Adif gana la tercera demanda consecutiva a las constructoras del AVE a Galicia y evita 14 millones en sobrecostes

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A finales de septiembre, Adif sumaba 668 millones en provisiones para atender a los riesgos derivados de los litigios emprendidos por las constructoras del AVE, fundamentalmente ligados a los sobrecostes de las obras. No es ninguna novedad para el gestor de la infraestructura ferroviaria, que elevó la dotación en 13 millones respecto al cierre de 2024 y que, solo unos años antes, llegó a acumular más de 800 millones en su reserva para los litigios con los contratistas, coincidiendo con la recta final de los trabajos para el AVE a Galicia y la conexión con Asturias.

La complejidad de las obras, en las que se generan por norma retrasos e incidencias, están detrás de las demandas, que fueron frecuentes también en la construcción de la alta velocidad a Galicia. De hecho, en los últimos meses, la Audiencia Nacional ha resuelto tres procedimientos de reclamaciones en algunas de las obras emblemáticas del AVE gallego. Y la entidad que preside Luis Pedro Marco de la Peña las ha ganado todas. Estas victorias judiciales, si el Supremo no cambia nada, permitirán a Adif evitar pagar 14 millones en sobrecostes a las constructoras.

En la última sentencia, del 17 de diciembre, la Sala de lo Contencioso desestima el recurso presentado por Asch, Copcisa y Lantania en el contrato para construir la vía izquierda del túnel de O Cañizo, una de las excavaciones que requirió la entrada de la alta velocidad en Ourense. La UTE, que se adjudicó los trabajos por 89,6 millones, pidió una indemnización por sobrecostes de algo más de 3 millones más los intereses de demora, pero le fueron concedidos poco más de 7.000 euros, lo que provocó el recurso ante la Audiencia Nacional. A la segunda tampoco fue la vencida y los magistrados rechazaron los argumentos de las empresas, que todavía pueden recurrir al Tribunal Supremo.

ACS y Taboada y Ramos también pierden

Esta resolución se suma a otras dos que dejaron sin premio a ACS y a Taboada y Ramos. Los de Florentino Pérez recibieron un fallo desfavorable el pasado 27 de octubre, cuando reclamaban 1,7 millones por los sobrecostes de la plataforma del tramo Prado – Porto, en la provincia de Ourense, adjudicada a Vías y Construcciones, filial de ACS; Torrescámara y Vimac por 104 millones. Se trataba de la segunda demanda de la UTE y era la segunda desestimada, pues ya reclamara sin suerte 6,6 millones.

También Taboada y Ramos encajó una sentencia desfavorable el 24 de noviembre, en ese caso por el túnel de O Corno (vía dereche) que conecta as localidades de Cerdedelo, en Laza, y Prado, en Vilar de Barrio, una obra de 86 millones. La empresa gallega, en alianza con Corsan-Corviam pedía una compensación de 2,6 millones a Adif. En conjunto, con estas resoluciones judiciales el gestor de infraestructuras se ahorra, al menos por el momento, 14 millones en sobrecostes por desplegar la alta velocidad en Ourense.

Del AVE a la quiebra

La obra del túnel de O Cañizo, en de 5.370 metros de longitud en los municipios de A Mezquita y A Gudiña, la desarrollaron dos empresas quebradas. Una fue Assignia, recuperada en la fase de liquidación por el que fuera su director general, José Luis Montesinos, con la constitución de Asch Infraestructuras. La otra fue Grupo Velasco, que adquirió Lantania cuando había entrado en liquidación. Todavía hay una vuelta de tuerca más, pues la propia Lantania nació de exdirectivos de Isolux mediante la compra de activos tras la quiebra del grupo. La adjudicataria superviviente fue Copcisa, también reclamante en el proceso resuelto por la Audiencia Nacional.

Obras en el túnel de O Cañizo /Copcisa

Estas tres empresas sostenían que debían ser compensadas por gastos adicionales en los que incurrieron y que no estaban contemplados en el proyecto inicial, así como por el mayor coste de algunos de ellos por los retrasos en la obra. En esa lista había 13 conceptos y los más costosos aludían a la ejecución de un firme provisional a instancias de la dirección de obras para facilitar el tránsito de camiones (reclamación de 516.000 euros); los mayores gastos en seguridad y salud por la ampliación del plazo de ejecución (1,1 millones); y el transporte del material excavado a una distancia superior a la prevista y que conllevaría un cobro suplementario al superar los dos kilómetros (375.000 euros).

Los magistrados analizan concepto por concepto las 13 partidas reclamadas y acaban por rechazar las compensaciones, desestimando íntegramente el recurso.