Yolanda Díaz ordena a la Inspección vigilar los fijos discontinuos y los despidos en periodo de prueba

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha ordenado a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que ponga el foco en dos de las principales problemas derivados de la reforma laboral de 2022: los falsos fijos discontinuos y la emergencia de los despidos de empleados indefinidos durante el periodo de prueba.

La reforma laboral que Díaz negoció con patronal y sindicatos en 2021 tuvo como objetivo la reducción de la temporalidad en el mercado de trabajo español, uno de los principales desequilibrios desde principios de siglo. Para ello, se eliminó la figura del contrato por obra y servicio y se limitó la posibilidad de hacer contratos de duración determinada. El contrato indefinido pasó a ser la relación contractual determinada y se potenció el fijo discontinuo para hacer frente a las actividades estacionales, como las vinculadas a la temporada turística o al campo.

Pero precisamente esos cambios en la legislación laboral han provocado nuevos fraudes y Díaz, a través del nuevo Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo 2025-2027, ha mandatado endurecer la vigilancia para contrarrestarlos.

«Actualmente, el fraude en la contratación temporal subsistente coexiste con conductas fraudulentas vinculadas al uso irregular de contratos fijos discontinuos, que se celebran, en ocasiones, para supuestos diferentes a los regulados en el artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores. También merece atención el fraude relativo a la extinción contratos indefinidos por falta de superación del período de prueba de forma irregular, bien por un uso recurrente de esta posibilidad de extinción de los contratos, por uso reiterado para un mismo puesto y misma persona trabajadora, o bien por extinguir los contratos con base a dicha causa una vez que ha expirado su duración máxima», señala el documento publicado este viernes en el BOE.

Desde la entrada en vigor de la reforma laboral, con efectos plenos en marzo de 2022, el número de cotizantes con un contrato fijo discontinuo se ha disparado del entorno de los 300.000 hasta superar el millón de trabajadores en meses como mayo o junio, cuando conviven empleos vinculados a la temporada turística y sigue el curso escolar, por lo que están en vigor muchos puestos del sector educativo que emplean esa figura.

En este mismo periodo, los despidos de un trabajador indefinido por no superar el periodo de prueba han pasado de 200 o 300 a superar las 3.000 todos los meses, un fenómeno que puede encubrir contrataciones temporales que aprovechan el periodo de prueba para zanjar la relación laboral y evitarse el pago de indemnizaciones.

Así, el Plan establece que «se intensificarán las actuaciones inspectoras para el control de la contratación» mediante cruces masivos de datos y visitas a centros de trabajo. En cuanto a la contratación temporal, los inspectores reforzarán la vigilancia sobre aquellas empresas que recurren a estas modalidades para cubrir puestos de trabajo estables.

Sobre los fijos discontinuos, «será prioridad la regularización de relaciones laborales de carácter fijo discontinuo en el que no se dan las condiciones de intermitencia y estacionalidad requeridas en el Estatuto de los Trabajadores, tanto a través de planes de choque, como de actuación ordinaria».

El Plan aprobado por el Consejo de Ministros también mandata a intensificar la «detección de abusos» en esos despidos por no superar el periodo de prueba «cuando la finalidad última sea la de eludir el carácter indefinido del contrato de trabajo, y el pago de indemnización por finalización de la relación laboral en la cuantía marcada por la normativa».

Además, también pretenden evitar fraude a través de las contratas o subcontratas, para evitar «cesiones ilegales» de trabajadores.

El extenso documento contempla la adhesión de 500 nuevos efectivos de inspección al organismo y también fija prioridades como el refuerzo de las actuaciones en materia de jornada laboral y de lo relativo a la desconexión digital, aunque no haya salido adelante la ley que contenía la reducción del tiempo de trabajo a 37,5 horas semanales.

El plan se fija también como objetivo el garantizar los derechos de los representantes de los trabajadores en los centros de trabajo «como aliados para el cumplimiento de la normativa laboral». Así, se diseñarán planes y programas de formación específicos para conocer los derechos de los delegados sindicales.

Asimismo, las plataformas digitales como Glovo o similares contarán con una vigilancia especial, ya que se va a estrechar la cooperación con la Agencia Tributaria para el traspaso de información «permita conocer aquellas personas físicas receptoras de pagos realizados por plataformas digitales» y permita aflorar empleo no declarado.