Aena enquista otro año el conflicto con los inquilinos para esquivar la rebaja dictada por el Gobierno

La empresa se niega a ajustar la factura a los restaurantes y comercios que denunciaron hasta que se pronuncie el Constitucional, pero la mayoría de juicios ni han empezado

Pasillos del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, gestionado por la empresa pública Aena. EFE

Los inquilinos de Aena recibirán este mes de enero la factura del alquiler de los locales de los aeropuertos correspondiente al año 2021. Los comercios y restaurantes esperan que se aplique la rebaja dictada por el Gobierno, es decir, que la renta se ajuste al tráfico de pasajeros, que fue un 56% inferior al de 2019 según los datos publicados por la compañía este mismo martes.  

Los grandes operadores no tienen claro que esto vaya a ocurrir porque siguen sin recibir las facturas ajustadas de 2020 y denuncian que Aena está esquivando la ley para alargar el conflicto en los tribunales, elevarlo al Tribunal Constitucional y no perder tanto dinero. Así que dan por hecho que el conflicto con los inquilinos se dilatará un año más. 

La guerra de Aena y los operadores comerciales por las rentas mínimas garantizadas (RMGA) empezó hace doce meses. El 18 de enero de 2021 la empresa que preside Maurici hizo una oferta a los inquilinos para amortiguar el golpe de la crisis, rebaja del 100% de la renta a todos los inquilinos durante el primer estado de alarma, y descuento del 50% desde 21 de junio de 2020 y hasta el 8 de septiembre de 2021.  

Una medida que no gustó e incluso llevó a los más pequeños a agruparse bajo la Asociación Española de Operadores Comerciales de Aeropuertos (AEOCA), que reúne a más de una treintena de empresas del sector retail y de restauración, para defenderse.  

Aena revela que envió 159 propuestas y la aceptaron 91, pero estos solo suponen el 11% de la facturación total de la empresa. Los inquilinos que la aceptaron siempre han defendido que no estaban de acuerdo con la solución ofrecida, pero no tenían recursos para litigar. Y en general, grandes y pequeños defendían lo mismo: que el alquiler de los locales debía adaptarse a la caída de pasajeros. 

Los principales arrendatarios, donde se encuentran firmas como Dufry, el grupo SSP o Areas si rechazaron el acuerdo y optaron por judicializar el proceso. Además solicitaron en los Juzgados que se adoptaran medidas cautelares para que Aena no pudiera facturar las rentas mínimas pactadas en los contratos y suspendiera el derecho a la ejecución de las garantías disponibles ante un posible impago de las mismas.   

El Senado y el Congreso apoyaron a los inquilinos

Aunque cada uno siguió un camino distinto, los operadores lograron que el conflicto pasara a la esfera pública. El septiembre, el Senado sacó adelante una enmienda para que Aena adaptara los alquileres al flujo de pasajeros y solo unos días después lo refrendaba el Congreso de los Diputados.   

La norma establece que Aena no puede exigir el pago del alquiler a ningún inquilino durante el periodo del 15 de marzo y el 20 de junio de 2020. Y que a partir del día 21 de junio de 2020, la renta mínima fijada en los contratos queda automáticamente reducida en proporción directa al menor volumen de pasajeros en el aeropuerto donde se ubique el local respecto al volumen de pasajeros que existió en ese mismo aeropuerto en 2019.   

Una medida que estará en vigor hasta la recuperación de la actividad previa a la crisis. Con la ley en la mano, los operadores que habían pagado (principalmente, los que no denunciaron) pidieron a Aena que les devolvieran lo que habían pagado de más en 2020 y los que habían denunciado, pidieron que rectificaran la factura del año anterior para poder pagar.  

Pero tres meses después, Aena sigue sin hacer caso a estas peticiones. Desde AEOCA explican que los operadores han pedido estar al corriente de pago para acabar con el proceso judicial, pero la empresa “está incumpliendo la ley”, así que han reclamado –burofax mediante- para que ajusten a la ley las facturas de 2020. 

Desde Aena aseguran que están cumpliendo la ley y están tramitando la devolución a todos aquellos operadores con los que no hay un proceso judicial, con el resto, sin embargo, están solicitando que se plantee ante el Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad.  

“Como cualquier persona física o jurídica, Aena tiene derecho a defenderse” añaden. La estrategia de la compañía, que pertenece en un 51% al Estado, es esperar a que los jueces se pronuncien en los más de 100 casos que están abiertos ahora mismo sobre la cuestión de inconstitucionalidad.  

Pero los inquilinos insisten en que la empresa “tiene que cumplir la ley mientras esto se discute”. Ya que en la mayoría de procesos ni si quiera se ha producido el juicio, de hecho, buena parte de ellos empezarán en octubre. “Y hasta que quepa la cuestión de inconstitucionalidad pueden pasar otros dos años más”, concluyen. 

Cristina Hidalgo