Gil Marín y Cerezo necesitan el ‘ok’ del Consejo de Ministros para vender el Atleti a Apollo por 1.200 millones
La jugada maestra de Gil Marín queda a expensas de tres instancias clave, con el ‘Escudo Anti-Opas’ como principal barrera a superar
Montaje realizado por Economía Digital.
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Gil Marín y Enrique Cerezo están a punto de sellar su traspaso del control mayoritario del Atlético de Madrid al gigante de la inversión Apollo Sports Capital (ASC). La operación, que ha sido cifrada en una horquilla superior a los 1.200 millones de euros, depende de un triple visto bueno regulatorio, donde la aprobación del Consejo de Ministros español se erige como el más complejo.
La cifra que maneja la operación es, de por sí, un reflejo del potencial global de la marca colchonera. Tras una valoración del club que lo sitúa en los 2.400 millones de euros, la compra del 55% del capital social por parte de Apollo implica un desembolso inicial que supera los 1.200 millones de euros.
Esta participación mayoritaria se adquiere de manos de los accionistas hasta ahora dominantes, incluyendo a Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group y Ares Management, quienes, no obstante, mantendrán su vinculación como socios minoritarios.
El camino hasta que el capital de Nueva York tome posesión efectiva del Metropolitano está pavimentado con tres autorizaciones que lo convierten en un caso de estudio de derecho deportivo y mercantil.
En el plano nacional, la mayor controversia recae en la necesidad del Consejo de Ministros de dar su luz verde. El motivo es la aplicación del llamado Control de Inversiones Extranjeras Directas (IED).
Puesto que Apollo es un inversor extracomunitario (EE.UU.) y la participación que adquiere es superior al 10% de una empresa española considerada estratégica —el fútbol, por su relevancia social y económica, se enmarca en este supuesto—, la operación activa el conocido «Escudo Anti-Opas«.
Este mecanismo está diseñado para salvaguardar el interés general, el orden público y la seguridad económica de España frente a inversiones de fuera de la Unión Europea en sectores clave. La decisión del Ejecutivo central será, por tanto, un barómetro sobre cómo se interpreta la venta de grandes instituciones deportivas a fondos globales.
Adicionalmente, el Consejo Superior de Deportes (CSD) debe pronunciarse sobre la transferencia de la propiedad. La normativa de Sociedades Anónimas Deportivas exige la autorización previa de este organismo cuando se adquieren acciones que superan el 25% del capital social.
Su papel es garantizar la idoneidad y solvencia de los nuevos propietarios, velando por la estabilidad financiera del club y la integridad de la competición, un requisito que el brazo deportivo de Apollo, por su prestigio y tamaño, debería superar sin grandes contratiempos, pero que añade un segundo nivel de escrutinio en España.
Finalmente, en el ámbito comunitario, la Comisión Europea (CE) entra en escena por razones de control de competencia.
Debido al ingente volumen de negocio tanto de Apollo, con otros clubes a nivel europeo, como del Atlético de Madrid, la adquisición ha sido catalogada como una concentración económica de dimensión europea.
Bruselas deberá dar su visto bueno para confirmar que la operación no distorsiona de forma significativa la libre competencia en el Mercado Único, un proceso estándar para transacciones de este calado global.
Más allá de la permuta accionarial, el verdadero motor estratégico de esta operación reside en el segundo gran acto financiero: una ampliación de capital decisiva. El compromiso de Apollo no es solo comprar, sino sanear y transformar.
El fondo se ha comprometido a inyectar directamente los fondos necesarios para cubrir el enorme agujero financiero de 555 millones de euros que pendía sobre el proyecto más ambicioso del club: la Ciudad del Deporte.
Este complejo faraónico, cuyo coste total se estima en 800 millones de euros, se levantará sobre los terrenos adyacentes al Estadio Metropolitano.
Hasta la fecha, el club había cubierto una parte con fondos propios (125 millones) y con los 120 millones del acuerdo de LaLiga con CVC, pero el déficit era una losa que ahora el capital americano elimina de un plumazo.
La suma de la inversión en el control (1.200 millones) y este salvamento de la infraestructura (555 millones) es lo que catapulta la operación a los casi 1.800 millones.
A pesar del traslado del centro de control financiero a Wall Street, la gestión diaria del club se sustentará en Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club durante más de dos décadas, y Enrique Cerezo, presidente, aunque ahora en calidad de socios minoritarios.
Jesús Gil, padre de Miguel Ángel, y Enrique Cerezo, adquirieron el 95% del capital en 1992 con la reconversión del club a S.A.D. por cero euros. El dinero formalmente ingresado para suscribir las acciones mayoritarias fue parte de un «entramado fraudulento» para eludir las exigencias de la Ley del Deporte, según dictaminó el Tribunal Supremo, pero el delito prescribió sin consecuencias penales.
El Atleti será la principal inversión de Apollo
La adquisición es, además, singular dentro del portfolio de Apollo. El fondo ha asegurado que el Atlético será su principal inversión y no formará parte de un entramado de multipropiedad, disipando las inquietudes sobre posibles conflictos de intereses con otras entidades deportivas.
Con este compromiso financiero, la entidad madrileña aspira a robustecer su músculo financiero, asegurar la competitividad deportiva y, crucialmente, convertir la Ciudad del Deporte en una realidad palpable en el primer trimestre de 2026, una vez se hayan despejado las incógnitas regulatorias de Madrid y Bruselas.
