KPMG: “Nunca recomendamos la fusión de las cajas gallegas”
La auditora defiende que su único trabajo, que costó un millón de euros, fue hacer proyecciones sobre la solvencia de las cajas en una eventual fusión
Un trabajo de un mes que costó un millón de euros a la Xunta y que erró en sus previsiones. Eso le tocó defender en la comisión del Congreso sobre la crisis financiera a Francesc Gibert, uno de los responsables del informe de KPMG sobre la fusión de Caixanova y Caixa Galicia, documento que utilizó el Gobierno gallego para avalar la operación.
Gibert argumentó que el trabajo se hizo de manera “acelerada”, en un mes, si bien estaba previsto que, tras las conclusiones preliminares, se hiciera un estudio más profundo. “La segunda fase no la hizo KPMG, sino que se encargó a otras consultoras”, señaló.
No auditó las cuentas
En ese mes de trabajo nunca se realizó una auditoría de cuentas. KPMG se limitó a utilizar los estados financieros de las cajas, previamente auditados en la dinámica propia de la presentación de informes financieros, para realizar proyecciones sobre la viabilidad de una eventual fusión.
“Era un trabajo factual”, señaló el ejecutivo, quien descartó que constituyera una recomendación para la fusión, pues no se evaluaba ninguna otra opción, como la integración con una entidad de fuera de Galicia que defendió el expresidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso. “No se nos pidió analizar otras alternativas ni re-auditamos las cuentas”, insistió Gibert.
Un informe de «trazo gordo»
Este informe “de trazo gordo”, como lo definió, fue el argumento de la Xunta para concluir que la fusión y el mantenimiento de la galleguidad de las cajas estaba avalada técnicamente, según lo expresó la entonces conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás. Fue la propia conselleira quien llamó a KPMG para encargar el trabajo, según explicó Gibert.
KPMG sostuvo en el documento que, en un horizonte de cinco años, la nueva entidad fusionada sería “solvente y rentable en el tiempo”, una vez se ejecutara el cierre del 20% de su red de oficinas, la salida de 1.300 empleados y una petición de ayudas de entre 1.200 y 1.500 millones.
Sin embargo, erró en la previsión. A juicio de Gibert, debido a que estas perspectivas se realizaron cuando todas las previsiones consideraban que en 2009 «se había tocado el final de la crisis» y antes de un endurecimiento de los requisitos de capital por los sucesivos cambios normativos.
