Tensión máxima en esta empresa industrial: más de 100 trabajadores se enfrenta a su comité tras el concurso de acreedores
En el pasado, la compañía realizó un ERE con despidos y una reducción salarial mediante modificación sustancial de condiciones
La empresa que sufre ahora las consecuencias de un concurso de acreedores
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La entrada en concurso de acreedores de la empresa de origen navarro Fluitecnik todavía deja secuelas. En su momento, provocó una situación inestable para la plantilla. Ahora, el comité de la compañía, compuesto por más de 100 empleados, ha denunciado que la empresa no está cumpliendo las promesas que realizaron durante la crisis que sufrieron hace más de diez años.
En el año 2013, la empresa navarra Fluitecnik comenzó a ver la luz al final del túnel de un proceso de crisis que comenzó algunos años atrás. La compañía, especializada en soluciones hidráulicas y energías renovables, alcanzó un acuerdo con sus acreedores que le permitió seguir operando y mantener 92 empleos.
Qué es un concurso de acreedores
Un concurso de acreedores es un procedimiento legal que se inicia cuando una empresa no puede cumplir con sus obligaciones de pago. Su objetivo es ordenar las deudas y buscar la mejor solución para todos los acreedores, evitando conflictos y priorizando la continuidad de la actividad económica si es posible.
El proceso puede ser voluntario, solicitado por el deudor, o necesario, pedido por un acreedor.
Fluitecnik entró en concurso de acreedores el 4 de enero de 2013, y presentó un plan de viabilidad centrado en dos áreas clave: el sector eólico y el industrial. En el ámbito eólico, continuó diseñando y fabricando sistemas hidráulicos, de refrigeración y engrase para fabricantes de turbinas, un mercado en el que acumula más de 25 años de experiencia y clientes de referencia como Acciona y Gamesa.
De hecho, en junio de 2011, Fluitecnik explicaba que produciría los módulos en su planta de Alsasua. «Contará con dos líneas de producción de 15 MW anuales cada una, lo que implica una capacidad de producción anual de 30 MW», señalan en su página web.
En paralelo, la compañía logró mantener su actividad más tradicional, vinculada al sector industrial, en la que lleva más de tres décadas suministrando equipos hidráulicos, neumáticos y eléctricos, así como soluciones de automatización integral. Sí que abandonó el negocio de la energía solar fotovoltaica.
Dicho negocio fue uno de los causantes de la crisis, ya que no logró los resultados esperados, acumulando una gran deuda. El proceso de reestructuración para salir del concurso de acreedores implicó la venta de maquinaria y la salida de unos 30 empleados, algunos, eso sí, de forma voluntaria. También hubo recortes salariales y la reducción de gastos fijos como alquileres.
La plantilla exige recuperar los salarios recortados
12 años después, los empleados han denunciado el bloqueo en la negociación para recuperar las condiciones laborales recortadas durante la crisis que atravesó la compañía. El comité, que está compuesto por cinco representantes de ELA y uno de UGT, ha acusado a la dirección de incumplir el compromiso adquirido de devolver parte de lo perdido una vez finalizado el concurso de acreedores y saldada la deuda, algo que ya se ha producido.
Como hemos mencionado anteriormente, el plan de viabilidad aplicado en plena crisis incluyó un ERE con despidos y una reducción salarial mediante modificación sustancial de condiciones. Según el comité, la compañía se comprometió a revertir parte de estas medidas cuando la situación mejorara, pero más de una década después, la restitución no ha llegado.
Desde el año 2011, los representantes sindicales han tratado de reabrir la negociación del pacto laboral, pero han asegurado que la dirección ha bloqueado todos los intentos. En 2024 presentaron un nuevo borrador con mejoras económicas y propuestas en conciliación familiar, flexibilidad horaria y teletrabajo, pero, a día de hoy, la empresa no ha respondido ni valorado los puntos planteados.
Ante esta falta de avances, el comité mantiene dos reivindicaciones principales: la recuperación de los salarios y condiciones recortadas, desde su punto de vista, injustamente, y el reconocimiento por escrito de los derechos adquiridos. Si la dirección no ofrece una respuesta clara en breve, ha señalado que iniciarán movilizaciones para hacer oír sus demandas.
