Ferrovial se marcha a Ámsterdam acusado de lograr 30 millones en obras en Galicia operando en cártel

El grupo de la familia Del Pino logró suspender una sanción de 38 millones por el cártel de las grandes constructoras, que, según Competencia, afectó a contratos de la Xunta con Ferrovial

Rafael del Pino

Rafael del Pino

El pasado julio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sancionaba con 203,6 millones a las seis principales constructoras españolas por operar en cártel durante 25 años para adjudicarse licitaciones de infraestructuras. Entre las sancionadas está Ferrovial, la compañía que preside Rafael del Pino y que pretende trasladar su sede a los Países Bajos para disgusto del Gobierno, que ha criticado con firmeza y perseverancia la decisión. También han sido sancionados Dragados (ACS), OHL, Sacyr, FCC y Acciona, los grandes grupos de la obra pública española.

Precisamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, aludieron a la relevancia de esta inversión pública en el crecimiento de Ferrovial para pedirle que diera marcha atrás en la mudanza. «Le debe todo a España», dijo la dirigente gallega a una compañía que está también entre las grandes concesionarias de servicios de las administraciones (limpieza, recogida de residuos, depuradoras, conservación de carreteras…) . La resolución de Competencia permite rastrear algunos de los contratos que, según la entidad que preside Cani Fernández, habrían estado precedidos de intercambios de información ilícitos con el resto de grandes contratistas. Una parte de ellos afectan a Galicia y tienen a la Xunta como promotor.

Las obras de Ferovial

El documento recoge obras por valor de más de 100 millones en territorio gallego que se adjudicaron en concursos alterados por la operativa del cártel. Esta consistía fundamentalmente en reuniones semanales para analizar las licitaciones que iban a compartir, intercambiando además información comercial sensible, como si iban a concurrir o no a los concursos, si iban a formar una UTE o los miembros que la integrarían.

Bajo esta fórmula, según las indagaciones de Competencia, se habrían repartido contratos de la Xunta, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, las autoridades portuarias de Vigo y de Vilagarcía o diversas obras del AVE a Galicia. En el caso de Ferrovial, el desglose no exhaustivo realizado por el superregulador detalla dos contratos de la Xunta que habría conseguido bajo la operativa del cártel y que superan los 30 millones. El primero para los colectores generales y la estación depuradora de O Grove (Pontevedra), con un presupuesto de 7,2 millones y Dragados como socio; y el segundo para las los sistemas generales de la plataforma logística industria Salvaterra-As Neves (Plisan), con un presupuesto de 23,1 millones y Sacyr como socio.

La resolución de Competencia también indica que Ferrovial también avisó al grupo de constructoras de que no se presentaría al concurso para construir la Autovía do Barbanza, un contrato que recaería finalmente en Sacyr.

Batalla judicial

La operativa del cártel no ha sido por el momento acreditada judicialmente. De hecho, las sanciones del superregulador han quedado suspendidas en la Audiencia Nacional tras los recursos presentados por las constructoras y a la espera de sentencia firme. En el caso de Ferrovial, la Sala de lo Contencioso acordó el 1 de diciembre suspender la sanción de 38,5 millones y la prohibición de contratar con el sector público. En caso contrario, «la actora se habría visto impedida de la posibilidad de contratar con la Administración con un resultado difícilmente reversible a posteriori, lo que justifica también la suspensión cautelar de ese pronunciamiento de la resolución recurrida», dice el auto de la Audiencia Nacional.

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