CCOO pide dinero público para sanear la banca a cambio de control sobre su gestión

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EL FUTURO DE LA BANCA

Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras

24 de enero de 2012 (16:35 CET)

El saneamiento que se avecina en el sector financiero no puede ser asumido por los bancos y cajas en solitario porque en ese caso el crédito se estrangularía por completo y la recesión sería más larga y profunda. Este es el diagnóstico que realiza Comisiones Obreras, que pide al Gobierno que aporte ayuda pública reintegrable para sobrellevar el coste.

Como contrapartida a esas ayudas el sindicato reclama que el Gobierno imponga un control sobre la gestión que desarrollan las entidades con el fin de asegurar la viabilidad de los grupos, tanto si siguen en solitario como si participan en fusiones.

La Federación de Servicios del sindicato, por boca de su secretario general, José María Martínez, alerta también sobre el peligro de repetir los errores del primer proceso de reestructuración, todavía en marcha, en el que varias entidades han recibido ayudas pero no se ha asegurado su viabilidad económica.

Contención en todos los sueldos de la dirección

Para ello pide que se revisen los planes de integración en marcha, se exijan responsabilidades a los gestores y administradores y se controle la retribución de las cúpulas directivas, tanto de las que han recibido ayudas públicas, como de las que no. "La retribuciones de los directivos salen directamente de los recursos generados por los clientes, los dividendos no repartidos a los accionistas y de un reparto asimétrico de los costes laborales, por lo tanto estamos legitimados para exigir contención, sostenibilidad y limitación a las cúpulas directivas, también a las entidades que no han recibido ayudas públicas", ha matizado.

Ante el ajuste de plantillas que se avecina, el sindicato también reclama a la patronal que firme protocolos laborales que garanticen soluciones vegetativas no traumáticas, tales como suspensiones, reducciones de jornada o excedencias, para evitar recurrir a despidos forzosos.

De hecho, este compromiso aparece en el preacuerdo que han alcanzado CCOO y UGT con la patronal de las cajas sobre el nuevo convenio colectivo sectorial. Martínez ha advertido que si no existe ese compromiso habrá conflicto con los trabajadores.

El proceso de ajuste que ahora culmina ha supuesto la supresión de 14.000 empleos. El 90% ha abandonado su puesto vía prejubilaciones y el resto con bajas incentivadas. El mayor número de personas afectadas por este proceso contaba con una edad situada en una horquilla que va de 56 a 58 años.
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