El relevo de Cani Fernández en la CNMC deja en el aire 558 millones en multas por el apagón
La presidenta del regulador finaliza su mandato esta semana, dejando a su sucesor un aluvión de expedientes por resolver
Archivo – La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández
El próximo 16 de junio finaliza el mandato de Cani Fernández al frente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y deja sobre la mesa una de las mayores baterías de expedientes sancionadores abiertas en la historia del regulador. Hasta 66 procedimientos incoados hasta la fecha en el marco del apagón del 28 de abril de 2025 que, en conjunto, podrían traducirse en hasta 558 millones de euros en multas.
La cifra no es menor y tampoco el contexto. El cero eléctrico que dejó sin luz a la península ibérica y parte de Francia ha marcado la recta final de una presidencia caracterizada por una intensa actividad regulatoria y por la creciente relevancia de la CNMC en el diseño del modelo energético español.
Fernández llegó al organismo en 2020 en plena etapa de transformación del sector y en un escenario marcado por la pandemia de la Covid-19, aunque no sería el único evento extraordinario con consecuencias económicas para el país.
Durante estos seis años ha tenido que afrontar debates especialmente sensibles para las compañías energéticas, desde la metodología de retribución de las redes eléctricas hasta la supervisión de los descuentos aplicados por las gasolineras durante los episodios de fuerte volatilidad de los mercados energéticos derivados primero de la guerra de Ucrania y posteriormente de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.
De todos los debates y confrontaciones que la CNMC ha tenido en los últimos años con las grandes compañías del sector eléctrico, ninguno ha generado tanta tensión como las consecuencias regulatorias derivadas del apagón.
Tras el incidente, la CNMC elaboró un informe técnico sobre los hechos ocurridos donde evitó señalar responsables directos y se limitó a analizar las circunstancias que rodearon la interrupción del suministro. No obstante, el trabajo posterior del regulador sí ha desembocado en una ofensiva sancionadora de gran alcance.
La CNMC ha abierto 66 expedientes por el apagón hasta la fecha
Hasta la fecha, Competencia ha incoado un total de 66 expedientes sancionadores relacionados con posibles incumplimientos detectados durante sus investigaciones.
La inmensa mayoría, 63 expedientes, corresponden a presuntas infracciones graves, con Iberdrola, Endesa y Naturgy acumulando la mayor parte de ellos y otras empresas como Repsol, TotalEnergies, Engie, Contour Global, Bahía Eléctrica de Bilbao o Mercuria Sostenible.
La legislación contempla para este tipo de infracciones, en su mayoría por sanciones que oscilan entre los 600.001 euros y los seis millones de euros. Junto a ellos, el regulador ha abierto tres expedientes por presuntas infracciones muy graves.
Competencia ha puesto en la diana a Iberdrola, por la falta de disponibilidad de la central nuclear de Cofrentes, a Red Eléctrica, por su operación del sistema, y a la central nuclear de Almaraz, participada por principalmente por Iberdrola junto a Endesa y Naturgy.
En estos procedimientos, las multas pueden alcanzar importes mucho más elevados, entre seis y sesenta millones de euros por expediente. Si la CNMC terminara imponiendo las sanciones máximas previstas por la normativa en todos los casos abiertos, el importe agregado ascendería a 558 millones de euros.
Se trata, por tanto, de una herencia regulatoria de enorme relevancia para el próximo equipo directivo del organismo y el sucesor que acabe decidiendo Moncloa.
Porque la salida de Cani Fernández no supondrá una resolución inmediata de los expedientes. Todo lo contrario. Los procedimientos apenas han iniciado su recorrido administrativo y la CNMC dispone de hasta 18 meses desde cada apertura para completar cada instrucción, valorar las alegaciones y adoptar una decisión definitiva.
Eso significa que será el sucesor de Fernández quien tenga la última palabra sobre unas sanciones que podrían tener importantes consecuencias económicas, reputacionales y jurídicas para algunas de las principales empresas del sector energético español.
La disputa por el relato de cara a la batalla jurídica
Mientras tanto, las eléctricas ya han comenzado a preparar su estrategia de defensa. Las grandes compañías del sector han puesto el foco especialmente sobre el expediente abierto a Red Eléctrica.
Desde su punto de vista, se trata del único procedimiento directamente vinculado a la operación del sistema durante la jornada del apagón, mientras que aseguran que sus expedientes tienen que ver con meses e incluso años anteriores al apagón.
Asimismo, Foro Nuclear, patronal que agrupa a Iberdrola y Endesa, también salió a aclarar públicamente que las investigaciones contra sus centrales, dos de ellas con expedientes «muy graves», no estaban relacionadas con el día del incidente.
Argumentan que buena parte de los expedientes que afectan a las empresas generadoras responden a presuntas infracciones detectadas meses o incluso años antes del incidente de abril de 2025 y que, por tanto, no guardan una relación directa con el colapso eléctrico.
La posición de Red Eléctrica tampoco ha sido pasiva, ya que la compañía que preside Beatriz Corredor ha presentado alegaciones frente al expediente incoado por la CNMC y ha elevado el tono de sus críticas contra el regulador.
Entre sus argumentos, acusa al regulador de «la falta de la más mínima precisión necesaria sobre los hechos» y carga contra el organismo por un supuesto “conflicto de interés».
Aunque la empresa no ha detallado públicamente el alcance concreto de esa afirmación, sí ha venido insistiendo en distintos foros sobre la demora del regulador para activar el denominado Procedimiento de Operación 7.4 (PO 7.4).
Esta herramienta es considerada estratégica para el funcionamiento del sistema eléctrico porque permite habilitar a determinadas instalaciones renovables para participar en el control de tensión de la red, una función cada vez más relevante en un sistema con una creciente penetración de este tipo de tecnologías.
Ese debate técnico amenaza con convertirse en uno de los principales frentes jurídicos de los próximos meses. No sólo porque puede influir en la resolución de los expedientes, sino porque también afecta a la discusión de fondo sobre las responsabilidades derivadas del apagón.
Con el mandato de Cani Fernández a punto de expirar, la CNMC cierra una etapa marcada por la transición energética, la redefinición de las reglas retributivas del sector y la gestión de una crisis sin precedentes en el sistema eléctrico.
Su sucesor heredará un organismo con expedientes abiertos por valor potencial de 558 millones de euros y la responsabilidad de decidir quién paga finalmente la factura regulatoria del mayor apagón vivido por el sistema eléctrico español en los últimos años.
3 comentarios en “El relevo de Cani Fernández en la CNMC deja en el aire 558 millones en multas por el apagón”
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La sensación es que estuvieron más centrados en abrir expedientes que en aportar certidumbre. En un sector que necesita miles de millones en inversión, la inseguridad regulatoria puede acabar siendo tan dañina como cualquier sanción, o peor. Que le vaya bonito…
Mas de la mitad, para no decir no 99% de los expedientes enviados no tienen ni lógica ni sustento legal. Son expedientes enviados con el solo propósito de desviar la mirada y verdadero culpable del apagón: Red Eléctrica.
Dejando a su sucesor un marrón curioso. Pide para su relevo «capacidad técnica» y «sentido común», justo justo lo que a ella le ha faltado durante todo su mandato. La realidad es que se va dejando un apagón regulatorio para las eléctricas y una situación inédita de 558 millones en multas en el aire. Bravo.