| Entrevista

Higinio Mougán (Agaca): “La sensación de agricultores y ganaderos es que están vendidos al mercado”

El director gerente de la Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias defiende las movilizaciones de agricultores y ganaderos y cuestiona las obligaciones y objetivos “poco realistas” de las políticas verdes europeas, que se han puesto en marcha sin tener en cuenta a los productores

Higinio Mougán, director-gerente de Agaca

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Una vez finalizado el periodo electoral, agricultores y ganaderos de Galicia cumplieron su promesa y han unido su voz a las protestas del sector a nivel nacional para exigir que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria, que se garanticen precios suficientes para costear gastos y para rebajar la carga burocrática del sector. Desde la Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (Agaca) muestran su apoyo a las movilizaciones. Su director gerente, Higinio Mougán, explica en una entrevista concedida a Economía Digital Galicia la situación de los productores gallegos, que se sienten atados a políticas verdes que están “imponiendo obligaciones y objetivos que son poco realistas”.

¿Qué valoración hacen en Agaca de las protestas y movilizaciones que se están protagonizando agricultores y ganaderos tanto en Galicia como a nivel estatal?

Nuestra postura es de apoyo a estas movilizaciones. Las instituciones comunitarias y nacionales que están impulsado políticas verdes están imponiendo obligaciones y objetivos que son poco realistas y, además, se hacen sin contar ni recibir al sector. La firmeza con la que se están aplicando estos requisitos a los productores de la Unión Europea contrasta con la debilidad política a la hora de fijar esos mismos requisitos en las negociaciones comerciales internacionales. 

También hay bastante enfado por la imagen negativa que desde ciertos ámbitos sociales, políticos e institucionales se lanza sobre el sector. Yo creo que esta estrategia se basa en el desconocimiento y los prejuicios. Estas protestas son fruto de la frustración de muchas explotaciones, de muchos productores que no ven futuro en su actividad.

Salvo agricultores y ganaderos muy puntuales, todos estamos comprometidos con el medio ambiente, la sostenibilidad y con la adaptación a las exigencias del cambio climático. Pero no se puede hacer un cambio de este tipo contando solo con la parte medioambiental de la sostenibilidad, sin tener en cuenta otros aspectos básicos como es la dimensión económica y la social.

¿Cuáles cree que son los principales errores de la Política Agraria Común?

Yo diría que la coherencia y el sentido común en hacer las cosas, algo que se traduce en aspectos muy concretos. Una de las cuestiones que en Galicia, por ejemplo, nos está afectando mucho es la exigencia a los ganaderos de cambiar su sistema de aplicación de abonos, que implica la necesidad de hacer una inversión, en la mayor parte de los casos, superior a 100.000 euros con la que van a ahorrar entre un 4 y un 6% de emisión de gases. 

Seamos coherentes y empecemos por aquello que cuesta poco, por aquello que sea más fácil, empecemos por las explotaciones más grandes o las de los jóvenes, dejemos a las personas que están a punto de jubilarse. Se deben aplicar las cosas con cierto sentido común y no obligar a un agricultor que se va a jubilar de aquí a dos o tres años a hacer grandes inversiones.

Además de ello, la UE ha arrancado con muchas propuestas sin ningún tipo de evidencia científica, simplemente con especulaciones. Por ejemplo, con la propuesta de bajar el 50% el uso de fitosanitarios ¿por qué el 50 y no el 75 o el 100%? ¿Dónde está el límite para establecer ese porcentaje?

Otra cosa que les pone de los nervios al sector es que no haya ninguna relación entre el coste de estas políticas con todo el tema comercial, económico, y con las ayudas. Y ya no digamos la carga burocrática. Nosotros, como asociación, somos impulsores de la digitalización del agro. Creemos que esa vía es el último recurso para mejorar la productividad y eficiencia de las explotaciones, mejorar sus resultados económicos y que ayuda a producir más y mejores alimentos. Pero todo el planteamiento que hace la UE es una especie de ‘Gran Hermano’: tú me cuentas a mi todo, te voy a fotografiar cada producción aunque esto no sirve para incrementar tu producción. Esto hace que los agricultores piensen que si los datos no son suyos y no son más que un sistema de vigilancia, en mejor no dárselos a nadie.

Justo cuando deberíamos acercarles a la digitalización se están alejando y están molestos porque es una burocracia más para entorpecer su actividad económica. Nadie ha pensado en que los datos de los agricultores y ganaderos les podrían ser útiles y se los deberíamos devolver para ver en qué cosas pueden mejorar sus explotaciones y que no solo formen parte de un sistema de vigilancia medioambiental.

Con  la subida de costes de los últimos años ¿el sector nota que trabaja más a pérdidas que en el pasado?

La sensación en el sector es que estamos absolutamente vendidos al mercado, que no tenemos defensas. Sobre todo hay la sensación de que estamos entregados a las manos de la gran distribución y de las marcas blancas que no están estableciendo todo un sistema de control de rentas. Se trata de un sistema hiperproteccionista de la distribución que se hace encubiertamente protectora del consumidor y que no le importa el resto de la cadena. 

Desde la Xunta dicen estar al lado de agricultores y ganaderos aunque piden poner el foco en la legislación europea ¿qué podría hacer la administración autonómica para mejorar las condiciones de los agricultores?

La gran apuesta política que hay con la PAC es comunitaria y, por tanto, todo lo que tiene que ver con el Pacto Verde Europeo viene marcado desde Bruselas. Nosotros echamos en falta que a nivel europeo nadie se aviniese nunca a negociar con los representantes de los agricultores y ganadero. 

A nivel de España pasa un poco lo mismo, esas políticas marcadas desde la UE las ha aplicado el Ministerio de Transición Ecológica y la ministra Teresa Ribera no ha recibido nunca a ningún representante de agricultores, ganaderos o de cooperativas. Esto ha hecho que hayan emanado multitud de políticas “locas”. 

Aunque la normativa es europea y es española, sabemos que a nivel autonómico se puede hacer un esfuerzo de buena aplicación de las mismas y esperamos que, en el desarrollo práctico de esas políticas (en caso de que no se retiren), ese esfuerzo realmente se materialice. Al tratarse de políticas marcadas desde arriba sabemos que la condición es limitativa. Nosotros agradecemos que nos entiendan y nos apoyen y mucho más vamos a agradecer que después, en la interpretación y en la aplicación al detalle, estén del lado de los productores.

¿Qué valoración hacen desde Agaca sobre el paquete de medidas presentadas el pasado 15 de febrero por el Ministerio de Agricultura para responder a las preocupaciones del sector primario?¿Son suficientes?

Nosotros vemos la situación con mucha preocupación. Por un lado, creemos que esta normativa, que está en contra de los aspectos de sostenibilidad económica y social del sector, va a ser muy difícil de cambiar. Entre otras cosas porque las propias propuestas del ministro son cantos de sirena, pueden tener muy buena intención pero nos da la sensación que no van a modificar nada o va a ser muy difícil que se haga. Muchos de los grandes problemas que hemos mencionados hasta ahora ni siquiera aparecen entre ellas, son en gran parte cuestiones menores. 

Aquí lo más importante, lo más serio, es que la Política Agraria Común no la puede dirigir una élite que ni tan siquiera es gobernante.  Es una élite social encubierta, llena de complejos y de prejuicios contra la agricultura y que no conoce el sector. 

La Política Agraria Común la hacían los agrónomos y los veterinarios y después se fue abriendo a los economistas y a los geógrafos. En un momento determinado se abrió también a los medioambientalistas y se ha quedado un “tinglado” suyo del que quieren excluir a todos los demás. Todo ello sin ser capaces ni siquiera de analizar el impacto que puedan tener las propias políticas que ellos puedan estar marcando. 

Estoy seguro de que un medio rural abandonado, que de vez en cuando tenga fuegos por esa biomasa que no se controla, va a generar muchas más emisiones que si tuviésemos miles o millones de vacas o de animales produciendo. 

¿Cómo se podría mejorar la ley de cadena alimentaria para que mejoren la situación del sector?

Son muchas las cosas que se pueden hacer. El comisario vuelve a hablar de vez en cuando, aunque no creo que le haga caso la UE, de medidas de gestión de mercados, como pueden ser de activación automática ante las caídas de precios de un producto determinado.

También está el tema de todas las políticas que favorezcan la integración de la parte productora. Tenemos que pensar que cinco o seis grandes de la distribución deciden qué es lo que le ponen a comer al 60% de los españoles; es una dictadura que el consumidor termina por aceptar y que la política pública  respalda. 

Necesitamos cláusulas espejo en todos los acuerdos comerciales para que no dinamiten nuestras producciones, ver un poco más todo lo que puedan ser las políticas concretas en las que pueda haber ayudas, y otros temas como el desarrollo de las asociaciones de productores, que es un canto de sirena que se ha quedado ahí. 

También habría que abordar algo que para mí es catastrófico: la falta de relevo generacional. No tenemos gente, hay que impulsar este relevo generacional, tenemos que incorporar más mujeres al sector y buscar solución también para el problema de la mano de obra, ya que se han marchado muchos efectivos por todo lo que tiene que ver con la normativa laboral.

¿Cuáles son las expectativas de cara al próximo Consejo de Ministros de Agricultura del próximo 26 de febrero?

Queremos ser optimistas. Desde las organizaciones tenemos que transmitir cierto optimismo a la lucha que están realizando agricultores y ganaderos y que, si continúan en ella, es porque es la única manera que tienen para desatascar algunos de los temas pendientes que tenemos en Bruselas. Sin embargo, creo es probable que nos quieran introducir algún edulcorante y nada más. 

El problema lo tenemos en una sociedad que vive de espaldas al medio rural y a la producción agrícola y ganadera, que no está dentro de sus prioridades y que, además, le quiere imponer lo que no se quiere imponer a ella. La gente está muy sensible por las emisiones pero no sabe que si va y viene a Cancún de vacaciones eso es lo que le cuesta la comida del año en emisiones, pero el avión no lo deja de coger. La sociedad está muy sensibilizada pero cada vez compra más en Amazon, lo que supone un incremento en las emisiones de vehículos…. Creo que solamente la gente entenderá el valor que tiene la agricultura y la ganadería el día que no se pueda comer, en ese momento pensará “esto es importante”. 

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