El Gobierno permitirá a las CCAA ampliar ayudas directas tras la presión de PP y asociaciones

Calviño avanza una "aclaración" al real decreto de ayudas directas a pymes y autónomos para permitir a las CCAA lanzar convocatorias adicionales tras las críticas a los requisitos de asociaciones y regiones del PP

Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y vicepresidenta del Gobierno

Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y vicepresidenta del Gobierno

Tras las críticas de las organizaciones de autónomos y pymes y de varias comunidades autónomas, sobre todo las gobernadas por el PP ante las “complejos” requisitos de las ayudas del paquete de 7.000 millones de ayudas directas aprobados por el Gobierno para pymes y autónomos, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transición Digital, Nadia Calviño, ha anunciado que se permitirá a las CCAA poder lanzar más convocatorias.

Calviño ha avanzado que su departamento está diseñando una aclaración del real decreto de ayudas directas a empresas para que las comunidades autónomas que van “más rezagadas” en la concesión de las ayudas pero que cuenten con recursos disponibles y quieran sacar una convocatoria adicional puedan hacerlo y ejecutar las ayudas “al máximo” de ahora hasta final de año, según ha indicado en declaraciones a Telecinco recogidas por Economía Digital.

En todo caso, ha defendido que los criterios establecidos para las ayudas son los que figuran en las leyes de subvenciones y ha puntualizado que lo que se pide para poder acceder a estas ayuda es acreditar una caída de la facturación como consecuencia de la Covid y la existencia de deudas pendientes, facturas de suministros o deudas financieras. También que la empresa haya tenido pérdidas o que los socios las han asumido.

Pese a admitir que el ritmo en la concesión de las ayudas varía mucho en función de las comunidades, ha aseverado que el Ejecutivo está dispuesto a apoyar a las autonomías con una concesión de ayudas más lenta y ha recordado el esfuerzo realizado desde marzo del año pasado para reforzar el tejido empresarial y evitar las quiebras.

Críticas de asociaciones y CCAA del PP

El anuncio se produce un día después de las 5 comunidades que gobierna el PP en España —Galicia, Andalucía, Murcia, Madrid y Castilla y León— exigiesen en un comunicado conjunto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que rectifique los requisitos que las empresas tienen que cumplir para poder acceder a las ayudas a la solvencia empresarial.

Las regiones ‘populares’ denuncian que los requisitos son “complejos y rígidos”, lo que dificulta que empresarios y autónomos puedan acogerse a este paraguas económico, y criticaron que el Gobierno lanzara las ayudas sin consultar a las CCAA pese a que son estas las encargadas del reparto.

Las asociaciones y patronales de autónomos y pymes, como ATA, UPTA o Cepyme, llevan tiempo denunciando que los requisitos solicitados por el Gobierno dificultan en acceso a las ayudas para empresarios y autónomos y no están llegando como debería a estos colectivos, al concederse apenas la mitad, por cuestiones burocráticas como el escaso margen para la solicitud de las ayudas.

La vicepresidenta primera ya anunció la semana pasada que el Ejecutivo había pedido a la Comisión Europea que se extienda el marco extraordinario de ayudas públicas más allá del 31 de diciembre para poder amplia el plazo de las ayudas directas y “llegar a un conjunto más amplio de empresas que también se han visto afectadas por la pandemia”.

El paquete de ayudas

El Gobierno aprobó el pasado 12 de marzo el nuevo paquete de ayudas de 11.000 millones de euros para la solvencia de las empresas, cuyo reparto ha despertado las críticas en la oposición y las CCAA. De hecho, las regiones del PP han demandado la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar el asunto.

El nuevo paquete contemplaba una línea de 7.000 millones de euros para ayudas directas a empresas y autónomos destinadas al pago de gastos fijos y deudas con proveedores y otros acreedores, a gestionar por las CCAA y cuyo reparto ha generado polémica. Este es el fondo que flexibilizará Hacienda para que las CCAA puedan incluir más sectores.

También se recogía una línea de 3.000 millones para que el ICO pueda acompañar los procesos de reestructuración de deuda financiera, y un fondo de 1.000 millones para la recapitalización de las empresas afectadas.