Alu Ibérica: la jueza Tardón deja en libertad con medidas cautelares a los detenidos

La jueza de la Audiencia Nacional ha tomado declaración a los cuatro detenidos en el operativo desarrollado por la UDEF, todos relacionados con Grupo Riesgo

Alu Ibérica

Imagen de varios agentes de la Policía Nacional durante el registro de la fábrica de Alu Ibérica en A Coruña

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha dejado este viernes en libertad, aunque con medidas cautelares, a los detenidos en el operativo policial por la presunta despatrimonialización fraudulenta de las antiguas plantas de producción de aluminio de Alcoa en A Coruña y en Avilés, ahora bajo en nombre de Alu Ibérica y en manos del conglomerado Grupo Industrial Riesgo.

Según han informado fuentes jurídicas, la titular del juzgado central de Instrucción número tres ha ordenado la retirada del pasaporte y la prohibición de salida a Diego Peris, así como a Luis Losada, Víctor Rubén Domenech y Alexandra Camacho, que además deberán comparecer en el juzgado cada mes.

Grupo Riesgo

Todos los detenidos en el marco de la investigación policial desarrollada por la UDEF a petición de la jueza de la Audiencia Nacional están relacionados con Riesgo. Peris es el administrador único del grupo, mientras que Luis Losada en el ejecutivo que figura como administrador único de System Capital, la mercantil que administra las sociedades de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés. Víctor Rubén Domenech es el presidente de grupo Riesgo, mientras que Alexandra Camacho era socia de System Capital.

Los cuatro han declarado a lo largo de la mañana por presuntos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra los derechos de los trabajadores y asociación criminal.

Macrooperación de investigación

Las detenciones se produjeron después de que agentes de la Policía Nacional registraran este jueves las instalaciones de Alu Ibérica en Avilés y A Coruña, antes propiedad de Alcoa, así como varias oficinas de Madrid, Málaga y Castellón.

La intervención, dirigida por la juez Tardón y coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, parte de la querella presentada por la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) contra Alcoa y otras 18 personas por supuestas irregularidades en la venta de estas plantas.