La Xunta carga contra el Gobierno por la AP-9: «Cuanto más se tarde con el rescate, mayor será el perjuicio»
El Ejecutivo autonómico acusa al Gobierno de "castigar a los gallegos" y "condenarlos a seguir pagando un peaje injusto"
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, comparece ante los medios. – ANA VARELA
Comentarios
La Xunta de Galicia vuelve a la carga contra el Gobierno central a cuenta de la AP-9. A través de un comunicado, el Ejecutivo autonómico acusa a Moncloa de «castigar a los gallegos» al «condenarlos a seguir pagando un peaje injusto» por la autopista AP-9.
El Gobierno que encabeza Alfonso Rueda ha criticado la respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez al dictamen de la Comisión Europea que declaraba la irregularidad de las prórrogas de la concesión de la AP-9.
En este sentido, la Xunta ha denunciado la «falta de valentía» del Gobierno que, a su juicio, ha perdido la oportunidad «para rescatar la AP-9 y liberar el peaje» de la que es «la principal vía que vertebra la comunidad y ser la alternativa más ventajosa para el interés público».
Sobre este punto, la Xunta ha recordado que elaboró un nuevo estudio en el que eleva a 2.356 millones de euros el actual coste del rescate, que se ha incrementado desde los 2.331 millones que se calcularon en 2024. «Cuando más tarde se produzca este rescate, será mayor el perjuicio para los contribuyentes y usuarios de la autopista», ha subrayado, insistiendo en que lleva «16 años» reclamando la transferencia de la AP-9 para Galicia.
Todo ello después de conocerse que este miércoles el Gobierno ha respondido ‘in extremis’ al ultimátum dado por Bruselas por la prórroga de la concesión de la AP-9, ya que la Comisión Europea considera que vulneró las reglas de la Unión Europea en materia de contratación pública.
Esto después de que en julio la Comisión Europea enviase un ultimátum al Ejecutivo central para que enmiende las irregularidades por las que fueron prorrogadas las concesiones de los peajes en las autopistas AP-66 y AP-9 y que, a ojos de Bruselas, vulneran las reglas de la Unión Europea en materia de contratación pública y de concesión de autopistas. Un asunto que, de no resolverse en el plazo de dos meses (que expira este miércoles), los servicios comunitarios podrán elevar al TJUE.
