El PP propone quitarle el impuesto de las hipotecas a los bancos

El PP registra en el Congreso una proposición de ley para eliminar el impuesto de las hipotecas en la primera vivienda

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El PP registrará en el Congreso una proposición de ley para eliminar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD) en la hipoteca de la primera vivienda habitual. Se trata del conocido como «gasto de la hipoteca» que desde noviembre pagan los bancos y que antes lo pagaban los clientes.

Con el traspaso que aprobó el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez de este impuesto de los clientes a los bancos, el sector auguró la subida de los precios de las hipotecas, ya que se esperaba que los bancos se lo traspasaran a los clientes de alguna manera. 

Ahora, con la proposición de ley que registrará el PP en el Congreso, este impuesto se podría eliminar en la hipoteca de la primera vivienda habitual. Así lo ha adelantado este martes el secretario general del PP, Teodoro García Egea, donde ha pedido al resto de grupos que apoyen esta iniciativa en la Cámara Baja.

Así, el PP le ahorraría este coste a la banca. El partido propone establecer que, «en el caso de documentos notariales sobre préstamos con garantía hipotecaria, correspondientes a la adquisición de un inmueble para primera vivienda, la cuota variable será cero». Es decir, plantea su eliminación en los casos de compra con hipoteca de la primera vivienda habitual.

Compensación a las comunidades autónomas

Este impuesto lo recaudan las comunidades autónomas, por lo que serían las principales afectadas al dejar de percibir los ingresos generados por el mismo.

El Partido Popular asegura, sin embargo, que según sus cálculos esta medida no tendría un impacto muy elevado en la recaudación tributaria de las comunidades autónomas.

«La Administración General del Estado compensará a las Comunidades Autónomas por los ingresos que dejen de percibir por este concepto, utilizando como referencia la recaudación media de los 3 años anteriores a la entrada en vigor de esta modificación».

Así, buscan compensar la pérdida de ingresos para no afectar negativamente la financiación de los servicios que tienen transferidos, como la educación, la sanidad y los servicios sociales.

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