Mercadona, Ahorramás, DIA, García Carrión… Las empresas tumban decenas de multas de la Ley de la Cadena Alimentaria

• Los productores lácteos se conjuran ante más contratos a la baja: piden cambios legales y que actúe la Fiscalía
• Ganaderos tiran 15.000 litros de leche procedente de Portugal que iba a la planta de Inleit

En las últimas semanas, Unións Agrarias y Sindicato Labrego Galego han anunciado denuncias ante la Fiscalía, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) por la renovación de los contratos lácteos, que depararon ofertas a la baja por parte de la industria en un contexto de alza de los costes de producción. Las organizaciones agrarias instaron también a la Xunta y al Gobierno central a investigar el proceder de las empresas al entender que puede llevar a los ganaderos a una situación ruinosa, la de vender a pérdidas, algo expresamente prohibido en la normativa. La leche es un producto perecedero. Las granjas necesitan garantía de recogida y márgenes de explotación, pero esa relación se ha tensionado con los nuevos contratos de abril, que establecen recortes de entre tres y ocho céntimos por litro respecto a los anteriores.

En este escenario, los ganaderos llaman al cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, una normativa que entró en vigor en 2014 con el objetivo de garantizar la viabilidad de los distintos eslabones de la cadena de valor, singularmente, el de aquellos en una situación de teórica mayor debilidad, los productores. La ley ha sido una herramienta útil al establecer las reglas del juego en la relación entre productores, industria y distribución, pero los devaneos del mercado siguen generando episodios de inestabilidad, como sucede ahora en el lácteo o durante la crisis energética tras la invasión rusa de Ucrania en el sector primario, en general.

El encontronazo entre industria y granjas elevará, previsiblemente, el trabajo de la AICA. Desde su puesta en marcha en 2014 hasta el año pasado, la agencia que dirige María Fernández Sanz ha investigado 273 denuncias, ha emitido casi 5.000 sanciones (577 en el lácteo) y ha llevado a cabo 8.400 inspecciones, también a los productores. Sin embargo, la capacidad de respuesta a las urgencias de las granjas es limitada porque investigar requiere de tiempo, las multas son de bajos importes (el máximo son 100.000 euros) y las empresas las han recurrido con éxito en múltiples ocasiones. Mercadona, Lactalis, García Carrión, Ahorramás o DIA han conseguido tumbar o rebajar en los tribunales las multas de la entidad, también aquellas por adquirir leche por debajo de los costes de producción, asunto que parece estar en el centro de la actual crisis.

Mercadona y Lactalis, en el Supremo

Mercadona, la principal cadena de supermercados de España, y Lactalis, el mayor grupo lácteo, consiguieron que la Audiencia Nacional anulara por indefensión las sanciones de la AICA por, supuestamente, comprar leche a un precio inferior al que costó producirla. La cadena de Juan Roig, que recibió una multa de 100.000 euros, logró un fallo favorable en marzo de 2025 y está pendiente ahora del recurso presentado por la Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo. El asunto de fondo es si, al preservar la confidencialidad de los costes de producción de los ganaderos, la sanción de la AICA impide a Mercadona demostrar que no ha comprado por debajo de coste. Este mismo motivo provocó la anulación de una sanción anterior, de 66.000 euros, por la adquisición de leche a Covap, dueño de Naturleite y uno de sus grandes proveedores.

Lactalis, que produce marcas como Puleva, Ram, El Ventero o Président y recoge unos 1.000 millones de litros de leche en España, ha vivido una experiencia similar. Está también esperando la resolución del Supremo de una sanción de la AICA anulada por la leche adquirida a una ganadería de Lleida, supuestamente, por debajo de costes de producción. Este mismo año, la Audiencia Nacional tumbó otra sanción de 100.000 euros al grupo francés, esta vez por el producto adquirido a la ganadería murciana ALOA. La Sala argumentó que Lactalis «ni siquiera podía saber a posteriori, una vez terminado el contrato, si el precio que había pagado estaba por encima o no de los costes efectivos de producción». «En definitiva, el informe pericial desvela la existencia de importantes contradicciones en el análisis de la AICA, que demuestran a su vez que Lactalis no tenía medios para saber si estaba pagando por encima o por debajo del coste de producción», dice la sentencia.

Ahorramás, DIA y los costes de Leche Río

En el año 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló dos sanciones de la AICA a DIA y Ahorramás de 66.000 euros cada una por la compra de leche a Grupo Lence, la mayor compañía gallega del sector por volumen de facturación. El razonamiento de la Sala de lo Contencioso fue similar al de los casos de Mercadona y Lactalis, al atender los recursos de las cadenas de distribución por indefensión lesiva del derecho de defensa. DIA exponía, por ejemplo, que no había tenido acceso a los costes efectivos de producción soportados por Leche Río (la principal empresa de Lence) dada la confidencialidad atribuida a los mismos, no habiendo tenido acceso tampoco al cálculo del consiguiente coste efectivo de producción soportado por la empresa gallega, ni al cálculo realizado por el órgano instructor de la AICA para determinar el importe del supuesto
precio de compra pagado por DIA.

Ahorramás, por su parte, argumentó de manera similar, señalando que había cumplido con el contrato de suministro firmado con Leche Río, que abastecía la marca de distribución Alipende, y que la multa le generó indefensión por la imposibilidad de conocer los costes efectivos de producción de la empresa gallega. En los dos casos, las sanciones fueron anuladas.

García Carrión y los plazos de pago

La sanción más frecuente de las impuestas por la AICA es la de incumplimiento de los plazos de pago, que suponen más del 40% de las multas que ha emitido a lo largo de su trayectoria. García Carrión, el grupo empresarial que produce Don Simón y proveedor de zumos de Mercadona, litigó contra una de ellas que alcanzó los 100.000 euros por la adquisición de vino a tres bodegas (Vitilosa, Ribera Vinos y Finca la Venta de Don Quijote) y consiguió una victoria pírrica en 2024. En diciembre de aquel año, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la declaró responsable de incumplir el plazo de pago de 60 días a sus proveedores, pero rebajó la multa al considerar que no guardaba de todo la proporcionalidad respecto a la sanción.

La rebaja fue pequeña, apenas 5.000 euros. Pero la sanción también lo es para el grupo que preside José García Carrión, pues supera los 1.000 millones de facturación al año.

¿Un índice de costes?

Las dificultades para que las sanciones representen una solución al actual conflicto entre productores e industria es algo que reconocen en las propias organizaciones agrarias. En el Sindicato Labrego Galego parten de la idea de que hay una relación desigual, pues las empresas tienen posibilidad de adquirir producto en otros territorios y las ganaderías necesitan vender su leche para no perderla. Identifican varios problemas en la relaciones contractuales que fijó el paquete lácteo, que se puso en marcha tras una intensa crisis en el año 2009. La obligatoriedad de presentar ofertas con antelación al vencimiento de los contratos, según explican, es un procedimiento que se ha vuelto cosmético, pues suelen establecerse propuestas a la baja para que las granjas la rechacen y establezcan una negociación bilateral.

Respecto a la venta a pérdidas, advierten de las dificultades para demostrar los costes de producción. «Llevamos pidiendo en todos los espacios, desde el Obervatorio do Sector Lácteo al Consello Agrario, unos costes de referencia que permita garantizar un margen de ganancia para los ganaderos. Conocemos los contratos y los precios medios de venta, podemos conocerlos incluso por territorios, pero no conocemos los costes. La falta de este marco es una gran deficiencia para la Ley de la Cadena Alimentaria porque demostrar los costes depende de lo que una u otra granja pueda argumentar», explica María Ferreiro, secretaria xeral de la organización.

A su juicio, sería conveniente unos costes de referencia que establezcan los precios mínimos a los que debe comprar la industria para cubrir los gastos de las granjas y dejar un margen de beneficio. También demanda un mecanismo de investigación «ágil» y con sanciones que no sean «anecdóticas». «El fondo del asunto es que en estas negociaciones, por el tipo de producto que es la leche, las partes están en posiciones de desigualdad, y la Administración debería establecer unos mínimos garantizados», insiste.

La ganadera recuerda que las sanciones del cártel lácteo se produjeron hace más de una década y que todavía están esperando las sentencias del Tribunal Supremo. «Para nosotros es evidente que estamos viendo prácticas similares. Desconozco si existen acuerdos y reuniones entre la industria, pero es posible que hoy no sean necesarios. Lo que se demuestra es que Lactalis abrió la veda con contratos a la baja y después el resto de empresas fueron por la misma línea», asegura María Ferreiro.

Poca leche y mucha fruta

En las sanciones impuestas por la Agencia de Información y Control Alimentarios, el sector lácteo tiene un peso relativamente pequeño. Supone 577 multas entre 2014 y 2025, frente a las 2.092 derivadas de la comercialización de frutas y verduras, o de las 1.178 de la cadena de valor del sector vitivinícola. La gran mayoría de las infracciones detectadas tienen que ver con incumplimientos de los plazos de pago (2.227) o con irregularidades en los contratos. La destrucción de la cadena de valor, que sería la tipología de infracción en la que encajan los contratos a pérdidas, implicó solamente 24 sanciones, parte de ellas anuladas.