El Supremo deja a Sacyr sin sobrecostes en una obra de 70 millones del AVE a Galicia
El grupo de Manuel Manrique reclamó más de 6 millones por la construcción de la plataforma Campobecerros-Portocamba, en el corredor norte-noroeste, que sufrió cuatro prórrogas y una modificación del proyecto, pero la Audiencia Provincial y el Supremo rechazaron sus argumentos
Manuel Manrique interviene en la junta de accionistas de Sacyr / Sacyr
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Manuel Manrique ha corrido la misma suerte que Florentino Pérez y ha encajado una derrota judicial en la reclamación de sobrecostes por las obras del AVE a Galicia. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por Sacyr, que intentaba levantar una derrota previa en la Audiencia Nacional por la construcción de la plataforma del tramo Campobecerros-Portocamba, del corredor norte-noroeste de la línea Madrid-Galicia. La obra fue adjudicada por 71,4 millones a una UTE formada por Sacyr, otra filial del grupo, Cavosa, y Río Valle Constructora, una empresa de Tudela que entró en concurso de acreedores en 2023.
En el procedimiento, Sacyr reclamó hasta 6,6 millones por diversos conceptos, que tenían en común el encarecimiento de los costes provocado por la demora en las obras. El contrato atravesó cuatro prórrogas y una modificación del proyecto, lo que conllevó 38,2 meses de retraso. La alianza liderada por la constructora que preside Manuel Manrique presentó reclamaciones por sobrecostes ante Adif, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, pero ha perdido todas las batallas.
La última en el Alto Tribunal, que en una sentencia del pasado 24 de junio desestima el recurso de casación presentado por la UTE y deja a Sacyr sin sobrecostes. Sigue, por tanto, el mismo camino que ACS, que reclamó ocho millones en la plataforma del tramo Prado-Porto en Ourense; y de Taboada y Ramos, que exigió 2,6 millones en el túnel de O Corno. Estas dos compañías estaban todavía pendientes del Supremo tras la desestimación en la Audiencia Nacional.
Los daños probados
Los argumentos de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional que avala el Supremo son básicamente dos y se explican en base a dos retrasos en las obras del tramo ourensano. El primer retraso se produciría en el inicio de las obras, con algo más de tres meses de demora. Y el segundo, en los 38,2 meses que se prolongaron las actuaciones, con las sucesivas prórrogas. Esto habría provocado un incremento de los costes generales que Adif cifró inicialmente en un 3,5% y, posteriormente, en una horquilla entre el 1,5% y el 3% del valor de las obras.
Pues bien, los magistrados concluyen que los retrasos durante la construcción no son imputables a Adif, por lo que no cabe indemnización; mientras que respecto a la demora en el inicio de las obras concluye que no está acreditado el daño sufrido por la UTE. Y este es el problema principal que detecta el Supremo. En su auto señala que «debe acreditarse la existencia efectiva de tal daño, pues en esta materia no cabe el automatismo ni las presunciones absolutas»; y, además, «debe justificarse la imposibilidad práctica de un cálculo directo de dicho daño».
Sacyr no lo consigue. «Así lo demuestra que, en la instancia, la recurrente cifró su pretensión indemnizatoria en un 3,5 % del presupuesto de la obra; cantidad que era única para los daños dimanantes de los dos retrasos y, por tanto, incluía también los daños provenientes de la prolongación del plazo de ejecución de la obra en 38,2 meses. Esto significa que los daños específicamente consistentes en el incremento de los gastos generales
como consecuencia del retraso de 3,2 meses en el inicio de la ejecución de la obra no han sido debidamente probados, sino que ha sido subsumidos en una cantidad genérica e indiferenciada», dice la sentencia desestimatoria del recurso de la compañía.
Casi 700 millones en reclamaciones
Adif lidia habitualmente con reclamaciones de los contratistas por retrasos o por las modificaciones en los propios proyectos de las obras, con numerosos litigios impulsados por las constructoras. En la entrada del AVE en Galicia, de gran complejidad orográfica, fueron habituales. A cierre de 2025, Adif Alta Velocidad tenía dotadas provisiones por valor de 662,8 millones para responder a estas demandas, un importe ligeramente superior al de 2024, cuando se situaba en los 655 millones.
El gestor de la red de alta velocidad también reservaba otros 4 millones para los litigios promovidos por propietarios tras la expropiación de las parcelas por las que discurre la infraestructura ferroviaria.
