Este marco jurídico ofrecía retribuciones estables a quienes apostaran por la energía limpia, y fue clave para atraer capital internacional.

Sin embargo, a partir de 2010, el Gobierno español implementó modificaciones retroactivas que alteraron drásticamente el retorno económico esperado por los inversores. Según el tribunal internacional, esta alteración violó los principios de trato justo y equitativo, así como la estabilidad regulatoria exigida por el Tratado de la Carta de la Energía (TCE).

España alega protección comunitaria, pero la justicia belga lo rechaza

La defensa del Estado español intentó frenar la ejecución del laudo apelando a la legislación de la Unión Europea. En concreto, se escudó en una decisión de la Comisión Europea de 2017 que considera inaplicables los arbitrajes intraeuropeos entre Estados miembros bajo el TCE.

No obstante, los abogados de RREEF desmontaron este argumento señalando que la matriz inversora está registrada en Reino Unido, un país que ya no forma parte de la UE tras el Brexit. Este hecho clave fue determinante para que la jueza Els De Breucker fallara a favor de la ejecución forzosa del laudo, abriendo así la puerta al embargo de los fondos.

La parte ejecutante, RREEF, ha sido representada por el bufete Loyens & Loeff, mientras que la defensa del Estado corrió a cargo del despacho NautaDutilh. La sentencia obliga ahora a Eurocontrol a notificar formalmente a ENAIRE en un plazo máximo de 15 días.

El caso RREEF no es un hecho aislado. España acumula ya 26 laudos arbitrales pendientes de ejecución derivados de la reforma del sistema de renovables, con un pasivo estimado que ronda los 1.865 millones de euros. Esta cifra incluye 1.493 millones de euros en indemnizaciones principales, unos 180 millones en intereses y más de 90 millones en costas procesales.

España lidera el ranking mundial de incumplimiento de laudos arbitrales en materia de inversión internacional, junto a países como Venezuela y Rusia. Esta situación daña la credibilidad jurídica del país y representa un serio riesgo para el atractivo inversor en sectores clave como la transición energética.

Primer pago reciente no impide nuevos embargos

Este embargo autorizado en Bélgica se produce pocas semanas después de que el Gobierno español realizara su primer pago en uno de estos arbitrajes, relacionado con el grupo japonés JGC. Aquel gesto fue interpretado como una posible apertura del Ejecutivo a negociar con los afectados, pero el embargo actual demuestra que el problema sigue lejos de resolverse.

Los representantes de RREEF —que ha gestionado la ejecución a través del fondo Blasket Renewable Investments— han reiterado su disposición al diálogo, pero insisten en que la única vía para evitar más embargos pasa por cumplir con los laudos internacionales o alcanzar acuerdos satisfactorios.

El impacto del embargo va más allá del plano legal y diplomático. Las tasas retenidas por Eurocontrol corresponden a pagos realizados por aerolíneas por el uso del espacio aéreo español, y conforman una fuente esencial de ingresos para ENAIRE. Cualquier perturbación en estos flujos podría afectar la operativa del sistema de navegación aérea, especialmente en temporada alta, cuando el tráfico se intensifica.

Aunque por el momento la continuidad del servicio no está comprometida, los expertos advierten que si se generaliza la práctica del embargo, podrían producirse disrupciones financieras con consecuencias operativas.

Petición de los inversores: pragmatismo y soluciones negociadas

Desde el entorno de los fondos afectados, se insiste en que el Gobierno español puede y debe articular mecanismos de compensación y pago ordenado. Argumentan que el cumplimiento de las obligaciones internacionales no solo es una cuestión legal, sino una señal clara de fiabilidad institucional en un contexto en el que la transición energética requiere grandes inversiones extranjeras.

El embargo en Bélgica actúa así como un recordatorio contundente de que las decisiones arbitrales tienen fuerza ejecutiva real y de que los inversores tienen herramientas para hacer valer sus derechos ante los tribunales de terceros países.

La sentencia belga marca un hito en la larga batalla legal entre España y los inversores en renovables. El embargo de fondos clave vinculados a la navegación aérea revela la vulnerabilidad financiera del Estado frente al impago de laudos internacionales. Si no se adoptan soluciones negociadas, España podría enfrentar una cascada de embargos adicionales, lo que afectaría no solo su reputación, sino también la estabilidad de servicios públicos estratégicos.

La urgencia de una salida pactada y jurídica es más evidente que nunca. España tiene ahora una oportunidad para reparar su imagen internacional y evitar un deterioro aún mayor en su relación con los mercados globales.