Audasa descartó reformular sus cuentas pese a conocer el desvío de 1,2 millones por la extesorera
Itínere, matriz de la concesionaria de la AP-9, cambió de auditor un año después de destaparse el caso, pero cerró la puerta a una reformulación o una reexpresión de sus cuentas
Imagen de archivo de la AP-9
La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña concluyó este jueves la toma de declaraciones en el marco del juicio a la extesorera de Audasa acusada de haber transferido 1,2 millones de la empresa a cuentas bancarias personales.
Entre los testigos que acudieron a declarar a la sala figuraron representantes de Abanca, la Policía Nacional y de la propia Itínere, matriz de Audasa. Este último destacó que ni el propio grupo que controla Audasa y Autoestradas de Galicia (entre otras empresas) ni el auditor fueron capaces de detectar estos movimientos por los que la Fiscalía pide seis años de prisión para la extesorera por un presunto delito de continuado de falsedad en documento mercantil por las órdenes de transferencia en concurso medial, así como un delito de estafa.
Cambio de auditor, pero sin reformulación de cuentas
El director de finanzas de Itínere ha subrayado que entre los años 2011 y 2018, la extesorera «enviaba a los bancos órdenes de transferencias ficticias muy parecidas a las normales y que se mezclaban con las auténticas y verdaderas». Para ello se recurría a conceptos recurrentes y se aludía a destinatarios habituales como las aseguradoras con las que trabaja Itínere para canalizar estas transferencias a cuentas que eran titularidad de la extesorera.
Después de que las entidades financieras diesen voz de alerta por unos movimientos que «podrían ser fraudulentos», Itínere activó una investigación interna en diciembre de 2018 que acabó en una denuncia presentada ante la comisaría de Policía y la apertura de diligencias. Acto seguido se iniciaría una fase de investigación, con registro en el domicilio particular de la acusada incluido, tras el cual, en mayo de 2019, el juez acordó mediante un auto la prisión provisional y sin fianza para la ya entonces extesorera de Audasa.
Casi un año después del estallido del caso (en octubre de 2019), Itínere decidió prescindir de KPMG, su histórico auditor, para dejar esta tarea en manos de otra firma del big four: PricewaterhouseCoopers (PwC). Pero, por el contrario, el grupo decidió no llevar a cabo ninguna reformulación ni reexpresión de las cuentas al entender que el impacto de estos movimientos era «limitado» teniendo en cuenta su balance.
La compañía presentaba un patrimonio neto de 1.025 millones de euros, un activo total de casi 3.900 millones de euros y una facturación de 230,8 millones de euros en 2019, por lo que los responsables de la dueña de Audasa no consideraron necesario efectuar ningún tipo de ajuste sobre sus cuentas.
La Fiscalía pide seis años de cárcel para la extesorera
En el marco del juicio, la Fiscalía ha mantenido su petición de condena de seis años de cárcel para la extesorera al entender que «la documental es abrumadora y esclarecedora de cómo la acusada ha realizado el engaño para beneficio suyo y de su familia».
Por su parte, su defensa ha pedido una sentencia absolutoria y ha negado que hubiese algún tipo de ocultación de bienes o blanqueo de capitales. «Lo que hay es un nivel de consumo absurdo, ilógico y disfuncional», ha precisado.
Sentencia absolutoria ha pedido también el abogado del marido de la extesorera de Audasa, al entender que, «más allá del beneficio económico, no ha tenido ningún tipo de intervención en el engaño». La Fiscalía pide para él cinco años de cárcel por un presunto delito de estafa o, en su caso, dos años de cárcel por blanqueo por imprudencia grave.
