Todos los desencuentros de la Xunta con Endesa

El PP gallego ha votado este martes a favor de un huelga general en As Pontes impulsada por la CIG después de haber chocado con la empresa por su plan de desmantelamiento de la central térmica y la destrucción de empleo en las auxiliares

Vista aérea de las instalaciones de la central térmica de Endesa en el municipio coruñés de As Pontes

Vista aérea de las instalaciones de la central térmica de Endesa en el municipio coruñés de As Pontes. EFE/ Kiko Delgado

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Huelga a la vista en As Pontes. El pleno municipal del concello de Ferrolterra aprobó este martes una declaración institucional para expresar su apoyo a la jornada de huelga general convocada por la CIG para denunciar la situación laboral, económica y social que está viviendo este municipio afectado por el proceso de descarbonización.

La declaración fue impulsada por el BNG y aprobada por el PP, mientras que el PSOE se abstuvo en la votación. La jornada de paros, prevista para este mismo jueves, escenifica un nuevo capítulo en la ristra de desencuentros entre el PP gallego y Endesa con motivo del nuevo rol que ejercerá la empresa tras la despedida de la histórica central térmica.

La Xunta y su oposición al cierre

Y es que la Xunta de Galicia ya se opuso en su momento al propio cierre de la central y dirigió fuertes críticas tanto al Gobierno central como a la propia empresa. Fue en 2019 cuando la compañía controlada por firma italiana Enel anunció su decisión de poner fin a la actividad en As Pontes (aunque sin marcar una fecha en el calendario). Ante este movimiento, la Xunta criticó la política energética del Gobierno y el cerco a unas térmicas que sí se mantenían en el resto de Europa (el Ejecutivo gallego contabilizaba 149 en operación en aquel momento).

Además, el Ejecutivo gallego mostró su esperanza en que las pruebas realizadas con biocombustibles para testar la viabilidad de los lodos como sustitutos del cartón diesen sus frutos. Sin embargo, este plan b se topó con la oposición de Endesa, que meses después haría público un informe en el que mostraba la, a su juicio, «inviabilidad ambiental, técnica y económica» de la central bajo un hipotético cambio en su fuente de energía.

Ante este anuncio, la Xunta de Galicia respondió con una acusación contra Endesa por «romper con todos los compromisos adquiridos«. El Ejecutivo gallego consideraba que la empresa había mostrado una «falta de respeto institucional con Galicia» y consideraba que no se podía «consentir que adopte esta decisión trascendental de forma unilateral».

A vueltas con los empleos en las auxiliares

La crisis desatada por la guerra entre Rusia y Ucrania en invierno del año pasado disparó el precio del gas y puso en jaque el suministro energético. Es por ello que el Gobierno forzó la reactivación de dos de los cuatro grupos de la térmica de As Pontes, que volvió a quemar carbón hasta su cierre definitivo este pasado verano previa autorización del Ejecutivo central.

Esta situación ha desencadenado una nueva serie de choques entre la Xunta y Endesa, según han confirmado fuentes conocedoras del proceso a Economía Digital. Uno de los principales puntos en liza gira en torno al mantenimiento de los puestos de trabajo. Un informe de la Universidade da Coruña (UDC) calcula que el cierre implicará la destrucción de casi 1.500 puestos de trabajo entre directos e indirectos.

Si bien Sentury Tire, promotora de una planta que fabricará 12 millones de neumáticos al año en As Pontes, ha prometido que dará prioridad a extrabajadores de Endesa en materia de contratación, la situación cambia cuando se mira a las auxiliares. La propia Jofra (empresa que brindaba servicios de limpieza) ha puesto en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo para toda su plantilla ante el fin de la actividad en la térmica.

Es por ello que la Xunta de Galicia ha instado a la empresa Endesa a que presente un nuevo plan en donde se dé «garantía de empleo a los trabajadores de la industria auxiliar». Esta petición fue abordada en la última reunión de la Mesa para el impulso de la actividad económica en As Pontes, en la que se sientan representantes del Instituto para la Transición Justa, organismo autónomo del Ministerio de Transición Ecológica; la Xunta de Galicia; el concello de As Pontes; los sindicatos CIG, CCOO y UGT; además de las asociaciones Seara y Cohempo.

El desmantelamiento y las líneas de evacuación

Además, la Xunta de Galicia también ha puesto deberes a Endesa de cara a un proceso de desmantelamiento que se espera que se inicie a mediados del año que viene. Según precisó el Ejecutivo gallego a través de un comunicado tras una reunión el pasado mes de septiembre, la Xunta apuesta por «que el proceso de desmantelamiento de la factoría vaya acompañado de certezas a nivel laboral, en los plazos y en la ejecución y viabilidad de los proyectos renovables previstos en la zona para que, verdaderamente, tenga lugar una transición justa».

Una vez se consume el desmantelamiento, As Pontes se abre a un nuevo futuro marcado por la avalancha de proyectos eólicos o de hidrógeno (como los impulsados por EDP y Reganosa y Endesa), que se perfilan de esta manera para cubrir los 1.400 megavatios con los que contaba la emblemática central de carbón.

Sin embargo, estos proyectos se enfrentan al embudo de los denominados concursos de evacuación de transición justa. Se trata de las subastas de la capacidad del nudo de evacuación energética de As Pontes a través de las cuales se espera captar otros grandes proyectos. Al contrario de lo que ocurrido en otras comunidades afectadas por la descarbonización (como es el caso de Aragón), As Pontes y Meirama siguen constando para el operador nacional, Redeia, como que no tienen capacidad de evacuación.

La antigua Red Eléctrica ha realizado, según apuntan fuentes sindicales, una serie de cambios en los criterios técnicos para calcular la capacidad de evacuación, contemplando tres escenarios diferentes que, por el momento, dejan a As Pontes sin megavatios de evacuación, si bien Endesa tiene preasignados, antes de los cambios de criterio de Red Eléctrica, algo más de 600 megavatios que sí se podrían adjudicar siempre y cuando la Xunta considere los proyectos como estratégicos.

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