La plantilla de Alu Ibérica pide archivar la causa contra Alcoa tras cobrar 70 millones en indemnizaciones

Los sindicatos presentan un escrito de desistimiento ante el Juzgado Central de Instrucción Número 3 para eximir de responsabilidad a Alcoa después de que esta abonase 70 millones para compensar a sus extrabajadores

Concentración de trabajadores de Alu Ibérica frente a la Delegación del Gobierno en Galicia

Concentración de trabajadores de Alu Ibérica frente a la Delegación del Gobierno en Galicia

Los trabajadores de Alu Ibérica entierran el hacha de guerra contra Alcoa. La Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP), Comisiones Obreras (CCOO), la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Federación de Industria de la Unión Sindical Obrera han presentado un escrito de desistimiento ante el Juzgado Central de Instrucción Número 3 para eximir de responsabilidad a Alcoa en la causa abierta por el Caso Alu Ibérica.

El movimiento se produjo, según Europa Press, el pasado 21 de abril y afecta solo a Alcoa, de modo que el foco judicial seguirá sobre Parter Capital y Grupo Industrial Riesgo. A juicio de los sindicatos, el acuerdo alcanzado con la multinacional estadounidense para que esta abonase indemnizaciones por valor de casi 70 millones de euros colma sus «pretensiones laborales».

Estas quedan «plenamente satisfechas», no «teniendo nada que reclamar» a Alcoa. «Habiendo alcanzado la convicción de que la actuación de Alcoa Inespal y de sus representantes ha venido presidida por la buena fe y ha sido plenamente ajustada a Derecho, y no apreciándose en la misma indicios de delito, manifestamos nuestra expresa y definitiva renuncia a ejercer la acción penal», apuntaban.

La propia compañía remitió un escrito el pasado 17 de mayo al juzgado solicitando el sobreseimiento libre para la empresa y sus directivos asegurando que «no existe atisbo alguno» de que hubiesen podido incurrir en la comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores.

«Es indudable que en la conducta de Alcoa tampoco pueden apreciarse los elementos típicos del delito de alzamiento de bienes, pues, lejos de lo que se sostenía en la querella, la venta de Parter a Grupo Industrial Riesgo ni fue conocida por Alcoa ni dio lugar a que mi representada dejara de hacer frente a los compromisos económicos asumidos», aludía la empresa.

La última palabra la tiene la jueza María Tardón

Las fuentes consultadas por Europa Press apuntan que la juez estudia esta petición antes de dar una respuesta. Así, y aunque la decisión definitiva tendrá que ser abordada por la magistrada María Tardón, lo más probable es que la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación, también expresen su posición al respecto, lo que podría determinar qué acusaciones se mantienen y contra quién.

Este movimiento del sindicato se produjo a raíz de la firma el pasado 11 de mayo del citado acuerdo por todas las partes. El mismo supondría una solución a la situación derivada de la venta de las fábricas de aluminio de La Coruña y Avilés a la empresa suiza Parter Capital que, a su vez, las revendió a Grupo Industrial Riesgo.