Franquiciados de Carrefour reclaman 600.000 euros por mermas y competencia desleal
Cuatro gerentes de supermercados Carrefour Express acusan a la empresa de plantear previsiones “lejos de la realidad” y de hacerles responder con su patrimonio personal, pese a tratarse de sociedades mercantiles
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Los franquiciados de Carrefour vuelven a los tribunales. Después de recibir más de una docena de demandas en 2017, un grupo de gestores de sus supermercados Express reclaman indemnizaciones de entre 250.00 y 600.000 euros por presuntas irregularidades en sus contratos, desabastecimiento y una supuesta competencia desleal que les habría causado mermas en su actividad económica.
Por ahora, hay un caso que ya está en manos de los jueces y tres más preparando demandas, después que un intento de negociación con la compañía no haya dado frutos. Así lo explica Andrea García, abogada del bufete García-Lázaro Abogados, que está gestionando los casos, mientras mantiene que las comunicaciones han sido unilaterales: no ha obtenido respuesta por parte de Carrefour. “Saben que tienen las de ganar, los tienen atados de pies y manos con contratos con cláusulas leoninas”, opina.
Aunque cada caso tiene sus particularidades, la letrada asegura que siguen “un patrón”. Carrefour envía a los franquiciados un “proyecto previo” que serviría como estudio de mercado con cifras que incluyen inversiones, posibles gastos y una previsión de ventas para los años en los que, de firmarlo, sería vigente el contrato de franquicia.
“Luego los números no se corresponden con la realidad, ni siquiera la inversión inicial”, argumenta la abogada. El problema recae en que esta información precontractual no es vinculante a nivel legal, pero los afectados ya empiezan a constituir la sociedad o a pedir algunos préstamos con esta información antes de firmar el contrato oficial. En uno de los casos, esta inversión ha sido de 400.000 euros y el afectado ha acabado perdiendo 90.000 euros.
«Patrimonio presente y futuro»
También sobre los contratos, la letrada asegura que, pese a tratarse de sociedades mercantiles, los franquiciados de Carrefour tienen que firmar la documentación de forma personal, por lo que, de existir una deuda futura, debe de responder tanto la sociedad como las personas físicas, es decir, los gerentes de las tiendas. “Si la franquicia va en declive, ¿quién paga la deuda? De la sociedad no queda nada, pues la persona física con su patrimonio presente y futuro”, opina.
Otra de las acusaciones de los querellantes, es una supuesta competencia desleal causada por la apertura de los supermercados Carrefour Market, de gestión directa de la distribuidora, cerca de las franquicias Express. En Andalucía, el grupo galo compró la cadena regional Supersol y actualmente está abriendo Markets en estos centros. Según la abogada, en estos establecimientos los precios son más bajos de los que Carrefour estipula para sus franquiciados lo que, inevitablemente, lleva a los consumidores a ir a los Market.
Los afectados aseguran que la matriz prioriza sus propios establecimientos frente a las franquicias en el reparto de productos, hasta el punto que las baldas quedaron “casi vacías” durante la huelga de transportistas de marzo. Además, envían a los gerentes de las franquicias productos que no han solicitado y tienen muy poco margen para decidir su stock, según la abogada. “Es el mismo para toda España. Por ejemplo, obligan a poner Cartojal, un vino que se vende en Málaga, en el norte. Genera merma y deuda al franquiciado porque no se vende”.
De los cuatro afectados, dos de ellos ya han cerrado sus supermercados y el resto está a punto de hacerlo, en su caso porque la distribuidora no les ha renovado los contratos. Aun así, García asegura que hay “muchos más” afectados, pero que no se atreven a entrar en procedimientos legales “hasta que no llegan al límite”. “Tienen la esperanza de que se solucione. Otros están muy endeudados y no pueden permitirse los costes”, concluye.
La historia se repite
No es la primera vez que Carrefour entra en conflictos judiciales con sus franquiciados. En 2017, la empresa gala recibió una decena de querellas de antiguos franquiciados para acusar a la compañía de un delito de estafa y de financiar la expansión territorial de los Express a través del «engaño». En algunos de estos casos, se llegó a acusar a la distribuidora de delitos de coacción, amenazas y maltrato psicológico.
En ese momento, ya se habló de falta de rigor del estudio de mercado presentado por la empresa a sus franquiciados, con previsiones de ingresos y rentabilidad muy superiores a los resultados conseguidos posteriormente. También similar al caso actual, los querellantes aseguraron que la cadena les enviaba más producto a sus tiendas del que podían vender, de modo que tenían que pagarlo igual, pero con poca opción de darle salida.
Carrefour empezó a expandir sus supermercados en esa época después de la caída de compras en los grandes centros comerciales de la periferia de las grandes ciudades. Recientemente, ha anunciado su apuesta en España por Supeco, la versión low-cost de los supermercados del grupo francés.
Economía Digital se ha puesto en contacto con Carrefour para conocer la versión de la compañía ante estas acusaciones. Al cierre de esta edición, no se ha recibido una respuesta.
