La quiebra de Caixa Galicia y Caixanova, una década en el Parlamento sin llegar a ninguna parte

El Parlamento gallego aprobó en el verano de 2012 crear una comisión de investigación sobre la fusión de las cajas gallegas que casi diez años después continúa sin dictamen y sin apenas actividad

José Luis Méndez durante su comparecencia en la comisión de investigación enen el Parlamento gallego junto a Miguel Santalices, presidente de la Cámara

José Luis Méndez durante su comparecencia en la comisión de investigación enen el Parlamento gallego junto a Miguel Santalices, presidente de la Cámara

Un pleno extraordinario del 2 de agosto de 2012 aprobó en el Parlamento la creación de una comisión de investigación sobre la fusión y la quiebra de las cajas gallegas, uno de los acontecimientos económicos más relevantes de este siglo en la comunidad. Caixa Galicia y Caixanova no solo constituían la espina dorsal del sistema financiero en el que se apoyó el desarrollo económico del territorio, también concentraban el 40% del ahorro de sus ciudadanos. El impulso de la Xunta de Feijóo a la fusión de las entidades, en base a informes dudosos sobre la viabilidad de la operación y una auditoría de KPMG que resultó no ser más que un «diagnóstico acelerado», en palabras de la propia auditora, azuzaron a la oposición para reclamar la investigación y el PP accedió.

Sin embargo, salvo un periodo acelerado de comparecencias al inicio de la segunda legislatura del dirigente de Os Peares, con José Luis Méndez y Julio Fernández Gayoso respondiendo a las preguntas en el Parlamento, la comisión evolucionó a trompicones, se paralizó y se reactivó en tres ocasiones y nunca llegó a un dictamen consensuado casi diez años después de aquel verano de 2012. En esta legislatura se puso en marcha por tercera vez la investigación con un acuerdo para «analizar la evolución económico-financiera» de las antiguas cajas de ahorros y las «causas y responsabilidades de su transformación en bancos», incluyendo las indemnizaciones millonarias de sus exdirectivos.

Pasados dos años, no se ha hecho mucho más que constituir la comisión. Según fuentes del grupo parlamentario del PP, se continúa trabajando con la incorporación de documentación para avanzar hacia un dictamen. Según Luis Álvarez, el portavoz socialista, no hay actividad alguna, «un encefalograma plano» que achaca a la falta de interés de los populares.

Las últimas cuentas del FROB, correspondientes al ejercicio 2020, cifran el rescate de Novagalicia en 9.052 millones, a los que hay que sumar 352 millones en coberturas y garantías ofrecidas a Abanca que el fondo público ha tenido que ejecutar. El importe recuperado ascendió solamente a 783 millones, de manera que el agujero provocado por la caída de las cajas gallegas asciende a 8.621 millones, equivalente a cerca del 14% del PIB de Galicia.

Salvar a Caixa Galicia

Abel Losada, representante del PSdeG en la comisión de investigación durante dos legislaturas, considera que «murió de inanición», de una manera similar al estudio de la crisis financiera en el conjunto de España, «aquellos 60.000 millones que los bancos iban a devolver» y que constituyeron «la crónica de un fracaso anunciado».

«La fusión supuso dejar sin sistema financiero al sur de Galicia para privatizarlo con importantísimos beneficios para la entidad compradora», dice en referencia a Abanca y también a la mejor situación financiera de Caixanova en comparación a Caixa Galicia. «La fusión se hizo con el objetivo de salvar al soldado Ryan y a costa de desmantelar el referente financiero del sur de Galicia y la obra social», ironiza.

Losada no espera que la comisión consiga un dictamen de consenso a pesar de los años de investigación, pues entiende que su desarrollo ha estado «dirigido» por la «mayoría parlamentaria del PP».

Vulneración de derechos

A pesar de los años de parálisis, en 2020 se produjo un hecho notable. La Xunta fue condenada por vulnerar los derechos del exdiputado de En Marea Antón Sánchez al negarle durante años el acceso a documentos «trascendentales» en la fusión de las cajas, concretamente, los informes internos de la Consellería de Facenda que en su momento esgrimió Marta Fernández Currás como aval para la operación. La condena conllevaba la obligación de entregar dichos documentos, que según los describió Sánchez no eran más que una «tapadera burocrática».

«En esas cinco páginas no se cita ningún informe interno o externo que avale la fusión. Toda la decisión de impulsar la fusión descansa en un párrafo de un informe del Banco de España en el que dice que no ve objeciones a la operación. Todo en fundión del dejar hacer del Banco de España y unas cuentas de los gestores de las cajas que no fueron sometidas a la más mínima verificación», escribía el exparlamentario en Praza.

La venta a Escotet también

No ha cambiado su opinión en el último año y medio. Antón Sánchez ve un «escándalo democrático» la operación de fusión de Caixa Galicia y Caixanova y la posterior «ocultación» por parte de la Xunta, que, a su juicio, eligió privatizar el sistema financiero en lugar de favorecer «un sistema de financiación a la economía productiva y unas entidades enfocadas a la obra social». Aún reconociendo los «importantes» problemas que arrastraban las cajas antes de la fusión, insiste en que no hubo informe alguno que apoyase la operación por lo que la Xunta mintió para justificarla y luego se dedicó a ocultar las pruebas. «Además, con Feijóo figurando en las fotos como gran impulsor de la fusión», apunta.

Antón Sánchez recuerda que la etapa de mayor actividad de la comisión, con un aluvión de comparecencias, y la negativa a desvelar parte de la documentación solicitada se justificó como una precaución «para no entorpecer» la venta de Novagalicia, que acabó en manos de Juan Carlos Escotet.