El plan de Escrivá dispara el coste de las empresas: ata por ley las cotizaciones a subir más que el IPC
BBVA, primera gran entidad que se opone al plan de reforma de las pensiones: lastrará la creación de empleo y la captación de talento
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en una imagen de archivo. EFE/ Juan Carlos Hidalgo
El sistema público de pensiones tiene un problema de fondo: lo que el Estado ingresa en cotizaciones sociales es menor que el gasto que conllevan las pensiones y, sobre todo, inferior al gasto que habrá que presupuestar ante la inminente jubilación de la numerosa generación del baby boom. En pro de reducir este déficit contributivo del sistema y cumplir con las reformas pactadas con Bruselas, una de las propuestas del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, es aumentar la recaudación del Estado vía incremento de los costes laborales para las empresas.
Según el borrador de la segunda parte de la reforma de las pensiones al que ha tenido acceso Economía Digital, desde el año 2025 hasta el año 2050, los Presupuestos Generales del Estado fijarán un tope máximo de las bases de cotización actualizado «en un porcentaje igual al que se establezca para la revalorización de las pensiones contributivas», es decir, el IPC medio, «más un incremento anual adicional fijo de 1,154 puntos porcentuales».
Subir anualmente por ley una parte de las cotizaciones a las empresas (en este caso las máximas) según varíe el IPC (más una tasa fija) es una medida que nunca se había adoptado en España y que, para compensar, iría acompañada de una subida de las pensiones máximas también según el IPC más el 0,115%.
Si finalmente sale adelante este incremento de las bases máximas de cotización, se sumará al mayor coste que ya tendrán que asumir las empresas desde el 1 de enero de 2023 por la entrada en vigor del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, destinado a rellenar la «hucha de las pensiones» (el Fondo de Reserva de la Seguridad Social). Dicho mecanismo eleva desde el próximo año los tipos de cotización por contingencias comunes que pagan los trabajadores y las empresas, pero el peso recae más en las segundas. Para trabajadores por cuenta ajena, las empresas pasan de un tipo del 23,60% actual al 24,10%, mientras que los trabajadores solo aumentará del 4,70% al 4,80%.
Todo ello sin olvidar que en 2023 la base máxima de cotización ya subirá un 8,6% según lo dispuesto en los PGE, con lo que pasará de los 4.139,40 euros mensuales actuales a 4.495 euros.
Efectos negativos en el mercado laboral
Según ha explicado el responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, durante la presentación con Fedea del Observatorio trimestral del mercado de trabajo, este notable incremento de las cotizaciones sociales provocará «efectos negativos sobre la creación de empleo». En su opinión, el mercado laboral no crecerá en 2023 de manera «tan dinámica como esperábamos» por estas cargas, que además perjudicarán a la captación de talento «en trabajadores de más cualificación con salarios más elevados».
Doménech resalta que la única manera de que no se incrementaran los costes laborales y tuviera «efecto nulo sobre el mercado de trabajo» sería que la subida «se interpretara como un aumento del salario diferido», algo que, reconoce, «es una hipótesis poco verosímil teniendo en cuenta que el sistema de pensiones se encuentra con un déficit contributivo y que no es autosuficiente».
No obstante, el economista considera que el aumento del periodo de cálculo va «en la dirección apropiada» porque mejorará la contributividad y la equidad. En opinión de Doménech, habría que apostar por «como ya están haciendo otros países» aumentar el periodo de cálculo hasta tener en cuenta toda la carrera laboral y aspirar a que, a partir de una pensión mínima, quien más haya cotizado tenga derecho a pensiones mayores, independientemente de cuando lo haya hecho.
Una reforma sin consenso
La subida de las cotizaciones máximas y el resto de medidas de la reforma, entre las que destacan la extensión del periodo de cómputo de las pensiones de jubilación de 25 a 30 años, se verán este jueves en una nueva reunión de Escrivá con los agentes sociales que no tiene visos de finalizar con un acuerdo.
Los sindicatos UGT y CCOO y la parte de Unidas Podemos del Gobierno no ven con buenos ojos extender el periodo de cómputo, ni siquiera con la opción de que se escojan los 28 años mejores, aunque sí aprueban que se haya puesto encima de la mesa el destope de las bases máximas de cotización y la revalorización de todas las pensiones.
La CEOE, por su parte, no se ha pronunciado sobre las cuestiones de fondo, pero ve difícil un acuerdo y ha cuestionado el papel que el ministro le da al diálogo social, habiéndoles trasladado la propuesta a un mes de que finalice el plazo acordado con Bruselas. La nueva legislación debería estar aprobada antes del 31 de diciembre en cumplimiento de lo pactado con la Comisión Europea para recibir los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
