Cisma en el consejo de Navantia por la falta de inversión en Ferrol

Tres representantes de Defensa y dos de CC OO piden explicaciones a su presidenta por dejar en el limbo el plan de transformación 4.0 y el dique seco

Cisma en el consejo de Navantia por la falta de inversión en Ferrol

División interna el consejo de administración de Navantia a cuenta de la falta de inversiones en los astilleros de la Ría de Ferrol. Cinco de los diez vocales del máximo órgano de la empresa participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) han pedido explicaciones a su nueva presidenta, Belen Gualda, por la falta de compromiso de la dirección de la compañía con el plan de modernización del astillero de Ferrol.

En concreto, los tres representantes del Ministerio de Defensa se han alineado con los dos vocales de Comisiones Obreras, que en la última reunión del consejo de administración celebrada en noviembre, arremetieron contra la falta de avances en este plan que tenía como objetivo pilotar la tercera gran transformación del astillero para instalarlo en la industria 4.0 y elevar los niveles de competitividad.

El proyecto de transformación fue diseñado inicialmente por el antepenúltimo presidente de Navantia, el mugardés Esteban García Vilasánchez, y contemplaba una inversión de 295 millones de euros a ejecutar en tres fases. La primera, dotada con 195 millones de euros, iba encaminada a construir un dique cubierto para fragatas; la segunda, a construir los muelles de armamento y las nuevas oficinas; la tercera, a aumentar el dique cubierto hasta los 350 metros de eslora y añadir una nueva grúa pórtico de 400 toneladas.

Un proyecto clave frenado

Sin embargo, todo este proyecto no ha pasado todavía del papel y tan solo se encuentra en ejecución la construcción del taller de sub-bloques. Con esta inversión, valorada en 100 millones de euros, se duplicará la capacidad de prefabricación, pero, según denuncian desde Comisiones Obreras en un comunicado interno, este movimiento “no sirve de nada sin la transformación total del astillero”. “Nunca seremos capaces de aprovechar las posibilidades de este taller con las actuales capacidades de montaje y elevación en las gradas”, recalcan.

Desde Comisiones Obreras se preguntan “por qué está frenado este proyecto” y censuran que la dirección de la empresa pública no haya optado por financiar esta inversión clave para modernizar el astillero ferrolano con cargo a los fondos europeos de reconstrucción.

Esta postura es defendida también por la Xunta de Galicia y también por el propio alcalde de Ferrol, el socialista Ángel Mato, que ha llamado a la puerta de distintos ministerios, así como de Navantia, para pedir que se incluya este proyecto entre los candidatos a optar a los 72.000 millones de euros que la Comisión Europea proporcionará a España en concepto de ayudas directas para financiar iniciativas que avancen en la digitalización, la mejora de productividad y la creación de valor añadido de la economía.

Sequía de contratos

“Decir que no se contempla una inversión que desde hace 5 años se considera de vital necesidad para garantizar el futuro del astillero, es como decir que no se contempla el futuro del astillero”, recalcan desde Comisiones Obreras, sindicato que redobla la presión por la falta de inversiones en Ferrol en un momento marcado por la sequía de contratos.

Y es que el astillero de Ferrol encara los últimos coletazos en la construcción del segundo buque logístico de tipo AOR para Australia. Su entrega está prevista para el primer semestre de 2021 y dará lugar a un vacío de carga de trabajo hasta que no se inicie la construcción de la primera de las cinco fragatas F-110 encargadas por la Armada Española.

El comienzo de las tareas de construcción del primero de estos buques estaba inicialmente previsto para comienzos de 2022, pero fuentes conocedoras del proceso recalcan que el programa avanza con retraso, lo que, previsiblemente, provocará que los trabajos de corte de chapa en el astillero no se inicien hasta el segundo trimestre de 2022, dejando así casi un año y medio de parón en unas instalaciones sobre las que pivotan alrededor de 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos.