El FROB da un paso en Bankia que compromete a MAFO

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Los correos del inspector del Banco de España que tiró de la manta involucran al ex gobernador y a otros altos funcionarios

Economía Digital y EFE

El ex gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, ha negado haber recibido las alertas sobre Bankia. / ED-Archivo
El ex gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, ha negado haber recibido las alertas sobre Bankia. / ED-Archivo

Barcelona, 05 de noviembre de 2016 (11:17 CET)

Esta vez el FROB no pone piedras en el camino de la investigación judicial sobre el caso Bankia. El fondo gubernamental de rescate bancario anunció que no presentará alegaciones después de que la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) planteara citar a declarar al ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, popular en el ámbito financiero por las siglas MAFO.

También podrían ser convocados el ex subgobernador Fernando Restoy, y el ex presidente del regulador bursátil español (CNMV), Julio Segura.El abogado del Estado, que representa al FROB, en un escrito dirigido al juez Fernando Andreu, dice que no presentará alegaciones contra estas declaraciones para "asegurar el adecuado esclarecimiento de los hechos investigados".

Esta actitud del FROB contrasta con las protestas que había elevado Andrés Herzog, representante de la CIC, sobre la conducta del fondo estatal, al que acusó de actuar en ocasiones en defensa de los imputados.

Los correos que tiraron de la manta

La CIC es uno de los grandes sindicatos del sector bancario, que se ha personado como acusación particular. La intención de citar a declarar a los ex funcionarios obedece a la difusión de los correos electrónicos remitidos por el inspector del Banco de España, José Antonio Casaus. Para la acusación demostraban "el perfecto y cabal conocimiento que la jefatura del Banco de España tenía sobre la verdadera situación patrimonial de BFA-Bankia".

Según la acusación popular, estos correos revelaban las "graves consecuencias" que sobrevendrían por la salida a bolsa de la entidad, tanto para los accionistas como para los titulares de subordinadas y preferentes, y en última instancia, para los contribuyentes, porque la operación costó al erario más de 22.000 millones de euros.

El juez Andreu rachazó en dos ocasiones la imputación de MAFO y de Restoy, pero había sido antes de conocerse el contenido de los correos electrónicos intercambiados entre funcionarios del organismo.

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