La OCDE carga contra el «permiso climático» de Yolanda Díaz porque lo pagan las empresas

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La OCDE carga contra el permiso de hasta cuatro días que creó el Gobierno a finales del año pasado, después de la catastrófica DANA del 29 de octubre que asoló la provincia de Valencia, por suponer un «coste adicional» para las empresas «que a menudo se ven afectadas por los mismos fenómenos meteorológicos extremos».

En su informe de ‘Perspectivas del empleo 2025′, el organismo con sede en París incluye una reseña sobre esta licencia para los trabajadores en el caso de situaciones meteorológicas adversas y siempre que las autoridades establezcan restricciones a la movilidad. En concreto, se creó como parte de uno de los Reales Decretos-Ley de respuesta a la DANA, el 8/2024, de 29 de noviembre, un permiso que puede extenderse una vez pasados estos cuatro días y sin perjuicio de que la empresa pueda optar por otras medidas como los ERTE.

Estos días de ausencia remunerada, que entran en vigor siempre que no pueda ejercerse la labor a distancia (por ejemplo, en el caso de un comercio, un bar o un puesto fabril), corren a cuenta de los empleadores, que asumen el 100% del coste.

«Si bien esto sitúa a España entre los países líderes en la protección de los trabajadores frente al cambio climático también supone un coste adicional para las empresas, que a menudo se ven afectadas por los mismos fenómenos meteorológicos extremos«, dice con preocupación el informe de la OCDE.

El Ministerio de Trabajo justificó la creación de este permiso por los cada vez más recurrentes fenómenos meteorológicos, con la previsión de que se aceleren en un futuro, lo que hacía «necesario establecer, con carácter permanente y estable en la ordenación de las relaciones de trabajo, soluciones que permitan que las empresas y las personas trabajadoras puedan llevar a cabo sus actividades en condiciones de seguridad jurídica y de protección de la seguridad y salud», dice el texto de la ley.

Esta licencia se creó para «dotar a empresas y personas trabajadoras de un permiso con reglas claras, que cubra situaciones en las que resulte imposible acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo, como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, así como cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente».

En su momento, la patronal no ahorró en reproches por una medida que no se consensuó con los agentes sociales. «No entiendo que haya gente que aprovecha esto para soltar medidas que ni están pactadas ni se conoce nada. No entendemos que por hacer política se planteen escudos sociales a costa de empresas que están arruinadas», criticó el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

A pesar de este permiso, en su informe la OCDE constata que el mercado laboral español se mantiene resiliente, con una mejora de la tasa de empleo y un descenso del paro. «La sólida demanda interna debería seguir mejorando las condiciones del mercado laboral, con una previsión de descenso del desempleo hasta el 10,7% a finales de 2025 y el 10,1% en 2026», apunta el documento.

Sin embargo, las retribuciones es la variable que más preocupa a la OCDE. Si bien el desempleo ha bajado y los salarios nominales han aumentado en los dos últimos años, los incrementos no han sido suficientes para paliar el mordisco de la crisis inflacionaria de finales de 2021 y 2022-2023. En concreto, el organismo calcula que los salarios reales (es decir, descontada la inflación en el periodo) siguen siendo en el primer trimestre de 2025 un 4,2% inferiores a los del primer trimestre de 2021.

«Esto sitúa a España en línea con la evolución salarial de la zona euro, pero por detrás de la mayoría de las principales economías de la OCDE. Entre estas, solo Australia e Italia experimentaron un descenso de los salarios reales más pronunciado que España en el mismo período«, apunta el documento.

Pero si los sueldos generales están un 4,2% por debajo de lo que representaban en 2021, esto no sucede con todas las retribuciones. En concreto, las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) han hecho que esta menor paga posible esté un 3,1% por encima de su nivel de 2021, de nuevo en términos deflactados. Un incremento menor que el de la media OCDE, que fue del 7,9%. «No obstante, en términos netos, el salario mínimo español sigue siendo superior al 60% del salario mediano», dice el documento.