Los gastos corrientes se comen casi 8.000 millones de los fondos europeos

El Gobierno ha destinado más de 7.800 millones de euros de los fondos europeos Next Generation EU a financiar gasto corriente y no inversión pública, lo que supone uno de cada cuatro euros de los 31.821 recibidos por el Tesoro español a cierre de 2024.

Los datos, de Eurostat pero que recoge Funcas en un artículo sobre la efectividad del ‘maná’ europeo publicado esta semana, muestran que 7.877 millones de los fondos encuadrados en el Plan de Recuperación, el 24,8% recibido, se han destinado a partidas como la «contratación de personal, transferencias corrientes o prestaciones» para apuntalar servicios públicos durante la crisis posterior a la enfermedad.

El empleo de estas partidas en gasto corriente en lugar de en inversiones, critican desde el ‘think-tank’ de las antiguas cajas de ahorros, resta un «efecto transformador duradero» y además genera un agujero presupuestario. Sin Cuentas aprobadas desde 2023 y con la caducidad de los fondos europeos acechando (finalizan el año próximo), «políticas o servicios financiados con NGEU necesitarán fuentes alternativas cuando estos recursos extraordinarios concluyan en 2026-2027«.

«El hecho de emplear fondos temporales en gasto corriente tiene implicaciones: por un lado, permitió sostener o ampliar servicios (por ejemplo, contratar personal de refuerzo en sanidad durante la pandemia, financiar programas sociales, etc.), contribuyendo a la cohesión social en momentos críticos. Pero, por otro lado, limita el impacto transformador a largo plazo, ya que el gasto corriente no crea activos duraderos y desaparecerá una vez agotados los fondos NGEU», apuntan.

Cuellos de botella «políticos» en los fondos europeos

¿Qué gasto corriente se ha financiado? En concreto, se ha incluido el refuerzo de los sistemas sanitarios autonómicos y educativos durante los años 2021-2022, políticas activas de empleo, otras de apoyo a pymes así como algunas partidas de políticas sociales.

Así, y a pesar de que España es el país que ha recibido mayores transferencias y ha volcado gran parte del Plan de Recuperación en las transiciones verde y digital, desde Funcas critican que la velocidad de «ejecución interna» es muy lenta, que «grandes montos permanecen en la ‘tubería’ administrativa sin llegar todavía al tejido productivo o a la ciudadanía en forma palpable», lo que alimenta la percepción de que no está siendo tan transformador como debería.

Entre los casos de menor éxito de este programa, Funcas destaca la digitalización de las administraciones locales, que en buena parte de los casos ha sido deficiente; la compra de ordenadores para alumnos vulnerables en las aulas; o carriles bici con escaso uso, entre otras políticas.

«Los casos anteriores evidencian dificultades transversales en la ejecución del PRTR: capacidad administrativa limitada (sobre todo a nivel local) que lleva a retrasos o pérdidas de fondos; elección discutible de algunos destinos de gasto que no convencen a la opinión pública de su utilidad; y dependencia de actores privados o externos para ejecutar ciertos proyectos estratégicos, lo que puede demorar resultados», señala el informe.

Además, el diseño del plan, con «reformas condicionantes» vinculadas a hitos legislativos ha provocado la aparición de «cuellos de botella políticos», como el caso de la reforma fiscal en la que había que incluir la subida del diésel para equipararlo con la gasolina. «España tendrá la oportunidad de reintroducir o compensar esa reforma más adelante, pero ilustra cómo las dificultades políticas internas (sobre todo en un contexto de gobierno en minoría desde 2023) pueden frenar la implementación plena del PRTR», aducen.