FCC reclamó 10 millones en sobrecostes por 11 kilómetros de autovía entre Euskadi y Galicia
El grupo que construyó el viaducto derrumbado solo logró una indemnización de 600.000 euros de Fomento en la Audiencia Nacional por la construcción de un tramo de la Autovía del Cantábrico, que conecta en Lugo con la A-6
Esther Alcocer y Pablo Colio durante una junta de accionistas de FCC
FCC, la constructora del viaducto que se derrumbó en la A-6, llevó al Ministerio de Fomento a la Audiencia Nacional para reclamar sobrecostes por las obras en otra autovía con destino a Galicia, en este caso, la del Cantábrico. El grupo que controla Carlos Slim se adjudicó el tramo Unquera-Pendueles en una UTE junto a Alvargonzález (AVG) por 106,8 millones en 2008, 11,7 kilómetros de vía entre Cantabria y Asturias que incluían seis viaductos y dos túneles.
La alianza entre la compañía de las hermanas Koplowitz y la empresa asturiana acabó peleada con Fomento, a quien reclamó 13,7 millones por los sobrecostes en los que había incurrido y que, una vez denegados, los convirtió en un contencioso en la Audiencia Nacional para exigir una indemnización de 10,5 millones en base a un informe pericial que desgranaba el exceso de coste en el que habían incurrido las constructoras.
Los problemas de la Autovía del Cantábrico
Las dos actuaciones clave del litigio fueron la excavación de los desmontes en la N-634 hacia Bustio (Asturias) y la ejecución del túnel de Santiuste, pues en ellas se concentraban la gran mayoría de sobrecostes reclamados por FCC y AVG. En la primera hubo retrasos en la retirada de una línea eléctrica, cambios en la normativa de voladuras por parte del Gobierno asturiano, corrimientos de tierra debido a las detonaciones o grietas en el talud de la propia carretera. En el caso del túnel, la presencia de cuarcitas arenizadas que no detectaron los estudios geotécnicos obligó a detener los trabajos.
Cuando reclamó ante el Ministerio, la UTE cifró en 8,1 millones los sobrecostes de los desmontes y en 4,9 millones los del túnel. Sin embargo, a su paso por los tribunales la demanda se redujo hasta los 10,5 millones, lo que equivale a casi un millón por kilómetro construido.
La petición de FCC, que también reclamó millonarias indemnizaciones en la Cidade da Cultura de Santiago, fue desatendida por parte la Sala de lo Contencioso. Los magistrados entienden que el derecho de las constructoras a ser compensadas requiere de «circunstancias extraordinarias y no previstas que han alterado el equilibrio económico del contrato». Y ahí radicaba precisamente la discrepancia, pues la Audiencia Nacional no consideró que lo sucedido fuera imprevisible para FCC y que, en todo caso, formaba parte del «riesgo y ventura» de su actividad.
Migajas para FCC
Sí que reconocieron los magistrados el derecho de la compañía a ser indemnizada por los retrasos en la retirada de una línea eléctrica de EDP que interfería con los desmontes. La Sala entiende que los mayores costes en los que incurrió la UTE son responsabilidad de la tramitación del Gobierno asturiano y obligó a compensar a la constructora con 625.000 euros. No es ni la décima parte de lo que reclamó inicialmente.
En el procedimiento, FCC mantuvo que el proyecto del tramo que tenía «errores, indefiniciones y dificultades imprevistas que generaron paradas y retrasos y obligaron a modificar el curso normal de las obras».
