La minera Berkeley reclama a España 920 millones por una explotación de uranio en Salamanca
Si prospera la causa ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones será la mayor demanda contra España desde el gobierno de Rodríguez Zapatero
Explotación minera en Retortillo (Salamanca). Foto Berkeley Minera España
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Berkeley Exploration Limited, empresa británica dueña de Berkeley Minera España, ha comenzado un proceso de arbitraje contra España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), buscando una compensación de aproximadamente 1.000 millones de dólares (920 millones de euros).
La empresa defiende que las acciones tomadas por España contra su proyecto minero de uranio en Retortillo (Salamanca) han infringido varias disposiciones del Tratado de la Carta de la Energía (TCE).
Berkeley había adelantado su intención de iniciar este arbitraje, y ahora ha confirmado oficialmente esta medida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Se estima que esta reclamación podría convertirse en la mayor enfrentada por España desde la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
Berkeley ofrece una negociación amistosa
A pesar del conflicto, Berkeley enfatiza su compromiso con el proyecto y sigue abierto “al diálogo constructivo” con España.
La empresa afirma que está lista para colaborar con las autoridades españolas en la búsqueda de una solución amistosa para la situación de los permisos y espera que las conversaciones puedan tener lugar pronto.
En noviembre de 2022, Berkeley informó al presidente del Gobierno español y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) sobre la disputa de inversión, detallando las presuntas violaciones del TCE y proponiendo negociaciones para una solución amistosa.
Hasta la fecha, el Gobierno español no ha iniciado ninguna conversación sobre la disputa, lo que ha llevado a Berkeley a recurrir a un arbitraje internacional para proteger sus derechos en el proyecto.
La solicitud de arbitraje ha sido presentada por los bufetes de abogados Herbert Smith Freehills y LCS Abogados, quienes representarán a Berkeley en el proceso.
En la próxima etapa del procedimiento, se nombrarán los miembros del tribunal, con que así ya queda formalizado su establecimiento.
Las inversiones de Berkeley
Berkeley destaca que su proyecto será fundamental para revitalizar el empleo en una zona afectada por la despoblación durante décadas.
Hasta el momento, indica, ha invertido más de 100 millones de euros, con más del 40 % de esa inversión permaneciendo en la región, y ha generado más de 70 empleos.
Subraya además que el proyecto se está desarrollando “bajo los más rigurosos estándares de protección ambiental y sostenibilidad”.
En cuanto a la producción, señala que el proyecto Salamanca tiene una capacidad de producción de 4,4 millones de libras de U3O8 por año, suficiente para cubrir más del 100 % de la demanda doméstica de España y el 15 % de la demanda europea. Estas cifras podrían mantenerse durante al menos 14 años, basándose en las reservas actuales del proyecto.
Además, destaca que con la capacidad de abastecer más del 10 % del consumo de uranio de la Unión Europea, el proyecto está alineado con los objetivos establecidos para 2030 en la recientemente aprobada Ley de Materias Primas Críticas.
Según Berkeley, en los últimos dos años ha habido avances significativos que reconocen a la energía nuclear como “una tecnología clave para la transición energética a nivel mundial”, especialmente en Europa. Recuerda que la mayoría del suministro de uranio de Europa proviene de jurisdicciones geopolíticamente inestables como Rusia, Uzbekistán, Kazajistán y Níger.
