El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar. EFE/Manuel Bruque

Caixabank intuye que el Supremo no castigará a la banca

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"Creemos que no tendremos que pagar nada por el impuesto de las hipotecas y no habrá que hacer ninguna provisión", zanja Gonzalo Gortázar

Valencia, 26 de octubre de 2018 (12:10 CET)

Calma tensa en la cúpula de Caixabank tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el pago de los impuestos de las hipotecas. Los principales ejecutivos de la compañía y sus auditores analizaron el jueves si deberían afrontar pagos extraordinarios por el cambio en la jurisprudencia y la respuesta fue negativa. "Nuestras expectativas son que no deberemos pagar nada", auguró el consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, este viernes.

En la presentación de los resultados del tercer trimestre de la compañía, celebrada en Valencia, el primer ejecutivo del banco rechazo el pago de compensaciones. "No tiene sentido hablar de sanciones por cumplir la ley vigente", defendió. La norma establecía que era el cliente quien debía hacer frente al tributo de asuntos jurídicos documentados, pero el alto tribunal cambió su criterio la semana pasada señalando al banco como responsable.

El dirigente rechazó ofrecer una cifra del impacto de la sentencia sobre las cuentas. El fallo está paralizada hasta el 5 de noviembre, cuando la sala de lo Contencioso se reunirá. "No vamos a aventurarnos", frenó.

Caixabank: "Creemos que no tendremos que pagar nada y no habrá que hacer ninguna provisión"

Sin embargo, las cuentas hechas públicas ya dejaron pistas sobre las previsiones de la entidad: En el apartado de provisiones, no hubo espacio para un capítulo especifico a las hipotecas. "Si viéramos probable una pérdida por este tema lo hubiéramos incluido", detalló Matthias Bulach, director ejecutivo de intervención, control de gestión y capital.

De este modo, la postura de Caixabank es clara. "Creemos que no tendremos que pagar nada y no habrá que hacer ninguna provisión", zanjó Gortázar.

Lesmes ya pidió perdón por la incertidumbre

La entidad sale así al paso de las especulaciones hechas por algunas firmas de inversión como Keefe, Bruyette & Woods,  que intuyó un golpe de alrededor de 200 millones de euros en el caso de que el impuesto fuera reclamable para los créditos concedidos durante los últimos cuatro años, algo que está en el aire.

Precisamente el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, pidió perdón este jueves por la incertidumbre generada y calificó de "deficiente" la gestión de la sentencia. "Esto no lo hemos gestionado bien, sin duda. Se ha provocado una desconfianza indebida en el alto tribunal y no puedo más que sentirlo, lo sentimos todos", añadió.

A la espera de una resolución definitiva, fuentes financieras ya explicaron a Economía Digital que auguraban un proceso judicial largo, pues cualquier reclamación sería recurrida. Tanto si la justicia da la razón a las compañías como si falla en favor de las asociaciones el fallo se recurrirá a la Audiencia y de allí al Tribunal Supremo otra vez.

La ministra de justicia, Dolores Delgado, amenazó esta misma semana con sanciones para los bancos que que eternicen las batallas en los tribunales. "Son loables los esfuerzos para evitar la dilación en los juzgados, pero Caixabank, y creo que ningún banco, tiene ninguna intención de dilatar los procedimientos, simplemente defiende lo que cree justo", contestó Gortázar.

De aplicarse, se encarecerán las hipotecas

Pero mientras espera la resolución final del Supremo, el banco de origen catalán sí tiene claras las consecuencias que tendrá, de entrar finalmente en vigor, la nueva jurisprudencia. "Nosotros tenemos la obligación de tener en cuenta todos los costes que encarecen los créditos", advirtió.

Un aviso velado de que el acceso a estos productos será más complicado. "De no hacerlo, nuestros supervisores nos dirán que no estamos siendo prudentes con la concesión", finalizó el consejero delegado. Mientras, el ritmo de concesión de hipotecas se ha ralentizado --a falta de datos concretos--. Y por cierto: son los clientes los que siguen pagando el impuesto en discusión.

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