Bruselas tarda dos meses en dar el ok definitivo a la compra del Popular. La nueva sede del Popular, en Madrid. ED/EFE/archivo

Europa abre la puerta a las demandas por el Popular

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Europa avala que los afectados por la absorción del Popular presenten sus demandas ante el Tribunal de Justicia comunitario

Economía Digital

Bruselas tarda dos meses en dar el ok definitivo a la compra del Popular. La nueva sede del Popular, en Madrid. ED/EFE/archivo

Barcelona, 30 de julio de 2017 (11:51 CET)

La Unión Europea insta a los afectados por la absorción de Banco Popular a recurrir la decisión adoptada por Bruselas ante el Tribunal de Justicia comunitario (TJUE), que implicó el traspaso del banco al Santander por un euro, ya que entiende este es el único órgano que tiene la total competencia para pronunciarse sobre este tema.

Los inversores y accionistas que vieron desaparecer sus títulos tras la absorción tienen tiempo hasta el 7 de agosto para elevar sus reclamaciones al alto tribunal. Esa es la fecha en la que expira el plazo de dos meses desde la comunicación y publicación del acto impugnado que fija la normativa regional.

Cabe recordar que esta fue una operación acordada por la Junta Única de Resolución (JUR) de la Unión Europea y ejecutada por el FROB -el fondo de rescate español-.

Esta vía de reclamación al TJUE ha sido impulsada por el panel de apelación de la JUR, que ha rechazado admitir a trámite cinco recursos contra la resolución del Popular. La razón es que esta es una decisión donde sólo puede manifestarse la máxima autoridad judicial comunitaria.

El TJUE es el que tiene la última palabra

Esta postura coincide con la opinión de la presidenta de la JUR, Elke König, que si bien en las últimas semanas ha reiterado que el proceso de absorción por el Santander fue transparente y evitó un posible efecto contagio en el mercado, ha reconocido que todavía podía ser recurrido ante la corte europea.

A la espera de conocer el informe de Deloitte que sirvió de base para la operación y que atribuía al banco una valoración negativa de entre 2.000 y 8.200 millones de euros frente a una positiva de 1.500 millones en el mejor escenario, las protestas de los inversores se han diversificado entre la justicia nacional, con querellas, demandas y recursos contenciosos-administrativos, y la europea.

Sin embargo, tras la deliberación del pasado 19 de julio, el panel de apelación parece haber cerrado su puerta (al menos de forma provisional) a recursos sobre la resolución del banco español, al considerar que carece de competencias para ello.

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