Agricultura lleva a Mercadona al Supremo para salvar una sanción por la compra de leche a Naturleite
La Abogacía del Estado intenta salvar una multa por la supuesta compra de leche por debajo de coste impuesta a la cadena de Juan Roig, que ya tumbó múltiples sanciones similares
Naturleite envasa leche para Hacendado, la marca blanca de Mercadona / Naturleite
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La Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Agricultura, ha logrado que el Tribunal Supremo admita un recurso de casación contra la anulación de una multa a Mercadona por la supuesta compra de leche por debajo de coste. El litigio se enmarca en la cascada de disputas que mantiene el departamento de Luis Planas con diversas cadenas de supermercados e industrias del sector agroalimentario por las sanciones de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). Los tribunales superiores y la Audiencia Nacional consideran que el método que sigue la AICA genera indefensión en la empresa sancionada y están tumbado una tras otra las penalidades económicas, en general, de pequeño importe.
En el caso que acaba de ser admitido a trámite por el Supremo, la multa es del año 2022 y asciende a 66.000 euros. Se fundamenta en que Mercadona adquirió leche por debajo de coste a Naturleite, la filial gallega del grupo Covap, el gran proveedor de leche de Hacendado. Desde la planta de Meira (Lugo) que compró a Leche Celta, Naturleite facturó 140 millones produciendo para la cadena de Juan Roig y desarrollando, en paralelo, un negocio de alimentación animal que incorporó con la adquisición de Cerales Rego.
El de la filial gallega no es un caso excepcional, pues el grupo de supermercados también está a la espera de la resolución del Supremo en un caso calcado por la adquisición de leche a la empresa matriz de Naturleite, Covap. Carrefour también consiguió tumbar una sanción similar por la compra de leche a Capsa, el brazo industrial de Central Lechera Asturiana; y DIA y Ahorramás por las compras a Grupo Lence (Río y Leyma).
El recorrido judicial
Mercadona recurrió contra la sanción y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró que tenía razón. El criterio habitual de los magistrados está siendo que al mantener la confidencialidad de la información a la que accede la AICA sobre los costes de producción, en este caso, los de Naturleite, se está generando indefensión a la cadena de supermercados, que no puede acceder a una información básica para defenderse, toda vez que la acusación es la de comprar por debajo de los costes efectivos de producción, una práctica prohibida en la Ley de la Cadena Alimentaria.
La Abogacía del Estado, en el recurso de casación admitido a trámite, sostiene que «el criterio aplicado por la sentencia (del TSJM) vacía totalmente de contenido y virtualidad la previsión sobre confidencialidad, haciéndola en la práctica absolutamente incompatible con el derecho de defensa, puesto que llevaría a que siempre y en todo caso, cualesquiera que fueran las circunstancias concurrentes, se apreciase la existencia de indefensión cuando se declarasen confidenciales los documentos aportados por el proveedor que acreditan y explican su coste efectivo de producción».
En cierta manera, lo que está cuestión no es tanto una sanción de 66.000 euros a un grupo que factura 38.000 millones, sino la propia metodología sancionadora de la AICA, un instrumento pensado para salvaguardar los intereses de los productores frente a la industria y la distribución, que a priori tienen una posición de fuerza en la negociación sobre la compra de productos alimentarios en la cadena de valor.
¿Un índice de costes?
La evolución de estos casos muestran las limitaciones de la Ley de la Cadena Alimentaria y de la AICA como elementos reguladores en la negociación entre los distintos eslabones de la cadena, un asunto que está en pleno debate tras el recorte en los contratos lácteos del mes de abril, cuando la industria rebajó fuertemente el precio que paga a las granjas. La alarma generada se puede percibir estos días en el Parlamento gallego, donde se creó una comisión específica sobre el precio de la leche y los factores que influyen en él. Galicia es la región con mayor producción del Estado.
El secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, compareció este martes y reconoció que ni el paquete lácteo ni la Ley de la Cadena Alimentaria están siendo suficientes para evitar desigualdades y para acabar con la venta a pérdidas. Apuntó al bloqueo en el crecimiento del sector debido a que las explotaciones más pequeñas reciben precios inferiores y las grandes no pueden crecer más.
«Necesitamos fortalecer la posición de los ganaderos y regular para blindar la negociación colectiva y aumentar la estabilidad y seguridad del sector», dijo García, que apuntó a algunas herramientas que podrían facilitar la consecución de este objetivo. Una es la figura del mediador, que ya existe en el modelo francés, y otra es la del observatorio de costes, por la que también aboga el Sindicato Labrego Galego. Este índice de costes establecería unos límites mínimos de precios que debería pagar la industria para cubrir los gastos de las explotaciones y dejar un margen de beneficio.
