Guerra judicial por 7.240 millones: Santa Bárbara impugna en el Supremo los contratos de Indra y Escribano
Santa Bárbara advierte de un "perjuicio irreparable" si se ejecutan, ya que "restringirá las posibilidades efectivas de competir durante la próxima década en plataformas blindadas y sistemas de artillería",
Montaje Indra-Escriban
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Santa Bárbara Sistemas, filial española del gigante estadounidense General Dynamics European Land Systems (GDELS), ha puesto en jaque los planes de modernización de la artillería del Ejército de Tierra español al anunciar su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo los dos contratos millonarios adjudicados el 22 de diciembre de 2025 al consorcio formado por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) por un importe conjunto de 7.240 millones de euros.
La empresa, con una trayectoria impecable en la fabricación de vehículos blindados y sistemas de artillería para las Fuerzas Armadas españolas, denuncia haber sido excluida de forma injustificada del procedimiento negociado sin publicidad convocado por el Ministerio de Defensa, lo que considera un golpe mortal a su capacidad competitiva durante la próxima década en el mercado nacional de defensa.
El recurso, cuya presentación formal está inminente aunque aún no se ha producido, se suma a otro ya admitido a trámite por el Supremo en el que Santa Bárbara solicita la suspensión cautelar de 3.000 millones de euros en préstamos estatales al 0% de interés concedidos a la UTE adjudicataria para prefinanciar los programas de obuses autopropulsados de ruedas (2.686 millones) y de cadenas (4.554 millones), dos pilares fundamentales de la estrategia de rearme impulsada por la ministra Margarita Robles en el marco del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa.
El pulso judicial llega en un momento crítico para la industria de defensa española, que vive un boom de inversión motivado por los compromisos de la OTAN (España debe alcanzar el 2% del PIB en defensa en 2026) y la guerra en Ucrania, que ha acelerado la renovación de material obsoleto como los M109 de los años 70.
La Dirección General de Armamento y Material (DGAM) justificó la adjudicación directa a Indra-EM&E argumentando que eran los «únicos capacitados técnicamente» para desarrollar desde cero estos sistemas de alcance superior a 40 km, con cadencia de tiro de 8 disparos en 60 segundos, movilidad táctica comparable a las unidades apoyadas y protección balística contra amenazas ligeras, interoperables con la doctrina Fuerza 2035 de fuegos en red.
Santa Bárbara, por su parte, replica que es el único fabricante español con experiencia probada en artillería y vehículos terrestres de combate, con programas como el modernizado Pizarro (176 millones), Centauro o el reciente contrato alemán de 5.000 blindados Eagle por 4.000 millones de euros, y acusa a sus rivales de carecer de experiencia, recursos o productos equivalentes.
El Supremo niega a Indra
El Tribunal Supremo dio un primer varapalo a la adjudicación al admitir a trámite a principios de enero el recurso contencioso-administrativo de Santa Bárbara contra los préstamos prefinancieros al 0% otorgados por el Gobierno a la UTE de Indra y Escribano: 1.181 millones para obuses de ruedas y 1.821 millones para cadenas, un total de 3.000 millones de euros en créditos públicos sin coste financiero que la empresa considera distorsionadores de la competencia.
En su escrito, Santa Bárbara advierte de un «perjuicio irreparable» si se ejecutan, ya que «restringirá las posibilidades efectivas de competir durante la próxima década en plataformas blindadas y sistemas de artillería», sus ámbitos foco, limitando su actividad nacional e internacional.
Para agilizar la cautelar, pidió computar como hábiles las fiestas navideñas (24 dic-6 ene), petición rechazada, pero la admisión genera incertidumbre mientras el tribunal decide.
Estos préstamos forman parte de los 14.224 millones en créditos al 0% del plan ministerial para 18 programas (Indra lidera varios, Airbus 4.030 millones de euros en aéreo y Navantia 2.292 millones en naval).
