El regulador portugués exculpa del apagón a REN, participada de Amancio Ortega, y dirige a España el aluvión de demandas
La Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) avala la actuación "diligente" de los gestores de las redes eléctricas de Portugal durante el incidente del 28 de abril y señala que el apagón se originó en España y que los afectados pueden emprender acciones judiciales
La presidenta no ejecutiva de Redeia, Beatriz Corredor, ofrecen una rueda de prensa en la sede de Red Eléctrica en Tres Cantos, a 18 de junio de 2025, en Tres Cantos / Alejandro Martínez Vélez
La entidad reguladora de los servicios energéticos en Portugal, denominada ERSE, ha eximido de responsabilidades a los operadores de la red eléctrica del país, REN y EDP, por el apagón del 28 de abril de 2025, cuando la península se quedó sin suministro desde las 12.30 del mediodía hasta su restablecimiento muchas horas después. Una resolución que el organismo hizo pública este martes señala que el incidente se debió a «circunstancias excepcionales» asociadas al funcionamiento interconectado del sistema eléctrico ibérico y que tuvieron «origen en España», lo que derivó en un evento «exógeno» respecto de la operación del sistema luso y «extraordinario».
Esta calificación de «evento excepcional» es la cuestión central que aborda el informe del ERSE y había sido solicitada por los dos operadores de la red eléctrica: REN, empresa participada por Amancio Ortega, y EDP, a través de la filial distribuidora E-Redes. La consideración del apagón como un incidente extraordinario y externo desactiva las indemnizaciones automáticas que prevé el sistema portugués para los usuarios del sistema eléctrico.
Cuando se superan los límites reglamentarios en el número o la duración de las interrupciones del suministro se pone en marcha una compensación automática prevista en el Regulamento da Qualidade de Serviço (RQS), precisamente, por incumplimiento de esos estándares de calidad. Con la calificación de la ERSE, estas indemnizaciones quedan desactivadas, para tranquilidad de REN y EDP, que no estarán obligadas a pagarlas. La vía que queda abierta para las reclamaciones de los consumidores, como recoge la propia resolución, es la judicial.
Antes de llegar a esa conclusión, el regulador analizó los informes de E-Redes, REN y del organismo europeo ENTSO-E, además de un informe técnico adicional emitido por la DGEC, la Dirección General de Energía y Geología de Portugal. «El incidente no debe ser considerado para efectos del cálculo de los indicadores de calidad de servicio prestada por los operadores de la red, no habiendo así derecho al pago de compensaciones individuales a los clientes por el incumplimiento de los criterios de calidad», concluye la ERSE.
Las reclamaciones judiciales
Al margen de las indemnizaciones automáticas, el informe del regulador señala otras dos cuestiones relevantes. Por un lado, que el incidente se originó en España; y por otro, que los usuarios pueden reclamar por la vía judicial tanto en España como en Portugal, a través de una acción de responsabilidad civil. «Las eventuales acciones judiciales, dependiendo de la forma en cómo se configuren y de las entidades que sean identificadas como responsables, pueden interponerse en España o en Portugal», dice el documento.
El texto detalla que, a juicio de la ERSE, «el evento y las respectivas consecuencias no son imputables al operador de la red afectada«, visto que no resultaron de «cualquier acción, omisión o incumplimiento de las obligaciones técnicas y operativas» que le competen. Añade que tanto la participada de Pontegadea como la filial de EDP actuaron de manera correcta y diligente en la restauración del sistema.
Las conclusiones de la entidad, que señala que fue un incidente sin parangón en al menos los últimos 16 años, no sorprenden. La propia REN decía en su informe anual que el apagón se originó en el sur de España, con una carencia de energía suministrada de 55,49 GWh, y provocó una interrupción de 605,6 minutos. La compañía especificaba que el incidente se extendió por las interconexiones que, a su vez, fueron clave para la recuperación del sistema.
Las investigaciones de la CNMC
La decisión del regulador portugués coincide con el desarrollo de la investigación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en España, tras la apertura de 63 expedientes a diversas eléctricas y a la operadora del sistema Redeia, también participada por Amancio Ortega, por posibles incumplimientos de la LSE. Las compañías más afectadas son Iberdrola, con 24 expedientes sancionadores abiertos; Endesa, con 19; y Naturgy, con 11; aunque Competencia también investiga a otras empresas como EDP, Repsol o TotalEnergy. Dos de los expedientes son por infracción «muy grave» a Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, en la que participan Endesa, Iberdrola y Naturgy; y a Iberdrola Generación Nuclear.
A Redeia, que pidió el cierre del expediente abierto por la CNMC, han llegado ya demandas de indemnizaciones por el apagón y es previsible que las acciones judiciales que se inicien en Portugal acaben derivando también en la gestora del sistema español, bien de manera directa o a través de REN y EDP, que por el momento han evitado el desembolso de compensaciones.