Yolanda Díaz impulsa una ley para restar poder al consejo de administración frente a los empleados

La reforma de Yolanda Díaz se abordará este año para impulsar la cogestión en la dirección de las empresas incorporando a los trabajadores en los consejos de administración

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo / EFE

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, abanderada de la subida del SMI. EFE

Yolanda Díaz planea un nuevo impulso legislador del Ministerio de Trabajo y Economía Social que dirige en lo que queda de año. La vicepresidenta segunda abordará este año una reforma para incorporar la «cogestión» en la dirección de las empresas, de forma que los trabajadores puedan formar parte de los consejos de administración de las compañías.

La ministra de Trabajo ya está dando inicio al nuevo impulso legislador de cara al segundo semestre del año, de forma que en breve empezará a trabajar en el marco del diálogo social con la patronal y los sindicatos en la elaboración de una ley de participación institucional en la Administración General del Estado y órganos periféricos, mediante la cual los sindicatos recibirán nuevas cantidades por sus negociaciones con el Ejecutivo, además de las subvenciones anuales, que la propia Díaz ha elevado ya a 17 millones de euros.

Todo ello se encuadra en el gran proyecto del Ministerio, que será acometer la gran reforma del derecho laboral en España con la constitución en este mes de mayo de una comisión de expertos de cara a una nuevo Estatuto de los Trabajadores, según anunció la propia Díaz el pasado 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador.

La reforma para la cogestión en la dirección de las empresas será una de las reformas de calado que Díaz quiere abordar en 2022 y para la que los tiempos de elaboración serán «los menos posibles», según confirman a Economía Digital en fuentes del Ministerio, con el fin de lograr instaurar un modelo de cogestión en las compañías similar al de otros países europeos, como Alemania, o en empresas públicas como la SEPI o Navantia.

Lo cierto es que Díaz lleva un tiempo barruntando la modificación legislativa en aras de una cogobernanza entre empresa y trabajadores al considerar que se trata de la principal asignatura pendiente del mundo profesional en España, tras el intento fracasado de llevar a cabo estos pasos en el mundo empresarial por el secretario general de CCOO Marcelino Camacho en el año 1980.

Con la reforma Díaz se marca el objetivo de abrir a los trabajadores los órganos de decisión y la propiedad de los medios de producción de las empresas, tal y como deslizó ya el pasado mes de enero en una charla con el economista francés Charles Picketty.

Objetivos y memorando con Alemania

Fuentes gubernamentales explican que la reforma sobre la cogobernanza «no va a ser inmediata» ante la «urgencia» de las medidas para paliar el plan de choque contra la guerra en Ucrania, pero confirman que se está trabajando ya en ello trabajando a escala internacional en el análisis de las experiencias desarrolladas en otros países como Alemania.

La vicepresidenta viajó la semana pasada a Alemania y allí trabajó con las autoridades nacionales en torno a este asunto. De hecho, en nombre de España Díaz suscribió con su homólogo alemán, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Hubertus Heil,un memorando por primera vez sobre democracia económica.

Alemania es precisamente uno de los países más avanzados en esta materia al aplicarse regulación desde el año 1976. La Ley de Cogestión regula la representación de los trabajadores en los órganos de dirección de empresas con una plantilla superior a los 2.000 trabajadores. Le antecede la ley que regula la cogestión en la minería y la industria del acero, sectores considerados estratégicos por las fuerzas aliadas y aprobada en 1951.

Yolanda Díaz junto a Hubertus Heil
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y su homólogo alemán, el ministro de Trabajo, Hubertur Heil.

La idea de Díaz es abordar junto a Alemania actividades de colaboración con empresas alemanas para avanzar en cogestión, ya que el artículo 129.2 de la Constitución española aborda la posibilidad pero se circunscribe a los comités de empresa y alguna representación sindical, sin desarrollo pleno hasta la fecha.

Concretamente, dicho artículo de la Carta Magna se limita a señalar que «los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.

La ministra de Trabajo quiere fomentar el derecho de voto en las empresas y abrir los órganos de decisión de las compañías para que las decisiones no se circunscriban solo al ámbito de los consejos de administración, sino que participen los trabajadores para abordar los retos productivos del sector específico y del país en su conjunto.

Sociedades cooperativas

Lo cierto es que en los últimos meses y especialmente a raíz de la invasión de Ucrania por Rusia, la vicepresidenta ha criticado en varias ocasiones los salarios «obscenos» de los directivos del Ibex y que los consejos de administración de grandes compañías y multinacionales estén «apegados la reparto de los dividendos». Ha pedido por ello que las compañías asuman parte del coste del impacto del conflicto bélico.

De hecho, el Gobierno ya incluyó en el Plan Nacional de Respuesta a la guerra aprobado el pasado 30 de marzo y convalidado la semana pasada la prohibición de los despidos objetivos en las empresas que hayan recibido ayudas públicas directas por causas relacionadas con el incremento de los precios de la energía, así como en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y los nuevos ERTE cíclicos y sectoriales del Mecanismo RED. Lo que finalmente se quedó aparcado es la medida de impedir las bajadas de salarios que también impulsaba el Ministerio de Trabajo.

Asimismo, el departamento de Trabajo ha iniciado un proceso de consulta pública para actualizar y adecuar la Ley de Cooperativas que data del año 1999 a la realidad actual, con la intención de acabar con los falsos autónomos gracias a la flexibilidad interna que presentan estas sociedades.

En el texto lanzado a consulta pública el Ejecutivo ve «imprescindible contemplar medidas que prevengan el intrusismo en el ámbito cooperativo, con un importante coste reputacional derivado de prácticas de competencia desleal, que perjudican tanto al movimiento cooperativo, como a las personas trabajadoras y al propio funcionamiento del mercado económico”. Ello se abordará con nuevas medidas para reducir el fraude de ley que suponen los falsos autónomos.

La nueva normativa estatal dará cabida a nuevos tipos de cooperativa surgidos en los últimos años, como las cooperativas energéticas, las cooperativas de vivienda de cesión en uso, y otras fórmulas, al tiempo que se unificará la normativa estatal con la autonómica. Fuentes gubernamentales anticipan que previsiblemente se lanzará una nueva campaña por parte de la Inspección de Trabajo y se crearán nuevas sanciones.