El Gobierno deja en el aire el techo de gasto de las CCAA tras el 23J

El adelanto de las elecciones generales al 23 de julio puede trastocar una de las fechas marcadas en rojo en el calendario del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Antes del 1 de agosto el Ejecutivo ha de trasladar a las comunidades autónomas el conocido como ‘techo de gasto’, es decir, cuál va a ser el límite del gasto no financiero del Estado (incluidos los gobiernos regionales y locales), de cara a la elaboración de las cuentas de 2024 y tras tres años de manga ancha con el gasto público.

Según lo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, «antes del 1 de agosto de cada año el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas informará al Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado«. Normalmente, el Gobierno convoca esta reunión del grupo que reúne al gobierno central y autonómico a finales de julio. Por ejemplo, el año pasado esta cita tuvo lugar el 27 de julio.

Sin embargo, en este caso la fecha límite va a coincidir con un Gobierno en funciones cuya continuidad no está asegurada, a tenor de las encuestas. Por lo que si las urnas arrojaran un cambio de color en el Ejecutivo, ese techo de gasto podría no ser el mismo al que posteriormente dé luz verde el Consejo de Ministros que salga de la próxima legislatura. Lo que podría pillar a muchos Ejecutivos regionales en pleno proceso de elaboración de sus cuentas.

Las reglas fiscales vuelven en 2024

Fuentes del Ministerio que dirige María Jesús Montero no descartan la convocatoria de esta reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera antes del 1 de agosto. «Queda tiempo», deslizan, aseverando que eso no implica que vaya a producirse esta cita con los responsables de cuentas de los distintos gobiernos autonómicos a propuesta del Ejecutivo.

En esta reunión, además, según el citado artículo, también las comunidades autónomas han de transmitir al Gobierno central «información sobre el límite de gasto no financiero que cada una de ellas haya aprobado».

De momento, las reglas fiscales siguen en suspenso y el Ejecutivo, en caso de que no se reactiven, no tendría que llevar la senda de estabilidad al Congreso. Sin embargo, como explican desde Hacienda, el artículo 30 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria «se refiere al gasto no financiero que se recoge en los presupuestos, de acuerdo con criterios presupuestarios, no de contabilidad nacional. Por este motivo, debe considerarse aplicable y no suspendido».

La Airef insta a un acuerdo para la estabilidad presupuestaria

La Autoridad fiscal, la Airef, lleva tiempo reclamando al Ejecutivo que, a pesar de la disolución de las Cortes -el acuerdo del Consejo de Ministros con el techo de gasto y la senda de estabilidad ha de ser validado por el Parlamento-, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos deberían contar con una referencia de estabilidad presupuestaria para elaborar sus cuentas de cara al año que viene.

De hecho, en su último informe sobre la Ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto de 2023 incluyó una nueva recomendación para el Ministerio de Hacienda, por la cual reclaman que se proponga tasas de referencia de crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos para las diferentes administraciones, considerando el carácter temporal o estructural de los ingresos y gastos de cada subsector para 2024, y coherentes con el cumplimiento de la recomendación europea a España.

Lo que la presidenta del organismo, Cristina Herrero, ha venido proponiendo es una suerte de acuerdo, un compromiso político, entre el Ejecutivo, comunidades y gobiernos locales para que, aunque las Cortes estén disueltas y no tenga rango de ley, se vuelva a la estabilidad presupuestaria para evitar que se disparen el déficit y la deuda pública.

El Gobierno en funciones de Rajoy, el precedente

En el histórico de la última década ya hay un antecedente de un Gobierno en funciones que no informó al Consejo de Política Fiscal y Financiera de este techo de gasto en tiempo y forma, como exige la ley de Estabilidad Presupuestaria. En 2016, tras la repetición electoral, el Ejecutivo que lideraba Mariano Rajoy no trasladó las cifras a los Gobiernos regionales hasta finales de año.

Entonces, según las memorias del Consejo de Política Fiscal y Financiera que están colgadas en la página web de Hacienda, quien fuera el titular de la cartera, Cristóbal Montoro, «informó al Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el Pleno celebrado el día 22 de diciembre sobre el límite máximo de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para el ejercicio 2017 que se fijó en 118.337 millones de euros, cifra coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria asignado a la Administración General del Estado».

El acuerdo al que tendría que dar luz verde el Congreso tendría que incluir los objetivos de estabilidad presupuestaria (déficit y deuda), así como el tope al gasto financiero. Los primeros tampoco han recibido luz verde del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La única referencia con la que se cuenta en este sentido pasa por el Programa de Estabilidad que el Gobierno remitió a Bruselas en marzo, donde se comprometieron a reducir el déficit al 3% del PIB y al descenso de la ratio de deuda pública por debajo del 110% del PIB, ambos ya el año que viene.