DIA mueve ficha contra Currás y Coto

La cadena de supermercados refleja en sus cuentas una provisión de más de un millón de euros por "compensaciones por pactos de no competencia"

La cadena de supermercados DIA ha contraatacado a los accionistas minoritarios de la compañía que presentaron una denuncia contra el antiguo equipo gestor, liderado por los exconsejeros delegados, Ricardo Currás y Antonio Coto. La compañía de Mikhail Fridman se ha personado como parte perjudicada en la denuncia, según reflejó ayer en el informe de los resultados del ejercicio de 2019

DIA señala que el pasado 16 de enero tuvo conocimiento de la denuncia, presentada el pasado 14 de noviembre ante el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. En la querella presentada, varios accionistas del grupo de distribución acusan a Currás de “administración desleal” y de “falsedad contable”. 

Esta querella, según explica la compañía, tiene su origen hace un año, el 6 de febrero de 2019, cuando DIA pidió a la Fiscalía Anticorrupción que iniciara una investigación tras conocer el informe de la firma de consultoría Ernest&Young (EY). Esta compañía había detectado irregularidades en las cuentas de 2016 y 2017.

De esta forma, DIA señala que esa auditoría ya ha sido incorporada a la denuncia presentada por los accionistas. Asimismo, la cadena de supermercados dice que fue notificada el pasado 10 de enero por la Audiencia Nacional en un auto “el en que se determinan los hechos investigados, los delitos que podrían haberse cometido y las personas a ser llamadas como investigadas dentro del procedimiento”. 

DIA ha provisionado algo más de un millón de euros del pago a los exconsejeros delegados Antonio Coto y Ricardo Currás

Este auto, según DIA, le ha producido “una serie de perjuicios”. En consecuencia, la compañía ha solicitado que se la incluya como parte perjudicada en el caso. De la misma forma explica que “el procedimiento se encuentra en una fase judicial inicial de investigación”.

El grupo de distribución indica a su vez que se han provisionado 504.000 euros en concepto de “compensaciones por pactos de no competencia” a Currás, así como otros 607.000 euros en el caso de Coto, provisionando el montante total -algo más de un millón de euros- el pasado 31 de diciembre. 

Litigios en Argentina

DIA también recoge en sus resultados otros litigios que mantiene abiertos en Argentina. El primero parte de diciembre de 2018, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) interpuso una reclamación ante el Fuero Penal Económico por presunta evasión fiscal. En concreto, los reguladores argentinos dudaban de la condición de los franquiciados de la compañía como empleadores, debido a “su aparente falta de solvencia económica”. 

Según la AFIP, los franquiciados serán empleados y, por tanto, sus deudas podrían reclamarse a DIA Argenitna, la filial de la cadena. Sin embargo, la cadena de supermercados defiende que la hipótesis de la AFIP “se ve disminuida” basándose en dos criterios: los antecedentes judiciales favorables en casos similares y otras resoluciones favorables del Ministerio de Trabajo Nacional, en los que “se reconocen las figuras autónomas e independientes”. 

La Asociación Mutual Argentina de Emprendedores reclama un importe de “aproximadamente 9 millones de euros”

Aunque la AFIP no ha determinado un importe, la única estimación es de aproximadamente 300.000 euros. Además de este procedimiento, DIA señala otro, con fecha del 18 de febrero de 2019, cuando la Asociación Mutual Argentina de Emprendedores (AMEA) inició una investigación para, el 16 de julio del mismo año, acusar a DIA Argentina formalmente “como partícipe de una presunta intermediación financiera no autorizada”.

La acusación, según la cadena, se basa en que la compañía “tenía una relación comercial con esa dicha asociación”. “Esta resolución fue apelada y aún está pendiente de decisión por un tribunal superior colegiado”, señala el grupo de distribución. Si finalmente es condenada, se le aplicará una multa por un importe de entre dos y ocho veces el montante de las transacciones realizadas con AMEA, esto es, “aproximadamente 9 millones de euros”.