Tirón de orejas de la OIT a Yolanda Díaz sobre la reducción de jornada: debe consultar a las patronales

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha encontrado oposición a su reforma estrella, reducir la jornada laboral, en el marco de la cumbre de la ONU celebrada esta semana en Sevilla. El director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert F. Houngbo, ha advertido de que el debate impulsado por el Ejecutivo español debe abrirse a las patronales: «Tiene que incluir también a los sindicatos y a las asociaciones de empleadores».

El mensaje ha llegado en plena tramitación parlamentaria de la ley que rebajará la jornada semanal de 40 a 37,5 horas sin pérdida salarial. Díaz ha defendido que la medida «se va a aprobar», pero Houngbo ha insistido en que debe sostenerse sobre un consenso más amplio. «Este debate va a surgir sí o sí por la inteligencia artificial y la evolución del trabajo. Es mejor abrirlo ahora», ha asegurado.

El máximo responsable de la OIT ha reconocido, por otra parte, el valor del planteamiento español, pero ha indicado que no basta con legislar desde el Gobierno. «Agradezco el enfoque holístico, pero la clave es que el proceso incluya a todos los actores», ha reiterado.

Las palabras de Houngbo llegan cuando la iniciativa se enfrenta a una enmienda a la totalidad registrada por Junts en el Congreso, que podría tumbar el texto incluso antes de debatirse. La formación independentista ha señalado que el proyecto no tiene en cuenta las particularidades de las pymes catalanas y ha exigido que el Gobierno escuche a los sectores más afectados.

Rechazo de las asociaciones empresariales

Las principales patronales han reaccionado contundentemente a lo largo de los últimos meses contra la propuesta. CEOE y Cepyme han pedido a los partidos que frenen la reforma y han advertido de un «grave impacto» sobre el empleo y la viabilidad de muchas empresas. Cepyme, más en concreto, ha advertido que los costes laborales se incrementarían un 6 % adicional si se aprueba la medida sin ajustes salariales.

También se han pronunciado las patronales sectoriales. Panaderos, carniceros, pescaderos y la construcción han mostrado su «total oposición» a una reducción de jornada que consideran «inviable» y «contraria» a la productividad.

La patronal catalana Cecot, por su parte, ha afirmado que «no mejora la competitividad y encarece los costes»; mientras que la asociación de pymes catalanas, Pimec, ha alertado de un riesgo «insostenible» para microempresas y autónomos.

Apoyo sindical

Díaz, sin embargo, ha reiterado que la ley cuenta con «el apoyo de la ciudadanía» y ha recordado que ya ha sido firmada por los sindicatos mayoritarios. «Es un debate sobre la vida. Empezamos a recuperar lo más valioso que tenemos: el tiempo», ha defendido.

El acuerdo prevé su entrada en vigor en verano de 2025, aunque tiene margen hasta diciembre para adaptar los convenios colectivos. La vicepresidenta también ha lanzado una advertencia a las patronales: si la norma es bloqueada, el Gobierno aprobará por decreto el refuerzo del control horario.

«El registro actual no funciona. Algunas empresas hacen firmar en blanco», ha denunciado. El nuevo sistema incluirá registros digitales accesibles para la Inspección y sanciones por cada trabajador afectado.

La OIT, por su parte, ha valorado positivamente que España impulse estos cambios, pero ha insistido en que deben ser sostenibles y participativos. Houngbo ha recordado que «la justicia social es el núcleo del desarrollo» y ha apelado al multilateralismo para garantizar sistemas de protección más inclusivos.

Posicionamiento sobre la OPA BBVA-Sabadell

La también ministra de Trabajo ha aprovechado la cumbre para cargar contra la «ola internacional del odio» que, según sus palabras, encabezan líderes como Donald Trump (presidente de Estados Unidos), Elon Musk (empresario y ex consejero superior del presidente de EE.UU.) o Viktor Orbán (primer ministro de Hungría).

También ha sido consultada por la OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell. Díaz ha considerado que «es una pésima noticia» que agudiza «la concentración bancaria, la exclusión financiera y la destrucción de empleo».

Ha señalado que el BBVA calcula 5.000 despidos, mientras los sindicatos elevan esa cifra a 10.000. Y ha apuntado a que la operación, si sale adelante, «va a encarecer el crédito y debilitar la democracia económica».