Yolanda Díaz convierte a las eléctricas en su nuevo objetivo: exige fijarlas un impuesto extraordinario

La vicepresidenta reclama redistribuir los beneficios de las empresas cotizadas, congelar alquileres y bajar el IRPF a rentas bajas pero se opone a la bajada de impuestos generalizada que pide el PP

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. EFE/ Juan Carlos Hidalgo

Yolanda Díaz tiene claro qué sector tiene que asumir un mayor coste para hacer frente a la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania y por ello se ha marcado como objetivo conseguir que las compañías eléctricas contribuyan a mitigar los efectos de la crisis. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reclama un impuesto extraordinario a las eléctricas para «compensar los daños sociales», así como congelar los alquileres y bajar temporalmente el IRPF a rentas bajas.

De esta forma, Yolanda Díaz ha ido más allá en su ofensiva contra las eléctricas después de que este miércoles en el Congreso avanzase, sin concretar medida alguna, que el Gobierno usará los «grandes beneficios» de las eléctricas para «paliar» la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores ante el aumento de la factura de la luz de los consumidores en plena crisis energética por la guerra en Ucrania.

La vicepresidenta segunda ha sido más explícita este jueves en una entrevista en RNE en la que ha desvelado que se trataría de un nuevo impuesto extraordinario para gravar los beneficios de compañías eléctricas como Iberdrola, Endesa o Naturgy, en línea con lo que ha venido defendiendo su compañera en la facción de Unidas Podemos en el Gobierno, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

«Creemos que ha llegado el momento de incorporar un impuesto extraordinario a las eléctricas para compensar los daños sociales que hay«, ha defendido Díaz, volviendo a criticar que las tres grandes eléctricas en España hayan «incrementado del 2020 al 2021 un 47% sus beneficios antes de impuestos», hasta los 10.222 millones de euros.

En este sentido, ha insistido en defender que que «tienen que contribuir en esta crisis». El planteamiento coincide con lo expresado el pasado lunes por la OCDE, que propuso subir impuestos a las eléctricas por el aumento de los precios, pero choca con la postura del PSOE que afirmó que no se subirían los tributos a las compañías energéticas.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, aseguró este lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez no contempla, por el momento, subir impuestos a las empresas eléctricas para compensar la subida de la factura de la luz, pero sí aboga por reducir sus beneficios extraordinarios y por conseguir la desvinculación del precio del gas respecto del precio de la electricidad.

Ve «insuficiente» la propuesta de limitar a 180 euros el megavatio hora

En una comparecencia tras reunirse con el ministro de Trabajo y Políticas Sociales de la República Italiana, Andrea Orlando, y la ministra de Trabajo, Solidaridad y Seguridad de la República Portuguesa, Ana Mendes, Díaz ha dicho que «no es suficiente» la propuesta de la vicepresidenta tercera de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de proponer junto a Francia limitar el precio de la luz a 180 euros el megavatio hora (MWh).

Díaz ha detallado que ha conversado con el departamento de Ribera pero ha dejado claro que «no están cerradas las propuestas» y que se va a continuar trabajando. Eso sí, ha marcado la necesidad de abordar tres paquetes de medidas: uno en el corto plazo con «mucha rapidez» mediante el plan de choque, otras medidas a medio plazo y medidas de carácter estructural. Eso sí, pese a ver necesaria la urgencia ha defendido que se está actuando ya con «absoluta rapidez y urgencia» ante la gira de Sánchez por la UE para conciliar apoyos a las medidas energéticas.

Tras reunirse el miércoles con 100 economistas, ha asegurado que llegaron a cuestionar que una bajada generalizada de hidrocarburos ya que produce efectos desiguales en función del nivel de renta salarial, al tiempo que, según ha dicho, rechazaron las bajadas generalizadas de impuestos ante la necesidad de recursos públicos, y plantearon un gran acuerdo social y energético que vaya más allá de topar los precios.

Entre tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado Rumanía en su gira para reunirse con varios socios de la Unión Europea y encontrar soluciones al elevado precio de la electricidad, antes del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo. Se ha reunido con el primer ministro de Rumanía, Nicolae Ciucă, y ha coincidido con el presidente del país heleno, Klaus Lohannis, en actuar sobre el mercado para bajar el precio de la electricidad.

Pide redistribuir beneficios del Ibex , congelar alquileres y bajar IRPF a rentas bajas

Más allá de su objetivo central de conseguir fijar un impuesto extraordinario a las eléctricas, Yolanda Díaz también ha puesto en la picota a las empresas cotizadas, al recordar que las compañías cotizadas en Bolsa en España alcanzaron beneficios de 64.000 millones de euros.

Ante este volumen de beneficios la vicepresidenta segunda ha defendido también que «estos beneficios deben redistribuirse», en línea con el objetivo fijado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el pacato de rentas que promulga y para el que pide moderación en las subidas salariales y control de beneficios y dividendos empresariales. Además del impuesto a las eléctricas y la distribución de beneficios de cotizadas, Díaz pide congelar alquileres y bajar el IRPF a rentas de menos de 16.820 euros, pero rechaza la bajada generalizada de impuestos que reclaman el PP y se desmarca de un posible pacto con los conservadores.

La titular de Trabajo ha dicho que todavía no se dispone de datos de la afectación al empleo de la guerra, pero ha avanzado que ya se observa cómo hay sectores sin suministros. «Vamos a un escenario complejo», ha advertido, a pesar de que ayer el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, negó que la guerra y la inflación estén afectando por ahora al empleo, avanzando que habrá 146.000 ocupados más en marzo. «Es evidente que esta crisis va a afectar en el PIB y el empleo», ha lamentado, pidiendo «decir la verdad», aunque ha matizado que Escrivá se pronunció bien porque hasta ahora no ha habido impacto.

El Gobierno arrancó ayer los contactos con los grupos (PP, Ciudadanos y PNV) para recabar sus propuestas y negociar las medidas del Plan Nacional de respuesta a la guerra que aprobará en Consejo de Ministros el 29 de marzo para bajar el precio de la gasolina, la luz y el gas, sin embargo desde la oposición denuncian la inconcreción y falta de claridad en las posibles medidas.

Aunque se van a ir concretando y perfilando las medidas a lo largo de estas dos próximas semanas en los distintos contactos y reuniones con grupos, sectores afectados y agentes sociales, no se terminarán de cerrar hasta después del Consejo Europeo de los próximo 24 y 25 de marzo, aunque se tomarán medidas haya o no consenso en esa importante cita europea. 

Entre las propuestas que España ha realizado para que la Unión Europea las adopte figuran desacoplar el precio del gas del de la fijación del precio de la electricidad, topar los precios de la energía en el mercado mayorista, reforzar las interconexiones energéticas, la compra centralizada de gas a nivel europeo y reducir la dependencia del gas ruso a través de la diversificación de suministradores y del despliegue de las energías renovables.

El Gobierno trabaja en las distintas opciones en el marco de la Comisión Europea y a nivel nacional, como ayudas de Estado, ayudas fiscales, topar el precio o incluso el establecimiento de un precio único de la energía a nivel europeo y nacional. Tampoco se descartan medidas dirigidas a extraer recursos de las grandes empresas o rentas dentro de un paquete «muy amplio y ambicioso» para bajar la gasolina, la luz y el gas a los ciudadanos haya o no consenso a nivel europeo.

Fuentes gubernamentales confirman a Economía Digital que aunque no hay nada decidido del todo, sobre la mesa se contemplan bajadas fiscales selectiva, como una bajada del IVA de los hidrocarburos del 21% al 10% y rebajar también el gasóleo mediante subvenciones para los transportistas y agricultores, colectivos que se están viendo impactados de lleno por la crisis energética derivada del conflicto bélico, así como posibles bonos y cheques directos a los colectivos más vulnerables.